El tráfico de mujeres para comercio sexual y la explotación de mano de obra barata e inmigrante se han convertido en problema cada vez mayor en Portugal, cuya estructura social presenta serias disparidades entre géneros, claramente favorables al masculino.
Este país, puerta de entrada sudoccidental de la Unión Europea (UE), no cuenta con leyes de protección social a miles de mujeres del mundo en desarrollo que llegan reclutadas por redes internacionales de tráfico humano.
Al contrario de lo prometido en sus países de origen, con sus documentos incautados por los jefes de las pandillas de delincuentes, muchas veces las inmigrantes pasan a engrosar las filas de la prostitución.
En la mayoría de los casos, se trata de brasileñas y de ciudadanas de países luso-africanos, en especial de Angola y Cabo Verde, cuya primera etapa es Portugal, la "nación hermana" de lengua común en la que vivirán un período de adaptación, para seguir camino a zonas más ricas de la UE, terreno fértil para el lucro de los "empresarios" del sexo.
Entre las víctimas del comercio del sexo se cuentan además ciudadanas de Ucrania, Moldavia, Rusia, Rumania, Lituania y Belarus, sostiene en su última edición la revista mensual Solidaridade, publicación oficial de la Confederación Nacional de las Instituciones de Solidaridad (CNIS).
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citados por la revista, Portugal está en la lista de países "de destino, paso y, en una proporción menor, de origen, del tráfico de mujeres y de niños". "Por lo menos 75.000 brasileñas fueron 'traficadas' hacia países europeos a través de Portugal", sostiene la publicación.
En redadas efectuadas por agentes del Servicio de Extranjeros y Fronteras entre el 28 de noviembre y los primeros cuatro días de este mes fueron detenidas 289 mujeres que realizaban actividades ilegales, 79 por ciento de las cuales eran brasileñas.
Sin embargo, Claudia Borjano, de la organización no gubernamental lusa Asociación de Mujeres Contra la Violencia, sostiene que estos números son tímidos, porque la realidad del tráfico de mujeres es mucho peor que el indicado por las estadísticas oficiales.
Los datos "son escasos, y los que existen revelan números inferiores a la realidad. Es la punta del iceberg de algo que tiene que ser descubierto e ir más a fondo", apuntó la investigadora en declaraciones a periodistas durante un seminario de la Plataforma Portuguesa para los Derechos de las Mujeres.
Este viernes 10 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos. La fecha conmemora la adopción de la Declaración Universal, en 1948, cuyo artículo cuarto afirma: "Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas".
Ante el creciente flagelo de la explotación femenina, Portugal anunció esta semana la creación, antes de 2007, de un observatorio permanente de seguridad destinado a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el tráfico de mujeres.
La iniciativa cabe a la Comisión para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres, como una primera fase del proyecto de Cooperación-Acción-Investigación-Mundivisión (CAIM), en el área de la prostitución y el tráfico de mujeres.
El neologismo "mundivisión" en el nombre de la iniciativa alude a las tres primeras acciones emprendidas con una óptica internacional, por las múltiples nacionalidades implicadas.
En su primera fase, el proyecto CAIM tiene como objetivo "un diagnóstico sobre la realidad de las víctimas del tráfico de explotación sexual que se encuentran en Portugal", con el concurso de la Organización Internacional para las Migraciones, la Asociación para la Planificación de la Familia y del portugués Alto Comisionado para la Inmigración y las Minorías Étnicas.
La coordinadora del CAIM, Isabel Varandas, dijo en un foro el martes que el observatorio —ya aprobado por el gobierno del primer ministro socialista José Sócrates—, actuaría a través de los ministerios de Justicia y del Interior y que tendría la función de "reunir informaciones permanentes y elaborar estudios sobre el fenómeno".
Varandas explicó que se pretendía ampliar la investigación, así como apoyar e integrar a las víctimas del tráfico de mujeres. Se trata "de conocer mejor un problema profundamente oscuro", dijo.
El proyecto contempla la apertura de una casa de abrigo para mujeres que logren escapar de la explotación, que contará con un libro de registro de denuncias a ser usado por las fuerzas policiales para capturar a los responsables, reveló la coordinadora.
Los planes contemplan crear una "estructura de recepción de emergencia" para apoyar a las prostitutas. "Allí, ellas deciden si quieren o no denunciar su situación", añadió y explicó que la organización contaría con asistencia médica, psicológica y judicial.
Los casos serán presentados posteriormente a una comisión independiente, que evaluará si la condición de la denunciante "es o no de víctima". De ser consideradas víctimas de tráfico "serán instaladas en una institución de recepción temporaria" y desde allí "recibirían apoyo y serían integradas a la sociedad", explicó.
Varandas estimó que estas mujeres deberían recibir "un ingreso monetario de integración", porque "están explotadas y en condiciones de vulnerabilidad, muchas de ellas vinieron a Portugal dejando a sus hijos en sus países de origen, y deben enviarles dinero todos los meses".
En la misma reunión, el secretario de Estado adjunto (viceministro) de Justicia, José Conde Rodrigues, consideró necesario "actualizar la legislación portuguesa" y reveló que en el ámbito de las reformas del derecho penal que se realizarán en 2006, "el tráfico de personas para fines sexuales tendrá que ser incluido".
El secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros (viceministro secretario general de Gobierno), Jorge Lacão, subrayó que "en el marco de un trabajo orientado por el Ministerio de Justicia, se hará la revisión de algunos instrumentos legales del combate a la criminalidad más grave y organizada", para tornarlo más eficaz.
Tras recordar que el CAIM es pionero porque por primera vez será posible "identificar los problemas sociales de este fenómeno y encontrar las respuestas adecuadas", Lacão subrayó que la iniciativa "ayuda a adquirir conciencia de que el tráfico de seres humanos es un problema serio".
El Alto Comisionado para la Inmigración y las Minorías Étnicas, Rui Marques, decidió la participación en el CAIM porque "la defensa de la dignidad humana es una realidad cada vez más enredada en cuestiones burocráticas y jurídicas".
Los derechos de las mujeres no encuentran terreno fértil en un país con la estructura social de Portugal, donde no solo las extranjeras viven situaciones complicadas. La condición de las nacionales es materia de frecuentes denuncias de discriminación y precariedad.
Una egresada universitaria gana poco más de la mitad que un hombre con la misma formación académica, pese a que, en promedio, las portuguesas se gradúan con calificaciones más altas que los portugueses en todas las profesiones, destaca un estudio de la periodista Ana Cristina Pereira, publicado en mayo de 2005.
Pereira, del diario Público de Lisboa, sostuvo que "el sexo femenino continúa ganando terreno en la enseñanza superior, pero tiene menos oportunidades de acceder al mercado laboral".
La cantidad de mujeres con formación universitaria inscritas en los centros de desempleo a inicios de este año "era 92 por ciento más elevada" que la de los hombres, según datos de la Central General de Trabajadores de Portugal (CGTP) citados por Pereira.
En los niveles de escolaridad más bajos, la mujer recibe 80,8 por ciento del salario de un hombre por la misma ocupación, proporción que desciende a 66,7 por ciento si se trata de trabajadoras con formación universitaria, afirma el estudio de la CGTP.
En el mundo del trabajo es donde reside la situación más degradada con el reclutamiento de inmigrantes indocumentadas, sin respeto por las leyes sociales y laborales.
La situación precaria de estas mujeres es aprovechada como "una forma de explotación de mano de obra barata", señala un documento sobre inmigración laboral elaborado el mes pasado por tres investigadoras del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.
El perfil laboral clásico de estas inmigrantes es de trabajadoras domésticas, acompañantes de ancianos o empleadas de cafés o restaurantes, "casi siempre solas frente a su jefe, lo que las convierte en víctimas más fáciles de explotación, agresiones y malos tratos de sus patrones", sostiene la socióloga Karin Wall, una de las autoras del estudio.
