¿Se ha convertido el vicepresidente estadounidense Dick Cheney en un peso muerto del que conviene deshacerse?
Libby fue acusado de perjurio y obstrucción a la justicia en la investigación para descubrir quiénes revelaron a la prensa la identidad de Valerie Plame, una agente encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuyo esposo, el diplomático retirado Joseph Wilson, criticó al gobierno por llevar a Estados Unidos a la guerra bajo falsas premisas.
La suerte de Cheney no depende tanto de que Libby diga a los fiscales que su ex jefe lo alentó a filtrar la identidad de Plame, sino de que la Casa Blanca juzgue que el vicepresidente más poderoso de la historia de este país se ha vuelto una seria desventaja política para Bush y para los legisladores del gobernante Partido Republicano, que necesitan desesperadamente mantener el control del Congreso en los comicios del año próximo.
La aprobación pública de Cheney registró su mayor caída, según los últimos sondeos de la encuestadora Gallup. La mayoría de los consultados creen que el vicepresidente sabía al menos de las acciones de Libby.
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Gran parte del problema es Iraq, y particularmente el rol que desempeñó Cheney antes de la guerra iniciada en marzo de 2003, como el funcionario más agresivo en promover la invasión.
Ahora, dos tercios de los encuestados creen que invadir Iraq fue un error, y más de la mitad afirman que el gobierno "engañó deliberadamente al pueblo" sobre las razones para la invasión. En este contexto, Cheney es particularmente vulnerable.
Según Newsweek, el poder del vicepresidente se redujo prácticamente a nada. La semana pasada, la revista citó a "un jerarca simpatizante de las políticas de Cheney" que afirmaba: "Uno puede decir que la influencia del vicepresidente va a disminuir, pero es difícil disminuir desde cero".
Esto es seguramente una exageración burda y tal vez deliberada. Aun si perdió influencia en política exterior, a manos de la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice por ejemplo, Cheney continúa ejerciendo un gran peso, inclusive decisivo, en asuntos que considera prioritarios.
Algunos de ellos son la presunta amenaza nuclear de Irán y Corea del Norte, y el mantenimiento de las facultades virtualmente absolutas del Poder Ejecutivo para continuar con su "guerra contra el terrorismo".
Cheney fue clave para vetar la propuesta de un viaje a Pyongyang del secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental y del Pacífico, Christopher Hill, previo a la ronda de conversaciones de las "seis partes", este mes en Beijing, sobre el programa nuclear norcoreano.
Las seis partes —Corea del Sur, Corea del Norte, China, Estados Unidos, Japón y Rusia— negocian un cronograma para detener el programa nuclear norcoreano a cambio de asistencia al desarrollo de ese país, en particular de su sector energético.
De modo similar, una propuesta del Departamento de Estado el mes pasado para reanudar conversaciones directas con Teherán, dos años y medio después de que Cheney ayudó a interrumpirlas, fue descartada cuando el vicepresidente manifestó su firme oposición.
Si Cheney hubiera perdido tanta influencia, no habría podido argumentar la semana pasada con tanta energía, en un encuentro con senadores republicanos, que el país quedaría en riesgo inaceptable si la CIA (y no sólo el ejército) se viera legalmente obligada a no practicar torturas ni tratos inhumanos a prisioneros capturados en la "guerra contra el terror".
Un proyecto con ese fin, redactado por el senador republicano John McCain, está en proceso de aprobación en el parlamento.
Su agresiva reacción a la "enmienda McCain" le valió a Cheney el mote de "vicepresidente para la tortura" puesto por el consejo editorial del diario The Washington Post, pero también reveló que el polémico funcionario creía seguir contando con la confianza de Bush y sentía un gran desprecio por los legisladores republicanos que, por abrumadora mayoría, votaron a favor de prohibir la tortura.
De aprobarse, la enmienda McCain haría ilegal el "trato o castigo cruel, inhumano o degradante", tal como lo define la Constitución de Estados Unidos, y cualquier técnica de interrogatorio no autorizada por el Manual de Campo del Ejército de este país, que fue elaborado para respetar las Convenciones de Ginebra que protegen a los prisioneros de guerra.
Bush respaldó a Cheney en esta cuestión, si bien sostuvo que "nosotros no torturamos". Respondiendo a preguntas de la prensa en Panamá el lunes, el presidente afirmó: "Cualquier cosa que hagamos (para proteger al pueblo estadounidense), cualquier actividad que dirijamos, está dentro de la ley".
Sin embargo, está en duda si el respaldo de Bush continuará incondicional como hasta ahora, sobre todo ante la variedad sin precedentes de fuerzas que se alinean contra el vicepresidente.
Según un informe publicado el lunes en The Washington Post acerca de la batalla interna del gobierno sobre la enmienda McCain, Cheney afronta cada vez más oposición de otros funcionarios, "incluyendo a miembros del gabinete, personal de confianza y legisladores republicanos que habían apoyado firmemente a la administración en todo lo concerniente al terrorismo".
No sólo el Departamento de Estado se opone a Cheney en cuanto al trato a los detenidos, como ya lo había hecho en el primer mandato de Bush (iniciado en 2001). Según el Post, el neoconservador Elliot Abrams, consejero adjunto de Seguridad Nacional para la Democracia, y su jefe, Stephen Hadley, consejero de Seguridad Nacional, polemizaron con el vicepresidente sobre esta cuestión.
Más destacable fue la oposición de Gordon England, el nuevo número dos del secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld.
Una fuente del Departamento de Estado describió al sector de Cheney como "una isla menguante".
La posición de England en materia de torturas a los detenidos, que refleja la de los militares, está dañando particularmente a Cheney, pues sugiere que el propio Rumsfeld, un animal político de gran percepción, abandonó al vicepresidente en un momento delicado.
El octubre, quien había sido jefe de personal del ex secretario de Estado Colin Powell, el coronel retirado Lawrence Wilkerson, acusó a Cheney y a Rumsfeld de haber liderado una "conspiración" para secuestrar la política exterior estadounidense luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
Cheney y Rumsfeld, que habían trabajado juntos como jefe de personal de la Casa Blanca y secretario de Defensa, respectivamente, durante el gobierno de Gerald Ford (1974-1977), eludieron los procedimientos formales de toma de decisiones para salirse con la suya, sostuvo Wilkerson.
Wilkerson desarrolló este tema en una entrevista que concedió la semana pasada a la Radio Nacional Pública, en la que sugirió que la autorización de malos tratos a los detenidos provino de Cheney.
"Hubo una evidente supervisión desde la oficina del vicepresidente hacia el secretario de Defensa y a los comandantes en el terreno" autorizando prácticas que condujeron al abuso de los detenidos, dijo Wilkerson, agregando que el nuevo jefe de personal de Cheney, David Addington, jugó un rol particularmente importante.
Es poco probable que la cuestión de las torturas, por sí sola, haga caer al vicepresidente.
Pero la creciente y agresiva presión del opositor Partido Demócrata para investigar la manipulación de información de inteligencia antes de la guerra contra Iraq plantea otro campo de batalla en el que Cheney deberá jugar a la defensiva.
