La intoxicación por plaguicidas que sufrieron este mes 60 trabajadoras y 13 trabajadores agrícolas temporeros mientras recolectaban manzanas en el sur de Chile cuestiona la eficacia del control de los agroquímicos en este país.
"Las trabajadoras están asustadas por los efectos a largo plazo que pueden sufrir a causa de la intoxicación", dijo a Tierramérica Alicia Muñoz, secretaria general de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), quien denuncia las deficiencias en el registro, etiquetado y uso de los plaguicidas en Chile.
Hasta septiembre, ya se habían notificado al Ministerio de Salud 471 intoxicaciones agudas por plaguicidas en lo que va del año, con una tasa de 2,9 por cada 100.000 habitantes. Cincuenta y siete por ciento de los casos fue de origen laboral y, de éstos, 81 por ciento de obreras y obreros agrícolas, de los cuales más de la mitad se ocupan en labores de temporada (de octubre a abril).
María Elena Rosas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), advierte "que por cada caso notificado hay otros cuatro sin notificar, y en algunas regiones del norte y del sur hay 10 más, lo que significa unas 2.500 a 3.000 personas afectadas por año".
El 14 de noviembre, los 73 trabajadores sufrieron náuseas, principio de asfixia, vómitos y picazón al ingresar al predio de la empresa Agrícola y Comercial Santa Elena, en la ciudad de Angol, 600 kilómetros al sur de Santiago, que días antes había sido fumigado con el insecticida Lorsban 75 WG y el fertilizante folial Wuxal Calcio.
Según RAP-AL, el insecticida es un organofosforado, cuyo principio activo es el clorpirifo, que al ser absorbido a través de la piel o por vía oral causa desde náuseas y contracciones musculares hasta inconciencia, convulsiones y muerte.
En 2000, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura, encargado de la normativa y fiscalización de los agroquímicos, dictó una resolución que clasifica a los plaguicidas y fertilizantes de uso agrícola según su efecto toxicológico. Ese mismo año, reglamentó la información del etiquetado.
Pero estas normas solo incluyen los efectos agudos de esas sustancias en los seres humanos y no los crónicos, como mayores riesgos de cáncer, malformaciones congénitas, leucemia y alteraciones en el sistema inmunológico.
El SAG clasificó al Lorsban 75 WG como "poco peligroso" considerando sus efectos agudos, aunque RAP-AL, Anamuri, la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales afirman que la exposición al mismo provoca graves dolencias a largo plazo.
Roberto Tapia, del Departamento de Plaguicidas y Fertilizantes del SAG, dijo a Tierramérica que ese organismo sí tomaba en cuenta el riesgo de efectos crónicos al momento de autorizar la importación y venta de un agroquímico, aunque no se establezca específicamente en el etiquetado.
Pero Rosas de RAP-AL considera que los trabajadores tienen el derecho de conocer tanto los efectos inmediatos como a largo plazo, los cuales deberían estar especificados claramente en la etiqueta.
El secretario regional del Ministerio de Salud, Cesar Torres, dijo a Tierramérica que su organismo establecería las responsabilidades en el caso de los 73 trabajadores y, si existiesen culpables, podía cursar multas hasta por 60 mil dólares y ordenar la clausura del establecimiento.
La secretaria general de Anamuri afirma que generalmente las empresas apelan a las resoluciones gubernamentales o judiciales, extendiendo los litigios por mucho tiempo, lo cual deja en la desprotección a las temporeras y temporeros.
Según datos de la estatal Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, en 1997 Chile importó 16.68 toneladas de plaguicidas, mientras que en 2003 las compras aumentaron a 22.218 toneladas.
Chile es uno de los mayores exportadores de frutas y hortalizas de América Latina, con cosechas que generan una importante proporción de empleo temporal, cubierto mayoritariamente por mujeres.
En el agro chileno trabajan unas 800.000 personas, la mitad de las cuales son temporeras, y de ellas 250 mil son mujeres, a las que se suman adolescentes, niñas y niños.
Las organizaciones denunciantes exigen que las autoridades eliminen o restrinjan el uso de plaguicidas por sus efectos crónicos, que fiscalicen rigurosamente su empleo y apliquen fuertes sanciones y multas a los infractores.
También piden la ratificación del Convenio 184 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativo a la seguridad y la salud en la agricultura.
* La autora es colaboradora de IPS. Publicado originalmente el 26 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
