Un tribunal venezolano sentenció este martes a seis años de prisión a 27 paramilitares colombianos por participar en una rebelión que intentó sin éxito derrocar en mayo de 2004 al gobierno de Hugo Chávez, mientras otros 73 fueron dejados en libertad.
Dos oficiales venezolanos juzgados por el mismo caso recibieron condenas aún mayores, a nueve años de cárcel, y un tercer militar de este país a dos años y cinco meses, en tanto otros tres fueron declarados inocentes y se dispuso su libertad.
La decisión del tribunal militar primero de Caracas pone fin, al menos en esta primera instancia, a un hermético proceso judicial de casi un año y medio, pero todavía no a una extraña historia de invasión y rebelión, conspiración y cálculo político que dejó un reguero de interrogantes.
El 9 de mayo de 2004, policías interceptaron en Caracas un autobús repleto de personas vestidas con ropas militares cuando salía de una propiedad rural del sudeste de esta capital. Empero, sólo uno de esos uniformados portaba una pistola mientras que el resto estaba totalmente desarmado.
Después que se allanó la finca llamada Daktari, propiedad del opositor venezolano de origen cubano y hoy prófugo Robert Alonso, se completó la detención de 130 paramilitares colombianos, como fueron oficialmente identificados. La mayoría de ellos eran jóvenes labriegos o desempleados reclutados con falsas promesas en el nordeste de Colombia.
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Nueve de esos presuntos paramilitares eran adolescentes y uno resultó ser una joven embarazada, por lo cual Caracas los devolvió sin cargos en su contra a Colombia el mismo mayo de 2004, luego de gestiones realizadas para ello por agencias de refugiados y de protección a la infancia de la Organización de las Naciones Unidas.
"Venezuela ha sido invadida. Estamos ante una seria amenaza a la paz, integridad y seguridad", denunció entonces el presidente Chávez, para luego añadir que el ataque había sido "pensado, planificado y conducido por una red internacional que tiene dos puntos de su eje en Miami y en Colombia".
Por su parte, el vicepresidente José Vicente Rangel acusó al entonces comandante del ejército colombiano, general Martín Carreño, de haberse reunido en cuarteles de su país con opositores venezolanos, "en el marco de la conspiración que trajo hasta las cercanías de Caracas al centenar de paramilitares".
Carreño rechazó la especie pues, dijo a su vez, "tenemos un problema muy delicado en nuestro país y no nos metemos en un problema que no es de nuestra incumbencia". "No tenemos ninguna intención de participar en ningún complot que afecte a otro país", enfatizó.
Chávez, ante los acontecimientos, lanzó en un mitin el 18 de mayo de ese año "la fase antiimperialista de la revolución bolivariana", como llama al proceso que conduce, exculpó del caso al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pues "no tiene nada que ver con esta invasión", así como a la mayor parte de la propia oposición venezolana.
Por aquellos días aún humeaba el recuerdo de las barricadas incendiarias con las que opositores bloquearon en marzo varios accesos a zonas de residencia de clase media en Caracas, además de que el país se preparaba para el referendo sobre el mandato presidencial de Chávez, quien finalmente fue ratificado en el cargo el 15 de agosto siguiente con 59 por ciento de votos.
"Casi puedo decir cuál sería el guión: los paramilitares, vestidos como soldados venezolanos, atacarían el palacio de gobierno para dar muerte al presidente, y alguna otra instalación militar, para mostrar ante el mundo una falsa fractura de la Fuerza Armada", sostuvo Chávez ante corresponsales extranjeros luego de la captura de los paramilitares.
Si eso se hubiera producido, "se habría iniciado una guerra civil, (pero) gracias a Dios y a los organismos de seguridad, abortamos el peligro", apuntó.
Una vez abierto el juicio en la justicia militar, debido a ese carácter de los jefes implicados y a que se trataba del delito de rebelión, fueron detenidos y procesados varios oficiales en actividad y en retiro de distintas fuerzas de seguridad venezolanas por permitir o facilitar el ingreso al país de los paramilitares colombianos, que se adentraron casi 1.000 kilómetros entre la frontera y Caracas.
El juicio discurrió durante 17 meses con 91 sesiones de audiencia y se nutrió de declaraciones de un grupo de paramilitares "arrepentidos", quienes aceptaron colaborar con la fiscalía en la delación de compañeros y oficiales venezolanos. Entre ellos se contó, José Ayala, el único hombre armado capturado en el autobús.
Sobre esa base terminaron juzgados sólo 100 de los 130 paramilitares capturados originalmente y el tribunal condenó a los que aparecieron como jefes de las escuadrillas de irregulares, mientras que decidió dejar en libertad al resto.
Todos los colombianos que quedaron libres "ya han viajado este martes rumbo a Colombia al cabo de este proceso extenuante y dispendioso", dijo el cónsul de ese país en Caracas, Darío Angarita.
En tanto, los oficiales venezolanos que recibieron mayor condena, a nueve años de cárcel, fueron el coronel de la guardia nacional (policía militarizada) Jesús Farías y el capitán del ejército Rafael Farías, quienes además serán expulsados de la vida militar.
El general retirado del ejército Ovidio Poggioli, quien se manifestó públicamente contra Chávez desde 2002, fue sentenciado a dos años y cinco meses de cárcel, pero podría quedar libre por ya haber pagado más de la mitad de la pena.
Otros tres oficiales de rango medio, que estaban sujetos a proceso, fueron al final declarados inocentes.
Poggioli denunció que los paramilitares colombianos fueron sometidos a torturas para que aceptasen involucrarlo en la conspiración.
El texto de la sentencia, que permitiría hilar los términos de la conspiración y el conato de rebelión de mayo de 2004, se conocerán más adelante, dependiendo la fecha de las apelaciones que hagan los abogados defensores y otros formulismos legales.
Carlos Bastidas, abogado del coronel Farías y de otro oficial que resultó absuelto, aseguró que "no había elementos para condenar a ninguno de los imputados". "No puede haber una condena por rebelión si no había armas", según la ley venezolana, apuntó.
Bastidas aseguró que "lo ocurrido en este caso fue un montaje, pero desconozco la historia que puede haber detrás".
