La batalla entre Cuba y Estados Unidos por derechos de autor musical, que ya lleva tres años, puede acercarse a su final tras la realización en la capital de la isla de una audiencia de la justicia británica, donde se dirime la disputa legal.
El litigio estalló en 2002, cuando la firma estadounidense Peer International demandó a su competidora alemana Termidor Music Publishers por intentar registrar en Gran Bretaña obras musicales cubanas que la editora querellante proclama como suyas.
El proceso derivó entonces contra la estatal Editora Musical Cubana (EMC) por haber licenciado a la empresa alemana las composiciones, de las que asegura poseer los únicos contratos validos.
A partir de ahora, el juez inglés John Lindsay deberá determinar el mejor derecho de las partes sobre las obras en disputa de cinco compositores cubanos, todos fallecidos, que aparecen en el contencioso.
Además, según fuentes consultadas por IPS, Lindsay podría pronunciarse sobre si los herederos han sido convenientemente remunerados por Peer International a resultas de las regalías acumuladas durante varias décadas.
En el centro del litigio están fundamentalmente canciones de Ignacio Piñeiro y Antonio Fernández, "Ñico Saquito", con acuerdos firmados a favor de Peer entre 1930 y 1945, y más tarde reconfirmados en los años 90.
Además de Piñeiro, autor de sones como "Échale salsita" y "Suavecito", y de Ñico Saquito, conocido por simpáticas guarachas como "Cuidadito, compay gallo", estarían involucrados los autores Manuel Corona, Bienvenido Julián Gutiérrez y Celia Romero, según diversas fuentes.
El contencioso incluye más de 10 composiciones, según trascendidos, pero ninguna de las dos partes ha mencionado cuáles son exactamente las obras en disputa.
En mayo pasado, el juez Lindsay, a cargo de esta etapa del proceso, decidió viajar a esta isla caribeña para escuchar a los testigos locales, que no podían trasladarse a Londres luego de una comparecencia fallida vía Internet.
Lindsay contó con el permiso del gobierno cubano de Fidel Castro y la conformidad de las leyes británicas para actuar fuera de su jurisdicción, aunque los abogados de la firma estadounidense se opusieron al eventual cambio de sede.
El magistrado británico recogió el testimonio de una decena de cubanos en la casona señorial Villa Lita, en el habanero vecindario de El Vedado, entre el 26 y el 28 de septiembre.
Estimados extraoficiales indican que sólo Piñeiro y Saquito acumulan entre tres y 18 millones de dólares, respectivamente, en bancos estadounidenses por el rendimiento de sus derechos de autor.
La isla, en tanto, ha destinado importantes sumas de divisas a la reclamación, reconocieron fuentes cercanas al Instituto Cubano de la Música, adjunto al Ministerio de Cultura.
El tema de los derechos intelectuales sobre diferentes obras resurgió con fuerza con la revaluación de la música popular cubana que trajo el éxito mundial del disco "Buena Vista Social Club", producido en 1996 por el guitarrista estadounidense Ry Cooder
Los abogados que representan a EMC denuncian como no válidos los contratos de Peer con éstos y otros compositores de este país, obtenidos "de forma inescrupulosa y contraria a la ley cubana", según alegan.
Al mismo tiempo aseguran que esta empresa posee acuerdos con los herederos, que le otorgan los derechos exclusivos sobre las obras en disputa.
Fuentes allegadas a algunos de estos herederos revelaron a IPS, a condición del anonimato, que las autoridades musicales de la isla identificaron el litigio como una "cuestión política" y de defensa del patrimonio cultural del país.
No obstante, los nuevos convenios firmados con ellos estipulan una participación para la EMC en el entorno de 25 por ciento de los beneficios producidos por las regalías de las obras.
En la audiencia especial habanera de la corte británica, no todos los herederos vinculados con el proceso ofrecieron testimonio, aunque sí participaron compositores sin obras en el contencioso.
Tal fue el caso del octogenario compositor Evelio Landa, quien atestiguó ante el juez Lindsay que "recibió pocas cantidades de dinero" por su convenio con Peer.
Otro de los compositores que compareció ante el magistrado, en igual condición, fue el también octogenario Rosendo Ruiz, quien afirmó que desde los años 50 no recibe pagos de la firma estadounidense.
"Yo soy uno de los tantos a los que la Peer esquilmó", aseguró el autor del famoso cha cha chá "Rico Bacilón".
Por su parte, los abogados de Peer argumentan que pagaron regalías a los compositores cubanos hasta el triunfo de la revolución encabeza por Castro, en 1959. Los pagos se interrumpieron por el embargo decretado por Washington a La Habana en 1962.
No hubo más desembolsos hasta la década del 90, cuando se reanudaron autorizados por la enmienda estadounidense Berman, de 1988.
Uno de los herederos dijo a IPS que "recibió aceptables remesas de Peer hasta 2003, cuando volvieron a empeorar" las cosas, como reflejo de la agudización del diferendo bilateral desde el arribo al gobierno estadounidense de George W. Bush.
El nonagenario compositor Remberto Becquer recuerda estar vinculado con Peer desde 1943. "Era una gloria estar firmados con ellos" en esas décadas prerevolucionarias y "sigo con ellos pues no me va mal con los cobros", asegura.
Las autoridades musicales cubanas guardan absoluto silencio en torno al juicio, así como los medios de comunicación controlados por el Estado.
La única información sobre el litigio apareció el 29 de septiembre en la versión digital de Granma Internacional, órgano del Partido Comunista. El semanario publicó una nota sobre las audiencias en La Habana a partir de reportes de agencias extranjeras.
Pese al mutismo oficial, una fuente cercana a la EMC afirmó a IPS que la presencia del juez Lindsay en la capital cubana, pese a la objeción de Peer, es interpretada como un buen augurio por la entidad. "Marcha bien el juicio", afirmó.
Especialistas y herederos de los músicos cubanos implicados coinciden en considerar la batalla musical como "un asunto delicado", por constituir un punto más de enfrentamiento entre La Habana y Washington.
A fines de 2002, la ex funcionaria de la EMC Isabel Cristina Cordova fue sancionada por un tribunal cubano a 10 años de privación de libertad, en un caso vinculado con la controversia musical.
Entre otros cargos, Cordava fue acusada de facilitar a Peer International la notarización de reconfirmaciones de derecho de autor, firmadas por compositores y herederos de éstos a favor de la casa estadounidense.
Cordova no cumple la sanción en la isla pues logró emigrar ilegalmente a Estados Unidos, donde reside en la actualidad, y ha tomado parte en el juicio en curso como testigo de Peer. (
