Los medicamentos convirtieron de agridulce en crítico el balance de la 12 ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Estados Unidos con los andinos Colombia, Perú y Ecuador.
Expertos en comercio que observan las negociaciones dijeron a IPS que los acontecimientos del viernes podrían marcar "el principio del fin", hacia el hundimiento de las negociaciones.
De hecho, la crisis en las deliberaciones de esta semana surgió porque los negociadores estadounidenses retrocedieron a la propuesta que habían formulado hace un año, en la ronda celebrada en Guayaquil, en materia de medicamentos.
Tres negociadores del Ministerio de Protección Social colombiano se retiraron de la mesa con el argumento de que no hubo avances en materia de medicamentos tras año y medio de negociación. Su actitud fue censurada por el ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero.
Los renunciantes consideran inconveniente para el país que se adopte un esquema similar al pactado en los tratados de libre comercio de América del Norte, entre Estados Unidos y Chile y entre ese país norteamericano y cinco países de América Central y República Dominicana.
Gilberto Álvarez Uribe, Luis Guillermo Restrepo Vélez y Juan Fernando García Echeverri, que participaban como negociadores técnicos en las rondas del TLC, dirigieron el viernes una carta al Ministro de Protección Social, que tiene a su cargo la salud en Colombia.
En la misiva, los funcionarios pidieron ser retirados del proceso, dado que la etapa técnica de la negociación ya concluyó y sólo restan decisiones de tipo político.
El ministro Botero expresó contrariado que los funcionarios "deben lealtad al gobierno", calificó su conducta de "censurable" y consideró que su impacto será "marginal" en el cronograma de las negociaciones.
"A nosotros no nos importa si otros países han hecho una negociación en un sentido u otro. No hemos cedido en ninguna de las aspiraciones legítimas de Colombia en la negociación en materia de salud pública", agregó.
"Tanto, que ante la intransigencia del equipo negociador norteamericano que se registró en el ámbito de la propiedad intelectual en esta ronda no hemos podido avanzar", precisó.
Dado ese incidente, registrado cuando los grandes industriales beneficiados por los acuerdos que se vislumbraban mostraban complacencia y los productores agrícolas, incertidumbre, la firma del TLC definitivo prevista para octubre se postergó repentinamente para la tercera semana de noviembre.
Horas antes, en la rueda de prensa al mediodía, sólo el jefe negociador peruano, Pablo De la Flor, había dado pistas sobre el estado de crispamiento en la mesa de propiedad intelectual.
"La meta se ve a escasos 100 metros, pero cuidado, porque la pista no es plana y todavía se asoman frente a nosotros amenazas y peligros", advirtió, refiriéndose a que los gobiernos andinos esperan firmar el TLC antes de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebrará en diciembre en Hong Kong.
"Es lamentable que, a pesar de múltiples esfuerzos desplegados por los negociadores y la creativa flexibilidad que mostraron los andinos para forjar espacios de consenso, las tratativas no hayan sido exitosas" en materia de propiedad intelectual, añadió el funcionario peruano.
"Seguimos trenzados en unas discusiones sobre temas fundamentales, como patentes y protección de datos de prueba. Siguen puestas sobre la mesa cuestiones de biodiversidad, y algunos otros temas pendientes en torno de los derechos de propiedad intelectual", subrayó.
Y recordó que "la conclusión exitosa de esta o cualquier negociación requiere la coincidencia generosa y compartida de voluntades y no la imposición de criterios unívocos que ignoren los intereses de todas las partes".
De la Flor expresó que las mesas de negociaciones de asuntos rurales y ambientales aún requerirán "una revisión sistemática".
"Se necesitan dos personas para bailar el tango. Así que espero, Regina (Vargo, jefa negociadora de Estados Unidos presente en la rueda de prensa), que en la próxima ronda podamos sincronizar mejor nuestros movimientos para no terminar bailando solos", dijo.
La mesa que negocia patentes farmacéuticas y biodiversidad estuvo a punto de levantarse dos veces durante la semana y había terminado dividida, según el periodista Germán Núñez, del noticiero de televisión colombiano CMI.
Esta mesa incluye la lucha contra la biopiratería, una práctica atribuida a compañías estadounidenses que los andinos pretenden, si no eliminar, al menos reducir y reglamentar.
Estados Unidos espera que los andinos acepten mayores protecciones para medicamentos, lo que tendría como efecto un 200 por ciento de aumento de precios en los tres países andinos, según advirtió el martes la Organización Mundial de la Salud.
En una audiencia del parlamento colombiano, el ministro de Comercio Exterior afirmó el jueves que la salud pública tiene una jerarquía superior y que, por lo tanto, no se aceptaría la pretensión de Washington.
Sin embargo, cuatro parlamentarios oficialistas advirtieron que un mecanismo previsto en la mesa de solución de controversias, y que puede ser aplicado transversalmente a todo el tratado, "sería catastrófico para el sector (de la) salud colombiano".
Según uno de ellos, el diputado Ignacio Cuervo, ciertos mecanismos de solución de controversias previstos implicarán "disputas y sanciones" por operaciones que no necesariamente son violatorias del TLC, especialmente en materia de propiedad intelectual y medicamentos.
"Si nuestras autoridades fueran a cumplir la ley (colombiana) otorgando una licencia obligatoria para fabricar localmente un producto patentado, como una medida para proteger la salud pública en un momento de crisis, esto sería interpretado como una anulación del beneficio para el titular de la patente", en este caso un laboratorio estadounidense, sostuvo.
El laboratorio tendría entonces la facultad, dada por el TLC, de demandar a Colombia.
Cuervo agregó que "esta demanda sería posible porque el productor dueño de la patente va a reclamar por sus expectativas de venta y utilidades, que evidentemente se verán afectadas, pero el país no debe pagar eso".
"La misma situación se presentaría con el mecanismo de control de precios de los medicamentos", según Cuervo, quien consideró que el mecanismo significa "entregar nuestra soberanía en un asunto tan delicado como la salud pública".
Las normas internacionales de comercio prevén la concesión gubernamental a empresas farmacéuticas de un país de la denominada "licencia compulsiva" para fabricar genéricos, medicamentos identificados por el nombre de su principio activo, mucho más baratos que sus equivalentes con marca registrada.
La licencia compulsiva puede otorgarse en caso de que los laboratorios extranjeros poseedores de la patente de los medicamentos en cuestión no los vendan a precios razonables, y aunque esas compañías estén en desacuerdo.
Este mecanismo no libra a los laboratorios a los que ésta es concedida de pagar las regalías por propiedad intelectual a las firmas que la poseen, pero, de todos modos, los medicamentos tienen un costo menor pues eluden prácticas comerciales abusivas de las propietarias de la patente.
Mientras en Cartagena de Indias avanzaban las negociaciones con la presencia de unas 1.200 personas entre negociadores, empresarios, legisladores, lobbystas y periodistas, representantes de organizaciones sociales y líderes políticos opositores realizaron una protesta callejera el jueves.
En medio de un paisaje urbano de desolación, el defensor del Pueblo regional Arturo Zea expresó a IPS que la ciudad vivió esta semana "un ambiente de guerra e intimidación exagerada".
La manifestación, de unas 6.000 personas según Zea, y según la policía de sólo 1.500, fue desviada lejos del centro amurallado.
Para acceder a ella o retirarse, debían realizarse largos rodeos a pie y cruzar entre tres y cuatro anillos de la temida policía antimotines, que ese mismo día había dado muerte en la suroccidental Santiago de Cali a un estudiante durante una protesta.
La calles cartageneras fueron taponadas desde la víspera al tráfico de automóviles y se establecieron retenes para filtrar la circulación peatonal.
Las universidades fueron cerradas durante toda la semana y el día de la manifestación se suspendieron las actividades en escuelas y colegios por orden del alcalde, al tiempo que la radio advertía: "Si no tiene nada que hacer en el centro, mejor quédese en su casa."
"Es la fuerza naval la que ha generado este clima de intimidación. Llevan varios días anunciando las fuertes medidas de seguridad. ¿Quién va a dejar hoy que su hijo salga a la calle?" inquirió Zea a IPS. (
