La Cámara de Diputados de Brasil inició su limpieza ética con la destitución de hecho de su presidente, Severino Cavalcanti, la inhabilitación del detonador de la crisis, Roberto Jefferson, y una reforma forzada en los partidos políticos.
Por 313 votos contra 156, los diputados decidieron en la noche del miércoles retirar a Jefferson sus derechos políticos por ocho años, iniciando una purga que amenaza a otros 16 parlamentarios involucrados en el escándalo de corrupción que hundió en la crisis el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Jefferson fue acusado en mayo de usar a la empresa estatal de correos para captar recursos ilegales para su Partido Laborista Brasileño (PTB por sus siglas en portugués), del cual era presidente.
El 6 de junio, el acusado reaccionó denunciando en la prensa que el gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT, de Lula) sobornaba a parlamentarios conservadores con "mesadas" para asegurar su apoyo al gobierno.
Pero Jefferson confesó haber recibido cuatro millones de reales (1,7 millones de dólares) del PT como ayuda para la campaña electoral de su partido, que también era aliado del oficialismo. También admitió que había participado en la postulación de directivos de empresas estatales para obtener fondos electorales, "como hacen todos" los políticos.
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Por eso fue condenado por sus pares como "reo confeso", lo cual no impidió que éstos aplaudieran su discurso cuando acusó a Lula de responsabilidad en la corrupción, "por acción o por omisión", y de ser "perezoso" para gobernar.
Cavalcanti, por su parte, no estaba en condiciones de presidir la sesión que terminó con la destitución de Jefferson, porque soporta un escándalo propio, ante la aparición de una prueba definitiva de la extorsión practicada al dueño de restaurantes instalados en la sede de la cámara baja.
El empresario Sebastiao Buani presentó un cheque de 7.500 reales (3.200 dólares), nominalmente recibido por la secretaria de Cavalcanti, comprobando así las denuncias de que el diputado le había exigido el pago de sumas mensuales para prorrogar en 2002 el contrato de concesión para operar los restaurantes.
La denuncia, efectuada por un gerente de los restaurantes dos semanas atrás, fue rechazada por Cavalcanti que ni siquiera aceptó pedir licencia de su puesto en la presidencia de la cámara, pese a los indicios, los testigos y las presiones de los parlamentarios.
El cheque constituye un tiro de gracia para Cavalcanti, y sus propios correligionarios del Partido Progresista (PP) reconocen que le quedan dos alternativas, renunciar al mandato de diputado o perder los derechos políticos por decisión de sus pares.
Cavalcanti sostuvo que anunciaría su decisión la semana próxima, intentando todavía resistir con una versión increíble: que el cheque era un préstamo del empresario a su hijo, quien aspiraba a ser electo diputado en el estado de Pernambuco en 2002 y murió en un accidente antes de las elecciones.
Cavalcanti, considerado un parlamentario mediocre que accedió a la presidencia de la cámara por las divisiones experimentadas en el PT, termina tristemente su carrera política a los 74 años.
Pero, además, contribuye a la amenaza de extinción de su partido, que pese al nombre de progresista es el más conservador de los representados en el parlamento, como heredero directo de la dictadura militar que rigió en Brasil entre 1964 y 1985.
El mayor líder del PP, Paulo Maluf, ex alcalde y ex gobernador estadual de Sao Paulo, está detenido desde el sábado, acusado de desviar recursos de la alcaldía y de enviar al exterior remesas ilegales por unos 260 millones de dólares. Su nombre es sinónimo de corrupción en Brasil desde hace dos décadas, pero solo ahora surgieron pruebas reconocidas por la justicia.
Otro conocido dirigente del PP, el diputado Delfim Netto, quien dirigió la economía del país entre los años 60 y 80 ocupando distintos ministerios, abandonó a su grupo político para afiliarse a su opositor, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), nacido de la resistencia al régimen militar y una las cuatro mayores fuerzas del país.
De los 19 diputados acusados de recibir el "mensalao", como bautizó Jefferson a los sobornos mensuales entregados por el PT, o de conducir este sistema de distribución de dinero ilegal, cuatro pertenecen al PP.
Otro partido mediano y conservador, el Liberal (PL), también tiene cuatro legisladores involucrados, dos de los cuales renunciaron para evitar la pérdida de sus derechos políticos por ocho años. Se sospecha que el PL duplicó su bancada en la actual legislatura, alcanzando a 48 diputados, gracias a la corrupción.
La caída es ahora inevitable, pues sus líderes están amenazados de inhabilitación, y ha perdido a su principal figura, el vicepresidente del país, José Alencar, quien se separó del Partido Liberal después del escándalo.
El PT de Lula debería sufrir los mayores daños. Algunos de sus principales dirigentes, como su ex presidente José Genoino y el ex ministro de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, están acusados de comandar la red de corrupción implantada en la Cámara de Diputados y en el gobierno. Ambos perdieron sus cargos a consecuencia del escándalo.
Además de Dirceu, otros siete diputados del PT enfrentan procesos de inhabilitación. Los trámites demorarán porque los involucrados obtuvieron en el Supremo Tribunal Federal el derecho a responder a las acusaciones ante el corregidor de la Cámara antes de ser sometidos al Consejo de Ética.
De los 89 diputados del PT, un grupo de 21 tiende a abandonar el partido si sus corrientes más izquierdistas resultan derrotadas en las elecciones internas que el partido llevará a cabo este domingo, por votación directa de sus 800.000 afiliados, para escoger una nueva dirección.
El cuadro político y partidario brasileño será muy diferente tras esta crisis, y sufrirá seguramente modificaciones aun más profundas en las elecciones presidenciales, parlamentarias y estaduales que tendrán lugar en octubre de 2006, con gastos reducidos, porque los donantes tradicionales temen ahora ser confundidos con corruptores.
Es la reforma política impuesta por el escándalo, en ausencia de una modificación de las reglas electorales brasileñas, reclamada infructuosamente desde hace mucho tiempo al Congreso legislativo.
