Elba Gómez es empleada doméstica desde hace nueve años, pero aún no fue inscripta en los registros laborales. No me puedo quejar, dice al comparar su puesto estable frente a la enorme masa de desocupados que se proyectó como una sombra en Argentina a lo largo de la última década.
A Gómez se le paga un salario mensual y uno anual complementario, así como los días de vacaciones, aunque reconoce que siente la zozobra derivada de un trabajo sin protección laboral, en el que no tiene seguro de salud ni se le vuelcan aportes para su futura jubilación, aparte de que podrían despedirla sin cobrar indemnización.
Pero la precariedad en la contratación laboral en Argentina no es un fenómeno exclusivo de los sectores menos calificados. Pablo Aiello es un ingeniero que recibe un muy buen ingreso por su trabajo en una empresa siderúrgica de primer nivel y está satisfecho con su estilo de vida. Igual, la incertidumbre no lo abandona.
Preferiría ganar menos, pero sentirme más seguro, confesó a IPS. Aiello realiza su labor en forma permanente y exclusiva para la misma compañía desde hace siete años. Sin embargo, no es un empleado directo en relación de dependencia de la firma sino que está contratado y cobra por sus servicios mensualmente en forma de honorarios profesionales.
Por suerte sus ingresos le alcanzan para pagar un seguro médico privado y también para financiar sus propios aportes al sistema de jubilación. Pero ¿qué pasa si me enfermo, si tengo un accidente o si de un día para el otro prescinden de mis servicios?, se pregunta. La duda le quita el sueño.
[related_articles]
Los trabajadores argentinos gozaron de amplias protecciones sociales desde mediados del siglo XX, cuando se instauró el salario anual extra o aguinaldo, las vacaciones pagas, los servicios médicos, la indemnización por despido sin causa justificada, el derecho a la jubilación y el salario familiar, un aporte adicional para jefes o jefas de hogar con hijos menores de 18 años a cargo.
Pero a mediados de los años 70, en tiempos de la última dictadura militar de siete años finalizada en 1983, esas conquistas comenzaron a retroceder hasta llegar al inicio de la década del 90 con una cuarta parte de los trabajadores en situación irregular o en negro, como se identifica en este país a los empleos que no son registrados y por tanto sin papeles ni protección social.
Así, los trabajadores desprotegidos crecieron a medida que aumentaba el desempleo a lo largo de la década, cuando el entonces gobierno de Carlos Menem (1989-1999) impuso el modelo neoliberal y privatizador acompañado de la merma en los controles de la aplicación de las leyes laborales o directamente éstas se flexibilizaban.
Para 2001, cuando se registró el colapso económico, social y político, con más de 20 por ciento de la población económicamente activa desocupada, 38,8 por ciento de los que aún trabajaban no estaban registrados en relación de dependencia, es decir que laboraban en negro, indicador que llegó a 49,5 por ciento en la segunda mitad de 2003.
Esa situación laboral precaria alcanza a trabajadoras como Gómez que, aunque no existen para los registros legales, tienen cierta estabilidad en función del tiempo que llevan en el mismo puesto, y a otros que son contratados en forma intermitente y, por tanto, ni siquiera reciben el sueldo anual complementario ni tienen vacaciones pagas.
En cambio, de esta categoría están excluidos los empleados disfrazados de independientes, es decir por cuenta propia, como es el caso de Aiello.
A pesar de la reactivación económica registrada en los últimos tres años y a la caída del desempleo, el número de trabajadores precarios sigue siendo elevado. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos difundidos a mediados de éste año indican que aún 47,5 por ciento de los empleados están en situación irregular o en negro.
La resistencia de este fenómeno preocupa al gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner.
Por iniciativa argentina, la IV Cumbre de las Américas tendrá como lema Crear trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. La agenda de la reunión, que se realizará en noviembre en la oriental ciudad de Mar del Plata, recoge para el hemisferio el desafío de promover el trabajo decente.
La preocupación se manifiesta además en distintas áreas del gobierno. Los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social organizaron para este mes un seminario titulado El Estado y la reconfiguración de la protección social, que busca profundizar en el auge de la inseguridad proveniente del empleo sin protección.
Para ese encuentro invitaron al sociólogo Robert Castel, director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia y autor, entre otros libros, de La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. En ese texto, el experto analiza el fenómeno del desempleo masivo y la precarización laboral.
En entrevista con IPS, Castel señaló que en la actualidad es cada vez más frecuente encontrar trabajadores pobres, una combinación inexistente hace algunas décadas. Se trata de un número creciente de personas que trabajan, pero que no logran garantizar los recursos ni la protección que se requieren para eludir la pobreza, explicó.
El sociólogo, que diseñó la categoría de supernumerarios para referirse a los trabajadores que hoy sólo pueden aspirar a puestos precarios o intermitentes, señaló que ese concepto no alude exclusivamente a los jóvenes, a las mujeres o a los que tienen menores posibilidades de mostrar credenciales educativas.
Existe hoy un proceso de fragilización bastante general que golpea en forma transversal a muchas categorías sociales, por supuesto a los más pobres pero también a aquellos que parecían privilegiados hace algún tiempo como los profesionales o los jóvenes con preparación más elevada, remarcó.
Esta vulnerabilidad más extendida tampoco es propiedad exclusiva de los países en desarrollo sino que alcanza también a los industrializados, como Francia o Alemania, sólo que en esos casos los estados tienen mayores y mejores recursos para financiar lo que llamó una seguridad social mínima garantizada.
Para Castel, es necesario reformar las protecciones que brindaba el estado hace algunas décadas, redesplegarlas en esta coyuntura nueva, más dinámica, pero de ningún modo reducirlas ni mucho menos suprimirlas, advirtió.
