Fue secuestrada en Argentina a los 19 años y su esposo ejecutado, trasladada a Uruguay, mantenida en cautiverio hasta parir y desaparecida tras robarle a su beba para un policía. El inminente hallazgo del cadáver de la nuera del poeta Juan Gelman pauta el giro en la revisión del pasado dictatorial de este país.
Apenas este martes, cuando pasaron 20 años de recuperada la democracia en Uruguay, se comenzó a excavar en la sede del Batallón 14 de Paracaidistas, próximo a Montevideo, donde se presume, casi con 100 por ciento de seguridad, fue enterrada María Claudia García de Gelman, según el primer informe militar oficial sobre la represión de la dictadura iniciada en 1973.
Los técnicos y peritos judiciales creen que puede llevar pocos días o incluso horas hallar el primer cuerpo de una persona desaparecida por el terrorismo de Estado en Uruguay, debido a la indicación precisa del sitio que figura en la investigación del destino de varios secuestrados, ordenada por el presidente Tabaré Vázquez al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Pero si bien está a punto de confirmarse la existencia de la tumba sin nombre de García, secuestrada en 1976, se alejó la pronta presencia ante la justicia de sus secuestradores y asesinos, después de que el fiscal Ricardo Moller pidió el lunes que la causa fuera archivada otra vez, tal como lo había hecho en 2003 el juez del caso, Gustavo Mirabal, también a su pedido.
Moller dictaminó que no se puede reabrir el caso porque el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) dispuso que ese delito estaba cubierto por la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 y ratificada en plebiscito en 1989, que alejó de los tribunales a los uniformados acusados de cometer crímenes contra la humanidad durante la dictadura.
Esa norma establece que el Poder Ejecutivo debe determinar los casos de violaciones a los derechos humanos que no son sujetos a juicio, ya sea porque los imputados son uniformados o porque el delito no es considerado de orden común, a la vez que ordena investigar el destino de los detenidos-desaparecidos en aquel período.
El abogado de la familia Gelman, José Luis González, manifestó su pesimismo a IPS ante la situación, pese a que una decisión de este tipo era esperada. Ahora hay que aguardar unos pocos días para que el juez se expida al respecto y, ante ello, ver que acción emprender, explicó.
Mirabal puede dar la razón a Moller y, en ese caso, todo estará dicho, dijo en referencia a que el único camino a transitar sería recurrir a algún fuero internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Empero, estoy confiado en que el juez siga adelante con el proceso, incluyendo la convocatoria de los militares y policías involucrados, todos retirados, apuntó. Es casi seguro que el fiscal apelaría una decisión de ese tipo, con lo cual el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia tras sortear una instancia intermedia.
Un trámite que puede demorar las primeras sentencias hasta un año y medio o dos, demasiado tiempo para que finalmente se haga justicia, más teniendo en cuenta lo ocurrido hasta ahora en ámbitos judiciales en Uruguay, opinó con evidente desazón.
Pero González precisó que los tiempos procesales alcanzan aunque se cambie la carátula de desaparición —que no prescribe hasta que no se encuentre a la persona viva o muerta— por la de homicidio, en caso de hallarse los restos de García.
El plazo para juzgar el caso vence en septiembre de 2011 porque empezó a transcurrir en 1985, cuando se recuperó la democracia, y por tratarse de un delito agravado, dijo González.
Un tanto más optimista sobre el futuro de este y otros casos de violaciones de derechos humanos se expresó el abogado Guillermo Payssé, del Servicio de Paz y Justicia. Confío en que los actores judiciales estén ahora a la altura de las circunstancias del clima contra la impunidad que le hace bien a todos, dijo a IPS.
Creo que ha llegado el momento de revisar las conciencias de cada uno, de revisar posiciones jurídicas y, dentro de la legalidad vigente al día de hoy, combatir todos la impunidad, pues no le hace bien a un Estado de derecho que uno de los cimientos sea la impunidad, apuntó el jurista de la organización no gubernamental.
Paradójicamente, un fiscal aparece hoy como el escollo más difícil a vencer para quebrar la impunidad de un crimen, una vez que las Fuerzas Armadas comienzan a dejar de lado su monolítica defensa de la represión, de la mano del cambio en la política de derechos humanos adoptada por el gobierno izquierdista que asumió el 1 de marzo pasado.
La investigación del destino final de García era la que caminaba más rápidamente respecto de otro crimen emblemático: los asesinatos en mayo de 1976 en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de otros dos ciudadanos uruguayos por personal de la dictadura que encabezaba Juan María Bordaberry.
Ambas acciones realizadas el mismo año a cargo de fuerzas de los dos países se encuadran en las típicas perpetradas en el marco del Plan Cóndor, nacido en Chile con la anuencia de Estados Unidos para coordinar la represión de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80.
Las dos causas no están amparadas por la ley de caducidad, según dispuso el presidente Vázquez, del izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio, como ya lo había adelantado en su discurso de asunción del cargo.
Sus antecesores Batlle y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) del derechista Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del centroderechista Partido Nacional o Blanco, pusieron debajo de ese paraguas legal a todos los casos, aunque hubiera civiles involucrados o fueran delitos comunes.
Que García fuera la esposa de Marcelo Gelman, cuyos restos fueron encontrados en los años 80 en Buenos Aires con un balazo en la nuca, fue clave para que su caso tuviera gran repercusión internacional y pusiera en jaque a Sanguinetti al final de su segunda presidencia.
El padre de Marcelo, el poeta y periodista argentino Juan Gelman, realizó una investigación y logró, casi en simultáneo con otra llevada a cabo por el diario La República, ubicar el paradero de su nieta Macarena, quien había sido criada por un policía allegado a Sanguinetti, que lo puso en su segundo mandato al frente de una jefatura del interior del país.
Mientras llevaba a cabo esa investigación, Gelman movilizó sus amplias relaciones internacionales del ámbito cultural para el envío de centenares de cartas pidiendo sin éxito a Sanguinetti que revelara el destino de su nieta y de su nuera.
Quien confirmó el paradero de Macarena fue el presidente Batlle, tras lo cual puso en marcha la Comisión para la Paz, conformada por personalidades independientes, que pudo establecer la muerte por torturas en cuarteles de 26 personas de unas 200 uruguayas desaparecidas durante la dictadura, la gran mayoría de ellas en territorio argentino.
Sin embargo, el destino de muchos de esos que la Comisión no pudo determinar, así como de otros desaparecidos, se podrían esclarecer tras las excavaciones que también se iniciaron en un segundo cuartel, el número 13. También hay nuevos datos en el primer informe al respecto realizado por las tres ramas militares, que fuera entregado el lunes a Vázquez.
Se abre una nueva etapa, que es el camino de la verdad, que se reclamaba a lo largo de las marchas del silencio de cada 20 de mayo (aniversario de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz), por eso bienvenida esta intervención de las Fuerzas Armadas, sostuvo Payssé.
El activista aplaudió que el nuevo gobierno haya cumplido lo que prometió en su campaña electoral respecto de investigar el destino de los detenidos-desaparecidos.
Creo, añadió, que va a haber un reconocimiento de las Fuerzas Armadas de que se equivocaron al actuar como lo hicieron durante la dictadura. Lo menos que corresponde es pedir perdón a la nación, y de ese modo se van a ver liberadas de esa culpa. (
