Un fuerte impacto ambiental provoca la extracción de gas y petróleo en la serranía del Aguaragüe, en el Chaco tarijeño del sur boliviano, y las nueve empresas responsables no logran minimizar los daños, denunció la organización no gubernamental Protección del Medio Ambiente Tarija (Prometa).
En los últimos años, la explotación de reservas que suman 48 trillones de pies cúbicos convirtió al país en la segunda potencia gasífera de América del Sur.
Petrobras, empresa estatal brasileña considerada la más importante de las nueve que operan en Bolivia, informó a Tierramérica que lleva a cabo una "política de gestión de eco-eficiencia en las operaciones reduciendo a niveles mínimos los impactos". Entre las otras firmas están la española Repsol, la británica British Gas y la francesa Total.
"El concepto de eco-eficiencia abarca conservación de ecosistemas, preservación y disminución del uso de los recursos no renovables. Educa, capacita y compromete con el ambiente a empleados y empresas contratistas", afirmó Jose Fernando de Freitas, presidente de Petrobras-Bolivia, que inició operaciones en 1996 en el marco de acuerdos bilaterales de integración.
Sin embargo, Arnaldo Wayer, director de Prometa, expresó a Tierramérica dudas sobre la eficiencia de las petroleras y opinó que les falta mucho para cumplir con todos los requisitos de preservación ambiental y responsabilidad social ante las comunidades.
La serranía del Aguaragüe tiene dos potencialidades: las enormes cantidades de gas que brindarán en los próximos 20 años importantes ingresos a Bolivia, y la provisión de agua para las tres ciudades más importantes del Chaco (Villamontes, Yacuiba y Carapari) y las comunidades originarias, indicaron en un informe Prometa, la Fundación Argentina Yuchán y el Programa de Conservación y Desarrollo.
Ese estudio pronostica que la explotación de hidrocarburos alterará la calidad del paisaje y disminuirá la riqueza del bosque por tala masiva, incendios, modificación o pérdida de hábitat y contaminación del aire. La calidad del agua superficial también se vería afectada, debido a la erosión de suelos por el cambio de cauces de arroyos y el tránsito por ellos.
Las firmas petroleras "están afectando el régimen hídrico al destruir corrientes de agua subterránea, desvían cursos y destruyen la cubierta de la vegetación, disminuyendo significativamente su capacidad de absorber y distribuir el agua", alegó Wayer.
Otros impactos indirectos son la apertura de sendas que causan asentamientos humanos no deseados, y una ampliación de la frontera agrícola hacia la parte alta de la serranía, que pone en peligro la biodiversidad de esa zona, declarada Parque Nacional y Área Protegida de Manejo Integrado en mayo de 2000, agregó.
La serranía del Aguaragüe, donde la explotación petrolera data de 1867, se extiende de sur a norte con un promedio de ocho kilómetros de ancho y una superficie de 118.700 hectáreas.
Se caracteriza por las yungas andinas (selvas de montaña o selvas nubladas, protegidas por el Parque Nacional) y la selva pedemontana y sabanas del Chaco en el Área de Manejo Integrado.
Se registran en la zona más de 130 especies de plantas pertenecientes a 48 familias, 408 especies de aves, algo más de 20 especies de mamíferos clasificadas de cerca de 100 existentes, y anfibios y reptiles aún no cuantificados.
En el parque y sus inmediaciones habitan unas 100 comunidades indígenas guaraníes y weenhayek (matacos), que suman no más de 8.000 personas. Se dedican a la pesca y, en tiempos de veda, a la recolección de miel, frutos, maíz y hortalizas.
"Los lodos de perforación echados por las petroleras en piscinas contaminan el agua, por el efecto del rebalse por lluvias y filtración", explicó a Tierramérica Cecilia Cortez, ingeniera agrónoma de Prometa.
De Freitas aseguró que Petrobras-Bolivia "optimiza el uso de los recursos naturales en la perforación de los pozos, reutilizando las aguas de los afluentes y reduciendo el consumo de energía eléctrica".
Esa empresa "cumple rigurosamente la legislación boliviana", e incluso reduce y supervisa la emisión de dióxido de carbono "como determina el Protocolo de Kyoto", afirmó. El tratado internacional, que controla el cambio climático, entró en vigor en febrero.
Wayer no niega la importancia de la explotación de energéticos, pero demanda que se realice "con responsabilidad ambiental y social".
"El Estado tiene que obligar a las empresas a mitigar los impactos ambientales", pero hasta ahora, "pese a las recomendaciones y normas legales no hay un seguimiento serio para la reforestación y regeneración de las áreas afectadas", sostuvo.
Según De Freitas, Petrobras-Bolivia cumple con su responsabilidad social, e invirtió de 2000 a 2004 cuatro millones de dólares en obras para el entorno comunitario de sus explotaciones, suministrando agua potable y energía eléctrica, mejoramiento de escuelas, construcción de hospitales y postas, alfabetización, vivienda y caminos.
"Evidentemente se ha mejorado, algo se ha hecho desde la perspectiva de las empresas, pero no pueden hacer obras sin planificar ni coordinar con el gobierno, los municipios y las comunidades", respondió Wayer, y señaló por ejemplo que se construyen postas sanitarias pero no hay médicos que las atiendan.
Los activistas advierten que antes de que los daños sean irreversibles en el Aguaragüe, los organismos de gobierno y las comunidades afectadas deben establecer una alianza estratégica con el sector petrolero para prevenir y controlar la contaminación, deforestación, erosión y sedimentación, y proteger flora, fauna y paisaje.
* El autor es colaborador de Tierramérica. Publicado originalmente el sábado 9 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
