Los jefes de gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán esta semana para decidir si continúan con el proceso de ratificación de la Constitución del bloque, ya rechazada en Francia y Holanda.
El proyecto constitucional naufragó de hecho luego de que 55 por ciento de los votantes franceses y 62 por ciento de los holandeses se opusieran al texto, el 29 de mayo y el 1 de junio respectivamente.
Desde entonces, varios gobiernos han expresado su renuencia a continuar con el proceso de consultas populares. La entrada en vigencia del Tratado Constitucional, aprobado el año pasado, ya está descartada, pues se necesitaba la ratificación de los 25 estados miembros del bloque.
Sólo nueve países adhirieron formalmente al tratado (Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia y Lituania).
Gran Bretaña ya suspendió los preparativos para su referendo, mientras las últimas encuestas en Dinamarca, Polonia y Portugal indican un mayor rechazo popular al texto constitucional que en los casos de Francia y Holanda.
En Luxemburgo, que prepara su referendo para el 10 de julio, el apoyo al no a la Constitución pasó de 28 a 45 por ciento desde abril.
Ante este negativo panorama, los líderes de la UE se reunirán este jueves y el viernes en Bruselas con la obligación de revisar el futuro de la Constitución y del propio bloque.
Algunos proponen que se prosiga con las consultas populares a los efectos de conocer cuál es la opinión general de la población de la UE, pero otros opinan que se debe suspender el proceso y tratar de llegar a un acuerdo sobre un texto constitucional que convenza a todos.
Gran Bretaña ha indicado que procurará un acuerdo en esta cumbre para suspender el proceso, mientras que Alemania y Francia, así como la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, y la mayoría del Parlamento Europeo prefieren terminar las consultas en cada país para saber cuál es la opinión de todos los habitantes de la UE.
Tendrá que haber otro tratado. Se necesitará otro dentro de dos o tres años, dijo el director político del independiente Centro de Políticas Europeas, con sede en Bruselas, John Palmer.
Pero Sebastian Kurpas, investigador del Centro para Estudios Políticos Europeos, sostiene que el escenario más probable en el mediano plazo es que, para evitar nuevos fracasos, los países del bloque se conformen con ampliar el Tratado de Niza con algunos elementos del texto constitucional, para los cuales no se necesite ratificación.
El Tratado de Niza, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003, establece los principios de la ampliación de la UE.
No obstante, Kurpas señaló que enterrar el Tratado Constitucional y apelar al Tratado de Niza con algunos retoques no es la mejor salida, pues no tiene en consideración la opinión de los habitantes del bloque.
El proceso de ratificación sólo debería detenerse si existe una alternativa sobre la mesa que, por un lado, sea aceptable para todos los estados miembro y, por el otro, lo suficientemente ambiciosa para proveerle un más eficiente y democrático funcionamiento a la UE ampliada, sostuvo.
Varias organizaciones no gubernamentales piden a las autoridades europeas que adopten un sistema de participación democrática, por el cual los ciudadanos puedan ser consultados en forma directa sobre asuntos locales, regionales, nacionales y relativos al bloque.
Estos grupos señalan que los resultados de los referendos en Francia y Holanda demuestran la falta de conexión entre los ciudadanos y los líderes políticos, la ausencia de una visión común y la carencia de una plataforma democrática para debatir el futuro del bloque.
Plataforma Social, una red de organizaciones no gubernamentales europeas, exhortó a los países de la UE a que respondan al mandato de la Comisión Europea para que desarrollen una estrategia conjunta que fomente una mayor información y participación de los ciudadanos.
Las organizaciones sociales creen que es un desafío que Europa no puede ignorar si vamos a crear una Unión que refleje las expectativas y necesidades de su pueblo, dijo a IPS la presidenta de Plataforma Social, Anne-Sophie Parent.
Lamentablemente, el debate sobre la Constitución fue dominado por los temas vinculados con las reformas institucionales y no por los objetivos de la Unión. No se le prestó la atención suficiente al desafío democrático de Europa. Este error no puede repetirse, añadió.
El clima que rodea los preparativos de la cumbre de este jueves es muy tenso no sólo por la controversia sobre la Constitución, sino también por la amenaza de Gran Bretaña de vetar el presupuesto del bloque si se le obliga a renunciar a su reembolso anual de 5.500 millones de dólares al año.
Ese es el dinero que Londres recupera todos los años de las arcas de la UE luego de hacer sus contribuciones.
Gran Bretaña ganó este reembolso en 1984 luego de duras negociaciones lideradas por la entonces primera ministra Margaret Thatcher. El acuerdo le ha permitido a Londres compensar dos tercios de sus pagos anuales al bloque.
Varios líderes europeos, encabezados por el presidente francés Jacques Chirac, quieren que Gran Bretaña renuncie a su reembolso, pero el primer ministro de ese país, Tony Blair, señaló que no lo pondría a negociación a menos que se revise el polémico sistema europeo de subsidios agrícolas, que le permite a los productores franceses recibir subvenciones anuales por 12.500 millones de dólares.
