Tengo 50 años, nací en guerra y he vivido en guerra toda mi vida, dijo la dirigente sindical y feminista Patricia Buriticá, pionera en incorporar la perspectiva de género al sindicalismo de Colombia. Es una de las 12 postuladas de este país al premio Nobel de la Paz.
Las distinguidas con la postulación son indígenas, afro-descendientes, urbanas y campesinas, trabajadoras, académicas, feministas, religiosas, funcionarias públicas, líderes sociales y políticas, jóvenes, adultas y ancianas.
Las colombianas, junto a otras 987 nominadas simultáneamente en 150 países este miércoles a la hora 15:00 GMT, aspiran de manera colectiva al galardón que se otorgará el próximo 4 de octubre en Oslo.
1.000 mujeres y un Premio Nobel de la Paz 2005 es una campaña lanzada en 2003 por iniciativa de Ruth-Gaby Vermot-Mangold, integrante del Consejo Nacional Suizo y del Consejo de Europa, con el apoyo de Swisspeace, la Fundación Suiza para la Paz.
La postulada número 1.000 no tiene nombre, edad, ni nacionalidad, y en su lugar están representadas todas las que trabajan cotidianamente por la paz y la dignidad humanas.
Es el símbolo de la mujer que está en los ríos, en las cárceles, de la violada, la cabeza de familia, la trabajadora, la indígena, la campesina, la que no pudo venir, describió Nubia Castañeda, una de las nominadas colombianas, en rueda de prensa este miércoles en Bogotá.
Castañeda es una defensora de los derechos de las mujeres de origen africano en el rico, selvático y disputado departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, donde trabaja con desplazadas por la guerra civil de más de cuatro décadas.
Además, coordina regionalmente la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento pacifista, y forma parte de la red internacional Católicas por el Derecho a Decidir.
Esta postulación colectiva surgió porque, desde que se otorgó el primer premio Nobel de la Paz en 1901, lo han recibido sólo 12 mujeres, aunque son millones las comprometidas con un futuro sin violencia.
Las premiadas fueron la keniata Wangari Maathai, la iraní Shirin Ebadi, las estadounidenses Jody Williams, Emily Greene Balch y Jane Addams, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, la birmana Aung San Suu Kyi, la albanesa Madre Teresa de Calcuta, la sueca Alva Myrdal, las irlandesas Betty Williams y Mairead Corrigan, y la austríaca Bertha Sophie Felicita von Suttner.
Al galardón de este año, están postuladas 144 mujeres de 19 países latinoamericanos.
Las 10 juradas colombianas optaron mayoritariamente por mujeres muy reconocidas en sus regiones, comunidades y áreas de acción, aunque no siempre figuras nacionales en este país en el que se enfrentan guerrillas izquierdistas con fuerzas del Estado y paramilitares de ultraderecha.
Las nominadas persisten en la salida política al conflicto social y armado (y) promueven la presencia de las mujeres y sus organizaciones en las mesas de negociación (…) confiriendo nuevos rumbos a las historias personales y colectivas por medios diferentes a la fuerza, la dominación y la exclusión, afirma el acta del jurado, integrado por profesionales, funcionarias estatales y líderes sociales.
La ausencia de mujeres en los esfuerzos de paz ha sido siempre señalada como una falencia capital por líderes feministas y sociales.
La campesina María Eugenia Zabala es una viuda de la guerra y una desplazada, condición que comparte con tres millones de colombianos. En la huida perdió sus bienes y tuvo que endeudarse para adquirir una vivienda y dar techo a sus hijos.
Su trabajo es fortalecer a las mujeres desplazadas, que suelen quedar como ella a cargo de sus familias. La paz es equidad, dijo Zabala, quien promueve el rechazo a la guerra en el corazón del territorio bajo control paramilitar, el noroccidental departamento de Córdoba.
Virgelina Chara, una líder afro-colombiana del sudoccidental Valle del Cauca, desplazada en Bogotá, es cantautora. Se dedica a fomentar la generación de ingresos y la formación política de resistencia contra la guerra.
Beatriz Elena Rodríguez fue trabajadora sexual y hoy se dedica a apoyar a otras que se prostituyen en la sureña Florencia, departamento del Caquetá, zona de ofensiva militar contra la guerrilla. Sus experiencias la hacen concluir que el cuerpo de las mujeres también es un campo de guerra.
Rodríguez fomenta alternativas de sustento para jóvenes de ambos sexos que, sin salidas, engrosarían las filas combatientes.
Hilda Liria Domicó, indígena de la etnia emberá katío en las ricas tierras de Urabá, noroeste del país, es educadora de cultura de su comunidad, amenazada por la presión del conflicto.
Para otra indígena, la nasa María Beatriz Aniceto, fue el espíritu del duende el que llevó su nombre al jurado.
Aniceto habita en el resguardo (territorio indígena) de Avirama, en el sudoriental departamento del Cauca, donde fue gobernadora del cabildo por dos periodos consecutivos, logrando avances en el reconocimiento de la autonomía aborigen garantizada por la Constitución. También es parte de la Ruta Pacífica.
Yolanda Becerra conduce la Organización Femenina Popular (OFP) en el central puerto fluvial petrolero de Barrancabermeja, bajo dominio paramilitar tras crueles matanzas a finales de los años 90.
La OFP se inició hace 32 años organizando ollas comunitarias para aliviar el hambre del vecindario. Después proyectó su trabajo hacia la defensa de los derechos humanos integrales, dijo Becerra.
Son célebres las historias de las mujeres de la OFP enfrentadas, sólo con la palabra, a paramilitares armados en las calles de Barrancabermeja. Sus integrantes han sufrido asesinatos, torturas y amenazas.
Con 74 años, María Tila Uribe es la mayor de la lista. Su trayectoria muestra tenacidad y fidelidad en la lucha por la justicia y la paz, según el jurado. Recurre a una pedagogía liberadora que recoge experiencias de América Latina. Hoy trabaja con mujeres de la tercera edad.
Rafaela Vos, socióloga, politóloga e historiadora feminista, ha dedicado sus conocimientos a la defensa de los derechos humanos. Soy académica, pero no enclaustrada, advirtió quien se describe como parte de esa generación que ha logrado cambios sin disparar un solo tiro.
Reconocida nacional e internacionalmente, Ana Teresa Bernal abrazó la lucha por la paz desde la adolescencia. Desde 1994 es portavoz de la Red de Iniciativas por la Paz.
Bernal hizo campaña por el Mandato Ciudadano por la Paz, una consulta que obtuvo 10 millones de votos en las elecciones de 1997 y que llevó al gobierno a una negociación a la postre fallida con la guerrilla.
En la rueda de prensa hubo una nominada ausente, Luz Perly Córdoba, abogada defensora de derechos humanos de la zona de guerra y petrolífera de Arauca, fronteriza con Venezuela.
Presidenta de la Asociación Campesina de Arauca, Córdoba fue encarcelada 14 meses bajo cargos de rebelión, y liberada en abril. Una vez libre, volvió a ser amenazada de muerte y se exilió.
De origen indígena y defensora del ambiente, Córdoba se opone a las prácticas de expulsión de comunidades de los territorios para dar lugar a grandes proyectos económicos.
El jurado lamentó la presentación tardía del nombre de la ex senadora y ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, madre de dos adolescentes y rehén hace 40 meses de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que pretende canjearla por sus combatientes presos.
Aunque el formulario de postulación llegó tiempo después del fallo emitido por el jurado, merece exaltarse su trabajo político, su esfuerzo por encontrar caminos de paz en Colombia, afirma el acta.
