El controvertido proyecto de Ley Forestal colombiana, que según sus críticos subordina la protección de los ecosistemas a intereses comerciales, fue aprobado en penúltimo trámite legislativo el viernes.
Los expertos coinciden en que es preciso un marco legal sólido para unificar la actual profusión de normas y regular el manejo de plantaciones forestales y de selvas que albergan una de las biodiversidades más extraordinarias del planeta, en un país del doble de tamaño que Francia, con costas sobre el mar Caribe y el océano Pacífico, andino y amazónico a la vez, y con una superficie de bosques de 56 a 60 millones de hectáreas.
Pero también indican que el proyecto, que seguramente será aprobado definitivamente la semana próxima de ser integral, ve a los bosques "como (si fueran) madera", según resumió un líder indígena en un encuentro propiciado en marzo por el Foro Nacional Ambiental (FNA) en Bogotá.
Es un error de nacimiento, según los más benévolos. O un caso de "miopía", para otros más críticos.
Pero para los 90 pueblos indígenas y las comunidades negras tradicionales, el bosque es hábitat, no un lugar para explotar. A ellos corresponde, según la Constitución y las leyes, decidir qué hacer con los bosques en sus territorios, pero ya parece muy improbable que el parlamento asuma ese criterio.
Los grupos étnicos dicen que no fueron consultados para la elaboración del proyecto, y que sólo se los llamó cuando éste ya estaba redactado.
Esto, según el abogado indigenista Roque Roldán, supone una violación de la Constitución y la ley, que efectivamente otorga a indígenas y comunidades negras garantías y derechos sobre los recursos naturales en sus territorios, su administración, uso, manejo y aprovechamiento.
Tomás Román, del pueblo huitoto en el Amazonas, afirmó ante el FNA que esta ley viola el Derecho Mayor de la tradición indígena, "que existía mucho antes de que hubiera Constitución".
Los indígenas son casi dos por ciento de los 44 millones de habitantes de Colombia. La población negra que se adaptó en comunidades selváticas aportando tradiciones africanas suma unas 100.000 personas.
El proyecto, inicialmente diseñado con la intención de establecer reglas e incentivos para las plantaciones industriales, luego fue complementado a retazos, con la aspiración de regular también el manejo de selvas y bosques, en cuya superficie hay de 26 a 28 millones de hectáreas que son propiedad colectiva, inembargable e imprescriptible de indígenas y comunidades negras.
Mientras, el gobierno plantea que quiere promover las plantaciones y el aprovechamiento económico de los bosques, y argumenta que "el sector forestal está subdesarrollado".
En ello coincidió Adolfo Aristizábal, vocero ante el FNA del gremio de madereros agrupado en Fedemaderas, quien además aspira a que la Ley Forestal ponga freno a la explotación ilegal y el contrabando de maderas finas.
Una carta abierta del 18 de mayo a los legisladores firmada, entre otros, por 10 organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas, advirtió que "el proyecto desconoce múltiples tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de bosques, biodiversidad y medio ambiente".
Entre esos instrumentos lista el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Panel Intergubernamental de Bosques de Naciones Unidas, la Decisión 391 sobre acceso a recursos genéticos de la Comunidad Andina de Naciones, la Convención Ramsar, y la Convención de Lucha Contra la Desertificación y Sequía.
Según los campesinos e indígenas, con esta ley los empresarios de la explotación comercial de madera, dueños ya de 140.000 hectáreas de plantaciones, "se benefician de mecanismos para la apropiación del bosque natural".
En cambio, "no existen en el proyecto disposiciones equivalentes para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los bosques naturales", agregan.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas se superpone sobre 40 por ciento de los territorios tradicionales indígenas.
La Ley Forestal dispone "mecanismos que permitirían legitimar ocupaciones de hecho sobre áreas consideradas como 'baldíos', muchas de las cuales han sido desocupadas mediante el desplazamiento forzado de sus pobladores" en la longeva guerra colombiana, advierte la carta abierta.
Desde 1985, según la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes), han sido expulsadas de sus hogares 3,2 millones de personas, la mayoría en predios rurales.
"La aprobación de esta ley iría en contravía a los esfuerzos para la paz y conduciría por el contrario a fuertes conflictos por el acceso y control del patrimonio natural", señalan las organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas sobre la ley, entre otras críticas.
