La nueva crisis institucional de Bolivia, que amenaza con reiterar un derrocamiento presidencial como el de Ecuador, pone en jaque el papel estabilizador de Brasil en América del Sur, aunque la diplomacia de Itamaraty mantiene un amplio respaldo nacional pese a fracasos y cuestionamientos.
La visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Corea del Sur y Japón, y la del canciller Celso Amorim a Israel, la semana pasada, neutralizaron parte de las críticas al tercermundismo arcaico de la diplomacia brasileña, lanzadas por sectores promotores de un mayor acercamiento comercial a los grandes mercados del Norte.
Al fin un viaje relevante, sentenció un columnista del diario económico Valor, refiriéndose a la gira oriental del presidente, destinada a atraer miles de millones de dólares en inversiones y ampliar las exportaciones.
Las críticas a la opción preferencial por el Sur se habían exacerbado por la iniciativa de celebrar la Cumbre América del Sur-Países Árabes en Brasilia, el 10 y el 11 de mayo, que concluyó con una declaración contraria a Israel y a Estados Unidos.
El hecho se sumó a dos meses de malos pasos diplomáticos. En abril, Brasil sintió la derrota de su candidato a director general de la Organización Mundial del Comercio, Luiz Felipe de Seixas Correa, lanzado para oponerse al postulante Carlos Pérez del Castillo, uruguayo pero persona non grata en Brasilia.
La postulación dividió al Mercado Común del Sur (Mercosur,) y facilitó el triunfo del francés Pascal Lamy, que como comisario de Comercio de la Unión Europea había sido adversario de los países en desarrollo que combaten los subsidios agrícolas.
También en abril fracasó el intento brasileño de mediar en la crisis de Ecuador, que desembocó en una destitución inconstitucional del presidente Lucio Gutiérrez por parte del parlamento.
La rapidez de los hechos sorprendió a Brasilia, que además se vio obligada a acoger a Gutiérrez como asilado, bajo protestas populares en Quito y duras críticas de Argentina a las ambiciones hegemónicas de Brasil, agravando las divisiones en el Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.
En la Bolivia convulsionada Brasil intenta nuevamente cumplir un papel pacificador, en el que fundamenta buena parte de su liderazgo regional y que cuenta a favor la exitosa mediación del conflicto fronterizo de Ecuador y Perú, 10 años atrás, y su aporte en moderar la crisis política venezolana el año pasado.
Pero el enviado de Lula para dirimir conflictos, su consejero internacional Marco Aurelio García, ya comprobó que en Bolivia será difícil alcanzar un consenso básico para salir del atolladero en que se encuentran fuerzas diversas y propuestas encontradas.
Sectores empresarios de la rica zona oriental petrolera boliviana impulsan un referendo por su cuenta que les dé autonomía sobre sus recursos, mientras campesinos e indígenas y sindicatos reclaman una Asamblea Constituyente que refunde la república y establezca un sistema autonómico igual para todas las regiones.
Además, la nueva Ley de Hidrocarburos obliga a las compañías transnacionales a firmar nuevos contratos de exportación y a pagar mayores impuestos. Pero movimientos populares piden lisa y llanamente la nacionalización del gas natural.
Brasil busca sobre todo asegurarse el suministro de gas boliviano y las inversiones en ese país de su compañía estatal petrolera Petrobras, estimadas en 1.500 millones de dólares, pero también evitar una salida inconstitucional que afectaría a toda la región y a la recién creada Comunidad Sudamericana de Naciones, aún por consolidar.
Brasil no tiene interés en una desestabilización de América del Sur que perjudicaría sus intereses económicos, comerciales y políticos, pues busca afirmar su actuación como potencia regional con mayor peso en las negociaciones internacionales, dijo a IPS el historiador y experto en relaciones internacionales Luiz Alberto Moniz Bandeira.
En su opinión, Estados Unidos acepta ese papel estabilizador de Brasil, pues no dispone de condiciones para actuar en América Latina, ante los problemas que enfrenta en Medio Oriente y el agotamiento de sus fuerzas armadas en las guerras de Iraq y Afganistán.
La prioridad concedida por el gobierno brasileño a América del Sur tiene razones pragmáticas, pese al sesgo ideológico que le atribuyen muchos defensores de acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa.
Las exportaciones brasileñas hacia los once restantes países de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) volvieron a superar este año las destinadas a Estados Unidos, situación que no se presentaba desde 1998 y que anteriormente solo se registró entre 1992.
Entre enero y abril, Brasil exportó por valor de 7.332 millones de dólares a los socios de la Aladi y por 7.008 millones a Estados Unidos, con la ventaja adicional de vender a los primeros más productos industrializados, de mayor valor agregado, y de obtener frente a ellos un superávit más abultado, de 3.893 millones de dólares en los cuatro meses.
La Aladi se compone de 10 países sudamericanos, todos a excepción de Guyana y Surinam, además de Cuba y México.
Las inversiones brasileñas en los demás países de América del Sur suman 7.540 millones de dólares, según divulgó el diario O Globo el 23 de mayo. Empresas brasileñas como Petrobras y la cervecera Ambev adquirieron varios negocios, y bancos estatales financian numerosos proyectos en las naciones vecinas.
Por tanto, las crisis que afectan a países andinos amenazan simultáneamente la expansión económica de Brasil y sus proyectos geopolíticos. Se fortalecen así los argumentos de sectores empresariales y políticos más interesados en el área de Libre Comercio de las Américas y en un acuerdo con la Unión Europea.
Pero en la izquierda, la actual política externa brasileña cuenta con fuerte apoyo. El único error fue el envío de militares a Haití, comentó Gilmar Mauro, dirigente del Movimiento de los Campesinos Sin Tierra, reflejando la visión de sectores sociales y políticos izquierdistas, tradicionalmente cercanos al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Participar en las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Haití era un deber ineludible de solidaridad activa, pese a los riesgos, dijo a IPS el diputado Paulo Delgado, experto en relaciones internacionales del PT.
Haití está devastado por la violencia de grupos armados ilegales y ocupado por una misión de la ONU desde inicios de 2004, cuando el gobierno constitucional fue derrocado por un golpe de Estado.
El deber brasileño responde a una tradición de acciones humanitarias que Brasil cumple con eficiencia en varias partes, especialmente en los países de lengua portuguesa, argumentó Delgado, aunque propugnó que las misiones de la ONU en áreas de conflicto tuvieran un carácter más social que militar.
