El DDT es uno de los 12 contaminantes orgánicos persistentes de los que la comunidad internacional propone deshacerse lo antes posible, pero ese insecticida, que antes de caer en el descrédito evitó millones de muertes e inspiró un Premio Nobel, parece aún tener larga vida por delante.
Para muchos países, el DDT (dicloro difenil tricloroetano) es todavía un arma eficaz y barata contra la malaria (también conocida como paludismo), reconocen agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esa enfermedad, que se transmite por la picadura de un mosquito, mata anualmente a más de un millón de personas, especialmente en África, y enferma globalmente a unos 300 millones.
América Latina no se salva del impacto. Más de un tercio de la población de esta región vive en zonas de riesgo y cada año 1,4 millones de personas, sobre todo niños, contraen el mal, en cuyo combate se gastan más de 105 millones de dólares anuales, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Algunos observadores atribuyen el devastador efecto de la malaria a las limitaciones impuestas por gobiernos y ambientalistas al uso del DDT, compuesto de amplias propiedades insecticidas, patentado en 1937 por el químico suizo Paul Müller.
La eficacia y persistencia insecticida del DDT evitaron grandes pérdidas de cosechas y las consiguientes hambrunas en países en desarrollo, tanto que Müller se hizo acreedor al Premio Nobel de Medicina en 1948.
Pero el mundo se puso en guardia contra el DDT en los años 70 cuando algunos estudios sugirieron que es cancerígeno, origina partos prematuros, contamina alimentos y causa daños neurológicos, respiratorios y cardiovasculares.
Entonces surgieron otros insecticidas, pero todos más onerosos.
Ningún estudio es concluyente acerca de los efectos dañinos del DDT, pero con base en el principio precautorio y por la aparente presión de algunas grandes compañías que producen insecticidas (que compiten con el DDT) se acordó limitar su uso, dijo a Tierramérica el científico Américo Rodríguez, del Centro de Investigación de Paludismo de México.
El DDT terminó incluido en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, instrumento internacional firmado en 2001 para limitar y eliminar el uso de 12 sustancias en el mundo, todas con gran capacidad para acumularse en los tejidos animales grasos y transmitirse a través de la cadena alimentaria.
El Convenio autoriza el uso del DDT exclusivamente en la lucha contra vectores de enfermedades, bajo lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
Los países firmantes del acuerdo deberán decidir si debe seguir siendo así, durante su primera reunión del 2 al 6 de mayo en la sudoriental ciudad uruguaya de Punta del Este.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), motor del Convenio, pidió de antemano cautela con la cuestión del DDT.
Documentos de esa agencia, redactados a propósito de la cita en Uruguay, señalan que los participantes podrían concluir que los países que actualmente utilizan el DDT para el control de vectores de enfermedades tal vez necesiten mantener ese uso mientras las condiciones locales lo hagan necesario y hasta que se disponga de alternativas.
El director ejecutivo del Pnuma, Klaus Toepfer, fue aún más claro: A menos que se hagan inversiones más ambiciosas en la búsqueda de mejores vacunas contra el parásito del paludismo y mejores plaguicidas y métodos para luchar contra los mosquitos que son vectores, faltan muchos años para que se llegue a la completa eliminación del DDT.
Cada año se usan en unos países 7.500 toneladas de DDT para rociar paredes interiores de hogares. Es una forma relativamente barata y eficaz de repeler y matar a los mosquitos transmisores del paludismo.
En América Latina, varias naciones consideran el DDT su última arma para combatir una posible epidemia. Ecuador, por ejemplo, pedirá en Punta del Este que el insecticida no sea eliminado por ahora del mercado.
Ecuador desea que se pueda usar el DDT por lo menos dentro de los próximos años hasta que existan estrategias integrales alternativas para combatir el paludismo, indicó a Tierramérica Ricardo Tapia, coordinador del proyecto sobre contaminantes orgánicos persistentes que financia la ONU.
En ese país, que reportó 52.000 casos de malaria en 2003, no se usa DDT desde 1990, pero las autoridades no desean cerrar la posibilidad de hacerlo si se produce una emergencia sanitaria.
En 2001, Venezuela y Costa Rica habían solicitado a la ONU autorización para seguir usando el DDT en el control de la malaria. Brasil, en cambio, pidió usarlo para la producción del dicofol, un pesticida utilizado en la producción de cítricos.
En lo que va de este año, Venezuela registró 11.000 casos de paludismo, pero el director de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud venezolano, Jesús Toro, aseguró a Tierramérica que su país dejó de utilizar el DDT contra esa enfermedad en 1994, y que no planteará en Uruguay reanudar su uso.
Sin embargo, reportes del PNUMA y de la no gubernamental Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), indican que el producto sí fue utilizado en Venezuela en los últimos años.
Guatemala, en cambio, se opone frontalmente al uso del insecticida. No debería permitirse el uso de DDT, dijo a Tierramérica Rodolfo Zeissing, encargado del programa de Malaria del Ministerio de Salud guatemalteco.
La posición de Guatemala es no favorecer el uso del DDT porque daña el ambiente, debido a que sus residuos permanecen en el suelo por muchos años, con lo cual contamina a través de la cadena alimenticia los suelos, el pasto consumido por el ganado, la leche de vaca, la carne y la leche materna, destacó.
En ese país centroamericano, donde se registraron más de 14.000 casos de malaria, no se usa DDT desde los años 70, de acuerdo a fuentes oficiales. Pero según ONG, hay evidencias allí, como en muchos otros países de la región, de uso agrícola del pesticida, obtenido de contrabando.
Unas 14.500 toneladas del insecticida permanecen almacenadas en condiciones peligrosas en Guatemala, lo que hace temer que se produzca algún accidente. Para su eliminación ese país necesitará apoyo de expertos y de la OPS, señaló Zeissing.
La mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe afirma que en el combate al paludismo siguen los dictados de los expertos, aplicando un conjunto de medidas que incluyen insecticidas diferentes al DDT, apoyos sanitarios, seguimiento de casos, uso de mosquiteros, apoyo comunitario y atención médica oportuna.
Pero para David Reyes, representante en Ecuador de la RAP-AL, eso no es del todo cierto. Hay casos en que las autoridades sanitarias atacan de manera errada a los vectores del paludismo, dijo.
El impacto en la salud humana de plaguicidas alternativos al DDT puede ser grave, si no hay suficientes controles de seguridad. A veces se fumiga sobre las personas, es una barbaridad, denunció.
* El autor es corresponsal de IPS. Con aportes de Juan Carlos Frías (Ecuador), Jorge A. Grochembake (Guatemala) y Humberto Márquez (Venezuela). Publicado originalmente el sábado 30 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
