– El asesinato de cuatro profesionales de la salud en la norteña región peruana de Amazonas, atribuido a miembros de la etnia awajún, puso en evidencia la distancia entre el Estado y unos 64 grupos indígenas que habitan este país.
El 23 del mes pasado se supo que el médico Manuel Lagos, el enfermero Marcelo Huamán, el obstetra Juan Carlos Espinar y la técnica Gladys Salazar habían sido asesinados en el poblado indígena de Tagkejip, en Amazonas, aparentemente por haber vulnerado tradiciones nativas que consideran ofensivos los exámenes ginecológicos.
Los cuatro muertos formaban parte de lo que el Ministerio de Salud del Perú llama cuerpos de elite, brigadas de médicos y técnicos encargados de atender a poblaciones que, por su aislamiento, carecen de servicios sanitarios básicos.
El jueves, el periodista Luis Peña Vergaray, que estuvo varios días con los nativos de la vecina comunidad de Pampa Entsa, dijo a una radio local que una indígena de Tagkejip, la única que permaneció en la aldea luego del incidente, le había asegurado que los victimarios fueron nativos.
Vergaray dijo que su permanencia en Pampa Entsa fue en calidad de secuestrado, pero los indígenas aseguraron que había sido invitado a pernoctar. Su liberación se produjo luego de la llegada al lugar de una comisión encabezada por el ministro del Interior.
Vergaray y el jefe de la comunidad de Pampa Entsa, Antonio Mayán, coincidieron en que el crimen no debía atribuirse a la nación awajún ni al pueblo de Tagkejip, sino a unas cuantas personas que habrían actuado bajo efectos del mazato, una bebida alcohólica tradicional de la selva hecha a partir de yuca.
Del mismo modo se expresó el awajún Diógenes Ampam, investigador y magíster en Estudios Amazónicos. El hecho no puede quedar impune, pues tenemos que mantener nuestra imagen. Es como si en un distrito de Lima mataran a alguien y se culpara a todos los vecinos, dijo a IPS.
Los awajún rechazan que las partes íntimas de las mujeres de la etnia sean tocadas por hombres que no son sus parejas, dijo Ampam. Por eso, un examen ginecológico puede ocasionar reacciones, aunque no necesariamente tan violentas, sostuvo.
Ampam subrayó como un problema que estas brigadas del Ministerio de Salud ya no viajen, como solían hacerlo, con un antropólogo o un guía indígena de la zona.
Fuentes del Ministerio de Salud reconocieron a IPS que, por falta de recursos, los cuerpos de elite ya no viajan con un especialista que pueda tender un puente cultural con los pueblos indígenas.
No está claro si los brigadistas muertos habían coordinado su visita con las organizaciones nativas de la zona.
Esa coordinación es necesaria y se ha hecho más exigente desde que, en los últimos años, se acusa a los awajún de vínculos con el tráfico de hojas de coca (materia prima de la cocaína) y de látex de amapola (adormidera, con la que se elabora opio y heroína), sostuvo Ampam.
El narcotráfico no es nuestra costumbre, ni lo será. Nosotros nos dedicamos a la caza, a la pesca, al cultivo de la yuca y el ayahuasca, dijo indignado Ampam.
El ayahuasca es un vegetal con el que se prepara una bebida alucinógena, utilizada por los chamanes (médicos o sabios tradicionales) con fines curativos.
Las acusaciones de narcotráfico han aparecido insistentemente en los medios de comunicación en las últimas semanas.
El antropólogo Carlos Mora, quien trabajó en la zona, dijo a IPS que es posible que algunos nativos estén vinculados a negocios ilícitos, pero, como en el caso del asesinato de los brigadistas, no se puede acusar a toda la comunidad ni a toda la etnia.
Mora recordó que el alcalde indígena Manuel Díaz, de otra aldea más pequeña, estuvo preso por haber pretendido vender látex de amapola.
Ampam corroboró la versión, pero dijo que Díaz, quien purgó prisión por narcotráfico, fue contactado para ingresar al delito por miembros de la propia policía. Esos casos se presentan en las comunidades indígenas que viven cerca de pueblos mestizos, opinó.
Los awajún forman parte de la familia indígena shuar, denominada jíbaro por los mestizos u occidentales, como se conoce en Perú a la población de origen europeo que habita en el oeste.
Los shuar viven en las regiones septentrionales de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Se estima que los awajún suman entre 45.000 y 60.000 personas, además de los wampis, los ashuar, los candoshi y los shuar propiamente dichos, que también habitan en regiones de Ecuador.
Según su mayor o menor cercanía con comunidades mestizas, viven de la caza, la pesca y el cultivo en pequeña escala. Según Mora, se trata de un pueblo que ha vivido ancestralmente en función de la guerra, y aunque no es una sociedad esencialmente violenta, al estudioso le tocó presenciar actos como los sufridos por los brigadistas del Ministerio de Salud.
El ejército buscó la ayuda de los awajún durante la guerra del Cenepa, en 1995, contra Ecuador.
Según Ampam, cuando terminó ese conflicto, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) les prometió inversiones en carreteras, policlínicas médicas y otras obras.
Pero ninguna de esas promesas se cumplió, una prescindencia recurrente del Estado hacia la población indígena, que constituye más de 40 por ciento de los 28 millones de habitantes.
Cuando aún no amainaba el asombro por las muertes, en la aldea aymara surandina de Ilave, donde el año pasado había sido linchado el alcalde Cirilo Robles, su reemplazante fue amenazado y se vio obligado a esconderse.
En enero de 2003, en otra zona awajún ubicada en Cajamarca, un enfrentamiento entre nativos y colonos por la posesión de unas tierras, terminó con la muerte de al menos 20 colonos, sin que hasta hoy se haya sancionado a los responsables.
En otros países latinoamericanos se registran esporádicos brotes de violencia indígena.
En el estado brasileño amazónico de Rondonia, un grupo de cintas largas asesinó a 29 garimpeiros (mineros informales), en abril de 2004, luego de que estos ingresaran en sus territorios con el propósito de extraer diamantes.
Bolivia también vivió el año un brote de furia indígena, cuando Benjamín Altamirano, alcalde de la ciudad altiplánica de Ayo Ayo, acusado de corrupción, fue secuestrado, torturado y muerto, y su cuerpo hallado en la plaza principal del distrito.
Si bien en los incidentes de comunidades aymaras influyeron factores como conflictos políticos, contrabando o corrupción, la presencia del Estado es muy débil en algunas zonas de gran población indígena.
El artículo 15 del Código Penal peruano contempla la atenuación de penas cuando el culpable, por su cultura o costumbres, no comprende el carácter delictuoso de su acto.
Mientras, la prensa y algunos políticos, no dudan en colocar el rótulo de salvajes a los indígenas, cuando ocurren hechos violentos como los de Tagkejip.
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