La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emplazó al gobierno de Colombia a presentar a mediados de este año un calendario de aplicación de las recomendaciones del organismo para poner fin a los abusos contra la población civil derivados del longevo conflicto armado en ese país.
En la declaración del presidente de la Comisión, el indonesio Makarim Wibisono, se percibe el interés y la exigencia del cuerpo en que Colombia consiga avances en materia de derechos humanos, evaluó el abogado y activista Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Wibisono presentó a los 53 estados miembros de la Comisión la declaración de la presidencia que, desde hace nueve años, el organismo dedica a la crisis de Colombia. El texto se terminó de discutir este viernes, entre representantes del gobierno colombiano y de la Unión Europea (UE).
Beatrice Quadranti, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, dijo a IPS que logramos incluir en la declaración la calificación de 'conflicto armado' para el enfrentamiento que se libra desde hace más de medio siglo. El gobierno no aceptaba ese concepto, sostuvo.
Patrizia Scannella, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, resaltó el párrafo de la declaración que consagra la continuidad del mandato de la misión permanente que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, tiene establecida en Colombia.
El documento precisa que la Oficina desarrolla tareas de supervisión, una expresión que los delegados del gobierno colombiano trataron vanamente de eliminar, dijeron las organizaciones no gubernamentales.
Ése fue un logro de la UE, objeto de fuerte presión de las autoridades colombianas, hasta que en la mañana de este viernes se concertó un acuerdo, dijo Quadranti.
La activista otorgó valor especial a la referencia del documento al marco jurídico del proceso de desmovilización de los paramilitares derechistas, que garantice el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia para las víctimas de los crímenes de esos grupos.
Un proyecto gubernamental para establecer ese marco jurídico discutido actualmente en el parlamento colombiano es tildado por los opositores de ley de amnistía para los delitos de esos grupos.
Scannella celebró el reconocimiento que la declaración hace de la responsabilidad de la guerrilla, de los paramilitares respaldados por el ejército y de las fuerzas de seguridad en las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
En el conflicto interno colombiano combaten guerrillas izquierdistas de larga trayectoria contra grupos paramilitares derechistas de fuerte irrupción desde los años 80 (que dicen defender al Estado y tienen estrechos vínculos con el narcotráfico) y fuerzas públicas.
La representante de Amnistía saludó igualmente que se hubiera reconocido la existencia actual de un estado de connivencia entre funcionarios del Estado colombiano y los paramilitares.
Gallón destacó la insistencia con que la declaración reclama a Colombia el cumplimiento de las recomendaciones de la oficina de la Alta Comisionada.
Se habla de avances prontos y rápidos, de mostrar resultados adicionales, dijo. Es lógico que así sea, porque la Comisión ha realizado un trabajo durante ya nueve años de funcionamiento de la Oficina, y la situación sigue muy grave en el país. Por consiguiente, la exigencia de que haya resultados es natural, refirmó.
Gallón estimó que la demanda de la Comisión es congruente con las conclusiones de varios encuentros realizados el año pasado entre la comunidad internacional, Bogotá y organizaciones colombianas de la sociedad civil.
La crisis de derechos humanos tiene que resolverse y la fórmula para arreglarla está planteada en estas recomendaciones de la oficina de la Alta Comisionada, sostuvo.
Uno de los párrafos de la declaración exhorta a los bandos a respetar el derecho internacional humanitario, incluyendo los principios de distinción, limitación, proporcionalidad e inmunidad de la población civil.
El director de la CCJ encontró importante la referencia al principio de distinción, porque la política de seguridad del gobierno está basada en un intento de desconocer el principio de distinción entre civiles y combatientes, afirmó.
El presidente de Colombia, el derechista Álvaro Uribe, ha dicho varias veces que no cree en el principio de distinción y que todos somos combatientes y todos debemos apoyar militarmente a la fuerza pública, insistió. Pero la declaración contradice esos planteamientos gubernamentales.
El desconocimiento del principio de distinción permite al gobierno organizar programas como la red de informantes civiles, pues según dice el Plan Nacional de Desarrollo, se aspira a que la población esté articulada en esa red bajo las órdenes de los comandantes militares o de policía. Finalmente es una militarización de la sociedad, resumió el letrado colombiano.
La declaración del presidente Wibisono se ocupa del problema del reclutamiento de niños, un fenómeno de gran magnitud. Un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, estima 10.000 a 11.000 menores actualmente reclutados por paramilitares o grupos guerrilleros.
Los dos bandos pueden sumar unas 40.000 personas en armas. Por eso, en relación, el problema de los menores soldados es grande, dijo Gallón.
Además, el empleo de niños en la guerra no solamente atañe a la guerrilla y al paramilitarismo, sino también al gobierno, sostuvo Gallón. El gobierno no recluta niños porque la legislación lo prohíbe, pero sí los usa, como mensajeros o como escudos, y las fuerzas militares se emplazan en escuelas, afirmó.
El documento aprobado en Ginebra declara preocupación por la cantidad de desplazados internos. Pero Gallón estima que el organismo no dispuso de datos adecuados sobre la cuestión, que no ha sido tratada con profundidad en el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada.
En el período de dos años y medio que lleva el actual gobierno se han registrado más de medio millón de nuevas personas desplazadas, que se suman a casi tres millones ya existentes.
La administración de Uribe ha tratado de mostrar que la cuestión mejoró porque en el primer año de su mandato hubo un descenso en el número de desplazados en comparación con el último año del gobierno anterior.
Lo que ocurrió es que el gobierno saliente se despidió con 400.000 nuevos desplazados en su último año. Una magnitud enorme, reflexionó. Al año siguiente hubo 200.000, y entonces el nuevo gobierno ha tratado de hacer creer que hubo un descenso de 50 por ciento, explicó.
La declaración sobre Colombia incorporó este año un nuevo párrafo de condena a la continuidad de las violaciones contra mujeres y niñas y a la impunidad con que se perpetran.
Scannella recordó que Amnistía alertó el año pasado de las consecuencias del conflicto armado en las mujeres y en las niñas. Ahora saludamos la incorporación en el texto de una referencia fuerte y explícita a las violaciones basadas en género y también demandamos que se aborden las cuestiones relacionadas con la violencia sexual, dijo a IPS.
