El gobierno de Argentina dispone de una batería de planes para dar batalla contra la pobreza y la indigencia de millones de personas que quedaron a la intemperie luego de la gran crisis de 2001. Pero la manta es corta para una cama tan grande y son muchos los que siguen desprotegidos.
Intenté anotarme para un plan pero me dijeron que ya no hay más, dijo a IPS Yanina Martínez. La mujer se refiere a los subsidios llamados planes Jefas y Jefes de Hogar sin Empleo, que comenzó a otorgar el gobierno a mediados de 2002. La inscripción para éstos se cerró ese mismo año y numerosas familias quedaron fuera del reparto.
Yanina tiene dos niños y vive en el asentamiento precario La Cava, del norte de Buenos Aires. A pesar de ser desempleada y tener hijos a cargo está excluida del plan Jefas y Jefes. Recibe del Estado alimentos, pero no dinero. Tengo que mandar a las criaturas a pedir, se lamenta con la voz quebrada.
La joven vive con su madre y otros hermanos, y no tiene una pareja que comparta el cuidado de los dos niños. El pequeño núcleo que forma con éstos es identificado por sociólogos como una familia oculta, bajo el techo de otra jefa de hogar. No terminó la escuela primaria y nunca trabajó. Le gustaría conseguir algo, dice, pero es difícil sin estudios y sin dinero para salir del barrio.
En entrevista con IPS, el viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, explicó que el ataque contra la pobreza se lleva adelante a través de tres grandes programas: el de Seguridad Alimentaria (El hambre más urgente); el de Desarrollo Local y Economía Social (Manos a la Obra); y los planes de aporte de ingresos como el Jefas y Jefes.
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El hambre más urgente entrega alimentos a familias y comedores comunitarios. Es un plan netamente asistencial, para los más vulnerables, y llega a 4,5 millones de persona.s Este programa no busca la inclusión social ni genera herramientas para dar el salto de ingresos, es solo contención , admitió Arroyo.
En cambio, Manos a la Obra es, a su juicio, el más promocional, el programa de desarrollo del Ministerio, se entusiasma. Brinda máquinas, herramientas y otros insumos para la producción, además de crédito no bancario. Pero tiene menor alcance. Financiamos 33.800 proyectos y llegamos a 425.000 personas, puntualiza.
Finalmente están los planes de ingresos, de los cuales el principal es el Jefas y Jefes, que otorga 150 pesos mensuales (52 dólares) por mes a cambio de una contraprestación laboral. Este programa iba a ser universal, pero la inscripción cerró al llegar a dos millones de beneficiarios y muchos quedaron fuera.
Además, no incluye a ancianos o desempleados jefes de hogar con hijos mayores de 18 años. Tampoco se entrega a gente sola, e inclusive Yanina podría ser rechazada si su madre percibiera ese beneficio, porque sólo se adjudica uno por familia y ellos viven todos bajo el mismo techo.
Los movimientos piqueteros (caracterizados por su metodología de protesta y demanda mediante el bloqueo de calles, rutas y puentes), muchos de cuyos integrantes reciben subsidios estatales, exigen que se aumente el ingreso mensual del plan Jefes y Jefas, y que se permitan nuevas incorporación a él, con o sin cumplimiento de los requisitos mencionados en el párrafo anterior.
Actualmente el plan beneficia a 1,6 millones de personas, de las que 70 por ciento son mujeres solas o con esposo desempleado.
Hay además 300.000 Programas de Empleo Comunitario (PEC) que entregan el mismo monto a través de organizaciones de desocupados que los manejan sin transparencia. Beneficiarios denuncian que las organizaciones se quedan con parte de los 150 pesos.
Finalmente está el nuevo Plan Familias, que desde febrero transfiere dinero a 240.000 mujeres con hijos (150 pesos si tienen tres hijos, 175 si son cuatro y 200 pesos por cinco o más) y apunta a ampliarse, en desmedro del Plan Jefas y Jefes. Los planes Jefas y Jefes y los PEC dependen del Ministerio de Trabajo, y el Familias del Ministerio de Desarrollo Social.
Pero Yanina Martínez no debería ilusionarse con el Familias, porque está previsto sólo para beneficiarios del plan Jefes a quienes les conviene cambiarlo por diversos motivos. El Plan Familias no exige contraprestación laboral y el subsidio puede ser mayor.
A cambio se pide que las madres (o padres, si ellas no están) certifiquen que sus hijos van periódicamente al control sanitario, y son vacunados y enviados a la escuela regularmente. Queremos que el Familias sea una base. Si además la madre trabaja o se suma al plan Manos a la Obra, mucho mejor, dijo Arroyo.
Pero el funcionario admitió que este plan no se abre a todos los que lo necesiten, porque no hay recursos para ello. Calculamos que 30 por ciento de los que reciben el plan Jefes y Jefas estarían en condiciones de pasarse al Familias, pero será una opción de cada uno, no queremos que sea un traspaso compulsivo, aclaró.
Según datos oficiales, la pobreza, que había llegado a 57,5 por ciento de la población luego del colapso de 2001, hoy afecta a 40,2 por ciento de argentinos, gracias a la reactivación económica. La indigencia, que alcanzó 25 por ciento en el pico de la crisis, se redujo a 15 por ciento en la última medición, realizada en octubre de 2004.
Esos datos, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, indican que actualmente, sobre un total de 38 millones de argentinos, hay 9,4 millones de personas viviendo en la pobreza, de las cuales 3,5 millones sobreviven en la miseria.
Pero las estadísticas sólo registran lo que ocurre en 28 aglomerados urbanos del país, donde vive 70 por ciento de la población, advirtió a IPS Ana Raneri, economista de la Central de Trabajadores Argentinos.
Para que una familia tipo (de cuatro integrantes) argentina sea considerada pobre, sus ingresos deben estar por debajo de 772 pesos (266 dólares). Y se considera indigentes a las que apenas arriman al hogar un ingreso inferior a 344 pesos (118 dólares).
Raneri explica que si se toma el total de población y los porcentajes de pobres e indigentes, la pobreza llega a casi 15 millones de personas y la indigencia a 5,8 millones. Y que si se incorpora el impacto del alza de los precios de los alimentos de los últimos meses en la cesta básica, la pobreza extrema supera los 6 millones.
Es decir que aún con todos los planes de que dispone el gobierno, la cobertura no está llegando a todos. Caritas, la asociación de la Iglesia Católica que supervisa el funcionamiento de los planes, sostiene que en todo el país hay 400.000 familias extremadamente pobres que no reciben ningún tipo de asistencia estatal.
Según un compromiso asumido en 2000 por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la proporción de población mundial que vive en la indigencia (definida por ingresos menores a un dólar diario) debería bajar a la mitad de 1990 a 2015. Tal es el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Pero en estas condiciones es difícil llegar a la meta. El gobierno argentino ya afirmó que no hay recursos para reabrir la inscripción a los planes y no acepta habilitar altas por bajas. Es decir que a medida que los beneficiarios consiguen empleo, el plan se va extinguiendo, no se renueva el registro.
Nosotros pensamos que reducir la pobreza extrema con los planes que hoy tiene el Estado es bastante difícil, declaró a IPS la arquitecta Cristina Resano, representante de Caritas en el Consejo Consultivo Nacional creado junto con el Plan Jefes y Jefas para el monitoreo gubernamental y no gubernamental de los planes de ingreso.
Hay que pensar políticas de educación y capacitación que contemplen la realidad de familias donde los niños se criaron sin ver a sus padres trabajar y no van a la escuela, subrayó.
Los planes, tal como están funcionando ahora, lo que hacen es mantener a la gente cautiva en la pobreza, resumió Resano.
En algunos casos se podrá salir de la indigencia, pero para dar el salto cualitativo de la pobreza a la normalidad, la única vía es la educación y el trabajo genuino. Eso es lo que dignifica a la persona pobre, resaltó la arquitecta, que desconfía de los planes de asistencia social que no son universales.
Resano considera que el Plan Familias es una solución para el que no tiene capacidad de conseguir empleo y que ya no la va a adquirir.
Es para gente que no terminó estudios, con hijos fuera de la escuela y sin chance de ingresar al mercado laboral, ni siquiera con capacitación porque no tiene cultura de trabajo, explicó.
El viceministro es más optimista pero reconoce que el reto es difícil. Lo que queremos hacer con el Plan Familias es quebrar la pobreza intergeneracional, es decir procurar que dentro de ese núcleo indigente no se siga reproduciendo la pobreza, a través de brindar nutrición, salud y educación a los hijos.
El funcionario divide a los beneficiarios del plan Jefes y Jefas en tres perfiles. Dos de esos tres grupos están entre los pobres que dejó la última crisis, y confió en que son los que tienen más posibilidades de recuperarse y regresar paulatinamente al mercado formal o informal a través de un empleo o de un emprendimiento personal.
En cambio admitió que hay otro tercio de pobres estructurales que arrastran muchos años de miseria y que la crisis dejó completamente fuera del juego.
Esos son los más vulnerables, los que no tienen estudio ni calificación. Es un sector de pobreza extrema que queremos reconvertir para que pueda ingresar a programas productivos, aunque eso nos lleve algunos años, prometió Arroyo.
