Un Talón de Aquiles verde tiene la ofensiva agraria del presidente venezolano Hugo Chávez, que busca hacer justicia social y animar la producción de alimentos, pero puede afectar bosques primarios que son hábitat de especies en riesgo de extinción.
Desde diciembre, autoridades regionales, alentadas por decretos del Ejecutivo para atender la demanda de tierras por parte de centenares de miles de campesinos, han intervenido con apoyo militar decenas de grandes propiedades rurales que albergan bosques y sabanas inundables. Su objetivo, aducen, es constatar la propiedad y el uso de esos fundos.
El Estado repartió en los últimos años unos dos millones de hectáreas a 135.000 familias, pero hay otros 400.000 aspirantes, dijo a Tierramérica el líder agrario Braulio Álvarez.
En el frente ambientalista, entretanto, se disparan alarmas. "No estamos en contra de que se garanticen tierras a los campesinos, pero pedimos que se respeten los espacios que albergan gran diversidad de especies", dijo a Tierramérica Marieta Hernández, de la organización no gubernamental Audubon de Venezuela, asociada con Birdlife International.
"Nos preocupa que se destruyan bosques primarios que luego no podrán ser recuperados", resaltó.
Los decretos de intervención, que buscan acelerar la reforma de la Ley de Tierras de 2001, afectan "tierras urbanas, rurales o con vocación agrícola, públicas o privadas, que se encuentren ociosas o enmarcadas bajo el régimen latifundista, o en conflictos de tenencia y con problemas de distribución".
"La intención no es expropiar tierras, sino evaluar las condiciones de algunas propiedades para reactivar su productividad y fomentar el desarrollo endógeno y la seguridad agroalimentaria", alegó el gobernador del oriental estado de Monagas, José Gregorio Briceño, uno de los 21 mandatarios regionales que apoyan a Chávez.
"El problema está en que ningún particular puede manejar reservas biológicas y forestales para su propio provecho, explotando en forma de negocio turístico ese recurso de todo el país", advirtió el presidente del estatal Instituto de Tierras (INTI), Eliécer Otaiza, cercano colaborador del presidente.
Un caso emblemático puede ser el del Hato Piñero, de 80.000 hectáreas en el central estado de Cojedes. Parte de esa propiedad alberga pastizales para 12.000 cabezas de ganado vacuno, pero la mayoría son sabanas inundables o bosques de galería, en ríos tributarios del Orinoco.
El Hato alberga todas las especies de la fauna de los llanos del Orinoco, ha ganado fama como observatorio de aves, entre ellos, el paují copete de pluma (Crax daubentoni), en peligro de extinción, y es plaza para el turismo ecológico nacional e internacional.
"Una intervención del Hato afectaría la biodiversidad, pues en sus espacios se concentra 27 por ciento de las aves que habitan el país y especies de felinos como el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor) y la tigrilla (Leopardus tigrinus), mientras que su herbario registra 2.025 ejemplares de plantas", dijo a Tierramérica Edgar Useche, director ejecutivo de la Fundación Hato Piñero.
Además, "somos los segundos empleadores de Cojedes, después del Estado, y quedaría cesante un sector de la población que trabaja en las labores ecoturísticas, así como en las ganaderas, tales como herraje y vacunación de ganado", adujo.
Los decretos contemplan que la producción de los hatos se mantenga durante el periodo de "intervención", un término todavía no suficientemente explicado pero que implica sobre todo revisión de la titularidad de las tierras y comprobación de su uso eficiente.
El Estado no sólo busca más tierras para repartir a campesinos, sino también obligar a los propietarios a que desarrollen planes productivos. En el caso de reservas intocadas, posiblemente la intervención dará paso a tomar las riendas de esas zonas.
En defensa de la tesis oficial, Álvarez, el líder agrario, dijo que "muchos de los crímenes ecológicos han sido cometidos por empresarios del campo. Fue un crimen apropiarse de grandes extensiones de terreno, con fines privados, además de que dejaron a mucha gente sin poder trabajar".
Otaiza, del INTI, concuerda. "Muchos propietarios han dañado los terrenos, cortado árboles, vendido la madera, que es un bien público, de manera particular. Muchos bosques han desaparecido", apuntó.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas consideran que hay casos de manejo ambiental exitoso por parte de particulares y que, de todas maneras, no todas las tierras son productivas desde el punto de vista económico tradicional.
"Si algún particular administra bien una reserva, no debería permitirse la intervención de su finca", dijo Hernández, de Audubon, más aún cuando "hay muchos parques nacionales bajo manejo gubernamental en completo abandono".
En un comunicado, el grupo ecologista Vitalis advirtió que "no todos los territorios pueden ser ocupados" y que para garantizar el desarrollo sustentable "necesitamos conservar las fuentes de agua de las cuales dependemos para sobrevivir, así como el resto de los recursos naturales".
Un funcionario del Ministerio de Ambiente, quien pidió no ser identificado, consideró que "hace falta un plan de manejo integral de modo que no haya pérdida para nadie". Reconoció, sin embargo, que "a veces, a expensas de poner a producir un terreno, se atenta seriamente contra la biodiversidad".
Como primer paso, especialistas sugieren realizar un catastro detallado de las propiedades que albergan reservorios de fauna y flora.
A falta de estos inventarios, "en ocasiones se usa el argumento ecologista para justificar la propiedad de tierras", opinó Jorge Hinestroza, profesor de la Universidad de Zulia.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Publicado originalmente el 29 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
