La gota que desbordó el vaso en la cárcel de Córdoba, Argentina, donde lo presos mantienen un motín que ya dejó ocho muertos y decenas de heridos, podría derramarse al resto del sistema penitenciario del país que impone condiciones de reclusión intolerables.
En la Unidad Penal de San Martín, en plena capital de la central provincia de Córdoba, los presos continúan amotinados desde el jueves y tienen de rehenes a decenas de personas, entre guardiacárceles y familiares. En el lugar se apiñan más 1.700 reclusos, pese a que tiene capacidad sólo para menos de 1.000.
La violencia del levantamiento dejó su secuela de muertos ûcinco detenidos, dos guardiacárceles y un policía, según datos oficiales- y mostró el lado más oscuro del sistema penal argentino que, lejos de recuperar a los detenidos para que logren reinsertarse socialmente, los sumerge en un ambiente de violación sistemática de sus derechos.
Luego de 24 horas de violencia y tensión y gracias a la mediación de un sacerdote y algunos fiscales, los amotinados comenzaron a liberar a los rehenes y poco a poco las autoridades recuperaban este viernes el control del lugar.
La revuelta se desató el jueves luego de que la dirección de este establecimiento carcelario cordobés restringiera los horarios de visitas, según algunas fuentes, aunque otras señalan que el detonante fue el maltrato de que habría sido objeto la esposa de un recluso por parte de un custodia policial.
Pero hechos similares puedes repetirse en cualquier otro penal del país, más allá de la causa puntual que los inicie, ya que la población carcelaria en general afronta iguales condiciones de hacinamiento, castigos físicos y otras arbitrariedades, así como la falta de atención médica y de alimentación deficiente.
Durante el último año la situación que atravesaban las personas privadas de la libertad se agravó hasta límites intolerables, en particular en la provincia de Buenos Aires, señala el informe anual sobre derechos humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
No obstante eso y el déficit que en materia de educación y formación técnica y profesional tienen las cárceles argentinas, las condiciones de detención no llegan a los niveles que se registran en otros países de la región, donde el hacinamiento y los maltratos son todavía peores, se agrega.
El motín en Córdoba se produjo durante el horario de visitas, por lo que algunos familiares quedaron dentro de penal y fueron tomados de rehenes, la mayoría de los cuales habían sido liberados en la mañana de este viernes.
Aunque una de las reivindicaciones del grupo más renuente a poner fin al motín es que se le reduzcan las penas, las autoridades judiciales se negaron este viernes a considerar cualquier modificación al respecto.
El fiscal general, Gustavo Vidal Lascano, aseguró que a raíz del pedido de los internos no iba a ingresar el grupo de elite de la policía ETER, especializados en reprimir este tipo acciones, que se respetaría el cronograma de visitas en el futuro y que se pactaría la entrega de los amotinados en presencia de autoridades judiciales y de periodistas.
Como tantos otros centros de detención de Argentina, el penal cordobés es un edificio centenario y deteriorado que alberga a más de tres veces su capacidad.
El hacinamiento es un problema de larga data en las cárceles de este país con 37 millones de habitantes. Hace 10 años, ya la población carcelaria de la oriental provincia de Buenos Aires la población llegaba a 9.485 personas, el doble de las plazas disponibles. Por eso otros 2.500 detenidos se los mantenía alojados en comisarías,
Pero la situación empeoró considerablemente en los últimos años. En julio de 2004 estaban privados de su libertad 24.352 personas en cárceles de Buenos Aires, la provincia más poblada del país, mientras que en sedes policiales había otros 5.441.
Según el CELS, el déficit llega en el ámbito bonaerense a las 7.000 plazas y las autoridades tratan de cubrirse legalmente mediante el encierro de personas en comisarías.
Frente a esta situación, organizaciones humanitarias, familiares de detenidos y organismos gubernamentales de control solicitaron la intervención de la justicia y, en algunos casos, intimaron directamente a las autoridades para detener las masivas violaciones a los derechos de los detenidos, quienes en muchos casos corren riesgo de vida.
A comienzos de 2004 se denunció a la prensa que el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SPB) había adquirido, durante la gobernación de Eduardo Duhalde en los años 90, elementos para aplicar descargas eléctricas a los presos.
El escándalo se sumó a las numerosas denuncias que pesaban sobre el SPB por graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos y malos tratos, así como por las amenazas contra funcionarios judiciales que intentaban investigar las irregularidades.
Al frente de las cárceles se encuentra la mayor corrupción, los que se quedan con el presupuesto destinado a alimentar y cuidar a los detenidos, los que les venden drogas a los presos, los que los torturan para que no hablen sobre lo que pasa, dijo a IPS la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Lo que ocurre en las cárceles es aberrante, los detenidos gastan el dinero que sus familiares les depositan para que compren alimentos en drogas que les venden los agentes penitenciarios, sostuvo la titular de una de las dos ramas en que se dividió la emblemática agrupación humanitaria nacida en la dictadura (1976-1983) para buscar a sus hijos desaparecidos.
Uno de los indicadores clave para entender la situación que se vive en las cárceles es el elevado número de muertes que se registran allí.
La mayoría de esas muertes nunca se esclarecen, lo que se convierte en un incentivo para que se repita ese tipo de hechos, comentó a IPS el abogado Gustavo Palmieri del CELS.
Tanto Bonafini como Palmieri señalaron que los agentes penitenciarios delegan la administración de las cárceles en algunos presos o grupos de presos, que tienen libertad para controlar a otros reclusos y cometer abusos y crímenes sin ser castigados.
Las estadísticas indican que en 2003 murieron 57 personas en cárceles federales, 27 de ellas en hechos de violencia. También se señala que las principales causas de decesos en las cárceles son el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que representa 38,6 por ciento de los casos, y el paro cardiorrespiratorio, con 29,8 por ciento.
En lo que hace a las lesiones, la investigación del CELS señala que en 2003 se produjeron 3.400 lesiones en las cárceles dependientes del SPB, es decir un promedio de nueve por día.
El abogado de la no gubernamental Liga por los Derechos del Hombre, Héctor Trattenberg, destacó a IPS la visita que efectuó a la cárcel de Mendoza, también superpoblada, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de denuncias presentadas por la muerte de 11 internos durantes los primeros seis meses de 2004.
Palmieri advirtió que las políticas públicas en materia penitenciaria implementadas en el último año no permiten ser optimistas de cara al futuro.
Para el CELS, es evidente que la ausencia de políticas para poner un límite a la posibilidad de encarcelar personas, no sólo contribuye a generalizar los problemas descriptos, sino que además promueven la difusión de otros, como corrupción, degradación de la formación profesional, desarrollo de actividades delictivas por parte de funcionarios penitenciarios en sociedad con internos, lo que hace prever situaciones de mayor gravedad.
En ese sentido, Palmieri indicó que, si bien el gobierno de Néstor Kirchner anunció la ejecución de obras de infraestructura penitenciaria, tales obras se encuentran demoradas e incluso no apuntan inicialmente a mejorar cuestiones tales como la situación de la población penal femenina.
La utilización abusiva del encarcelamiento preventivo coloca al sistema penal fuera de la legalidad, destacó el letrado, quien recordó que más de la mitad de las personas recluidas en establecimientos federales (54,44 por ciento) se encuentran procesadas y el resto están condenadas.
El abuso de la prisión preventiva llega a extremos inauditos en la provincia de Buenos Aires, jurisdicción en la que sólo 11 por ciento de los presos y presas tienen condena firme, precisó. (
