Algunos ciudadanos no merecen vivir en la sociedad y deben ser eliminados, disparó José Altamirano, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, al opinar sobre la reinstauración en este país de la pena de muerte.
Políticos, juristas, organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía en general se han expresado a favor y en contra, en un debate que, tibiamente, ya se había instalado debido a una ola de asesinatos, secuestros y robos que tiene a la sociedad y al gobierno en jaque.
Pero el reclamo se acrecentó por el impacto mediático generado tras el hallazgo del cadáver de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), que había sido secuestrada el 21 de setiembre de 2004, a los 32 años. Su cuerpo fue encontrado el 17 de este mes dentro de una fosa en una vivienda abandonada de las afueras de Asunción.
A raíz del asesinato, el presidente Nicanor Duarte reemplazó al ministro del Interior y decidió el relevamiento de 32 jefes policiales, una medida esperada ante las denuncias de filtraciones e irregularidades en el manejo de la investigación del caso.
Un tío de la víctima, Carlos Cubas, encendió el debate sobre la pena capital al afirmar que los autores del asesinato no merecen vivir. Asimismo, durante el funeral, numerosas personas se manifestaron espontáneamente para reclamar justicia y la aplicación de la pena de muerte para los asesinos.
Altamirano avivó las llamas, mientras que Sindulfo Blanco, también miembro de la máxima instancia legal, pidió pena de muerte para las personas jurídicas.
Blanco reclamó así la proscripción del partido de izquierda Patria Libre, pues se ha acusado por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas a militantes de ese movimiento.
Por otra parte, se manifestaron en contra de la pena de muerte el presidente de la Corte, Antonio Fretes, y los ministros Raúl Torres Kirmser y Alicia Pucheta, quienes sí reclamaron la adopción de la cadena perpetua, figura que el código penal paraguayo no contempla.
El diputado Juan Manuel del Puerto, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, rechazó de plano cualquier posibilidad de volver a la aplicación de la pena de muerte y atribuyó el actual debate a una reacción emotiva de la gente en momentos de gran dramatismo.
Del Puerto, que pertenece a la bancada del centroderechista partido Patria Querida, dijo a IPS que el grave problema del país es la impunidad y advirtió que, en Paraguay, la justicia no funciona para todos por igual, por lo que el remedio será peor que la enfermedad.
En tanto, las organizaciones de defensa de los derechos humanos alzaron su voz en desacuerdo.
La pena de muerte no sólo es una forma de castigo injusta, arbitraria e irreversible, sino que no conlleva ningún valor disuasorio especial y lleva consigo el riesgo de ejecutar a inocentes en caso de errores judiciales, advirtió la organización no gubernamental Amnistía Internacional en un comunicado.
Reimponer ese castigo en Paraguay constituiría un gravísimo paso atrás en la defensa de los derechos humanos fundamentales y en la tendencia global hacia la abolición de este castigo brutal. La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia (y) no una solución a ella, prosigue el documento.
Mientras, una Comisión Nacional para la Reforma del Código Penal y Penitenciario, presidida por Bader Rachid Lichi, senador del oficialista partido colorado, analiza el endurecimiento de los castigos previstos por la legislación vigente.
La pena de muerte no implica una disminución de la delincuencia, dijo el legislador a IPS. Rachid recordó que en este momento es importante utilizar la lógica de la razón y no la del corazón.
La Comisión, integrada por delegados de universidades, la Corte Suprema, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo y las dos cámaras parlamentarias, recibirá hasta este lunes las propuestas de cambios al código penal, que pueden ser elevadas por cualquier ciudadano.
El código actual, promulgado hace seis años, fue adoptado de Alemania, y no tiene nada que ver con la adaptación a las circunstancias por las que hoy transita el país, agregó Rachid.
Paraguay abolió la pena de muerte en 1992, cuando se consagró la Constitución vigente. Para reinstaurar la pena capital es necesario concretar varias medidas legales y dar marcha atrás en una serie de acuerdos internacionales que el país ha firmado.
El constitucionalista y catedrático en derecho Jorge Seall Sasiain, quien se manifestó contrario a la pena capital, explicó a IPS que, para una hipotética reaplicación de la pena, el país debería separarse del tratado de abolición de la pena de muerte y del Pacto de San José de Costa Rica.
Otro compromiso internacional que el Paraguay suscribió es el Tratado Interamericano sobre Derechos Humanos.
Según la propia Constitución, los acuerdos internacionales de derechos humanos, una vez suscriptos, pasan a formar parte de la misma, agregó Seall, quien posee una maestría y un doctorado en derecho de la estadounidense Universidad de Harvard.
Luego, habría que denunciar algunos artículos de la Constitución para promover el trámite de enmienda, y finalmente llegar a un referéndum constitucional, que se dirime por mayoría simple.
Recién a partir de esa instancia el parlamento tendría el poder para estudiar el eventual retorno a la pena capital.
Seall destacó que en todos los países que tuvieron o tienen (la pena de muerte), curiosamente, hay una notoria desproporción en las condenas de gente de menores recursos en la escala económica.
Casualmente, entre comillas, (los condenados) no tuvieron las mejores defensas, advirtió.
Estela Núñez, una empleada doméstica de 21 años, se manifestó a favor de la norma. Hace falta mano dura, afirmó. En el mismo sentido se expresó Celsa González, ama de casa de 48 años, quien recordó que durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1955-1989) este tipo de cosas no pasaban.
En tanto, para el recién recibido abogado Antonio López, de 29 años, el derecho a la vida se impone por sobre todo. Es inconcebible que se quiera dar marcha atrás a todo lo que se consiguió desde la caída del dictador (Stroessner).
Mientras, el gobierno mantiene silencio oficial y anunció la puesta en marcha de un plan de seguridad que incluye la movilización de las fuerzas armadas y la creación de 18 destacamentos militares en los socialmente convulsionados departamentos de Concepción, San Pedro y Caaguazú.
Según las estadísticas de Aministía Internacional, en 2003 al menos 2.756 personas fueron condenadas a muerte en 63 países, de las cuales 1.146 fueron ejecutadas en 28 naciones. El 84 por ciento de las ejecuciones conocidas en 2003 tuvieron lugar en China, Estados Unidos, Irán y Vietnam.
Estas cifras incluyen solamente los casos de los que Amnistía tiene conocimiento. (
