El recetario verde del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y cinco países de América Central señala que sus socios actuarán de buena fe y crearán un Consejo de Asuntos Ambientales, un grupo arbitral y quizás un secretariado. Son promesas usadas como artillería por defensores y detractores del pacto.
Atribuir al acuerdo un carácter pro o anti ambiental es un caballo de batalla de quienes debaten sobre su eventual aprobación este año en los parlamentos de los países latinoamericanos involucrados (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) y en el Congreso estadounidense.
La ratificación por parte de estas legislaturas es indispensable para la entrada en vigor del llamado CAFTA (las siglas en inglés de Tratado de Libre Comercio de América Central), suscrito a inicios de 2004.
El capítulo 17 del acuerdo, dedicado al medio ambiente, abre con la advertencia de que las partes tienen pleno derecho a establecer sus propios niveles de protección ambiental y a actuar con discrecionalidad respecto de asuntos indagatorios, acciones ante tribunales, de regulación y de observancia de las normas en la materia.
Patricia Panting, ministra de ambiente de Honduras y secretaria de turno de la gubernamental Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), está satisfecha con lo negociado, pues considera que haber incluido un capítulo ambiental es de por sí un triunfo.
El apartado ambiental del Cafta incluye medidas concretas, cuenta con una agenda para los próximos diez años y ayudará a América Central a obtener apoyo financiero de Estados Unidos, dijo a Tierramérica.
Marco González, secretario ejecutivo de la CCAD, coincidió con Panting al destacar que los países centroamericanos negociaron en bloque el Cafta y señaló la importancia de la creación de un consejo de asuntos ambientales en el marco del acuerdo.
Las partes firmantes se comprometieron a aplicar sus propias leyes y prioridades, así como a garantizar políticas y normas que proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental, y esforzarse en mejorar esas leyes y políticas.
Pero según la organización no gubernamental (ONG) Citizens Trade Campaign, que reúne a grupos estadounidenses ambientalistas, sindicales, de consumidores y de agricultores, el CAFTA permitirá a los socios centroamericanos mantener sus pobres estándares ambientales.
Citizens Trade cabildea en Estados Unidos contra la aprobación del acuerdo, junto con otras ONG.
Lo mismo hacen en América Central diversas organizaciones sociales, que temen el desmantelamiento de protecciones arancelarias y la apertura de fronteras entre socios tan desiguales en poder económico y desarrollo social.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que 74 por ciento de la tierra agrícola de América Central está degradada, y que la región es una de las más vulnerables a desastres naturales.
Lo ambiental en el Cafta está abordado sólo de manera simbólica, dijo a Tierramérica Yuri Melini, director de la ONG guatemalteca Centro de Acción Legal y Social.
Similar opinión expresó Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña, quien pronosticó a Tierramérica que el Cafta transformará a América Central en una piñata para ser explotada por quien lo desee, lo que se traducirá en daños ecológicos.
Los apartados sobre ambiente en el tratado, son pura retórica, porque no hay mecanismos ni medidas que exijan a los países proteger sus recursos naturales, consideró.
Pero el acuerdo sí contempla algunas medidas concretas, como la creación de un Consejo de Asuntos Ambientales, con representantes de ministerios o sus equivalentes.
Ese Consejo debería reunirse en el primer año de la entrada en vigor del Cafta y luego anualmente, a menos que las partes acuerden lo contrario, para supervisar la implementación y revisar el avance de acuerdo y considerar el estado de las actividades de cooperación.
También se estipula que cualquier persona de los países socios podrá remitir denuncias sobre incumplimiento de legislación ambiental a una secretaría u otro organismo apropiado que las partes designen, y que tendrá la facultad de elaborar expedientes al respecto.
Por otra parte, los socios se comprometen a establecer dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del tratado un grupo arbitral de 28 personas independientes, para tratar las controversias que puedan surgir en materia ambiental.
Algunas ONG aprueban el Cafta. La salvadoreña Salvanatura, la costarricense Fundación para la Restauración de la Naturaleza y la Red Hondureña de Ecologistas para el Desarrollo Sostenible, junto con otros diez grupos, enviaron en enero una carta a congresistas estadounidenses alabando el acuerdo.
Las normas establecidas en ese pacto son un antecedente positivo en los esfuerzos de protección ambiental en Centroamérica, afirmaron.
Con independencia de las opiniones sobre el Cafta, las ONG reconocen avances ambientales en la región, donde se ha fomentado la participación de la ciudadanía en proyectos de gestión relacionados con áreas protegidas, diversidad biológica, protección de flora y fauna, y algunos asuntos de ordenamiento territorial y calidad ambiental, apuntó Melini.
Panting subrayó asimismo logros en materia de integración institucional, a partir de la creación hace 15 años de la CCAD, como parte del Sistema de Integración Centroamericana.
En 1990 ningún país del área tenía legislación ambiental. Ahora se cuenta con legislación, institucionalidad y gestión ambiental, resaltó.
Según González, la CCAD ha promovido importantes políticas ambientales regionales, así como la ratificación de convenios internacionales fundamentales como los relativos a la biodiversidad y al cambio climático, entre otros.
* El autor es corresponsal de IPS. Con aporte de Jorge Grochembake (Guatemala). Publicado originalmente el sábado 12 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
