Un tercio de las muertes maternas registradas oficialmente en Argentina se debe a consecuencias de abortos, cuya cantidad aumentó mucho desde 2000, especialmente entre menores de 20 años, e incluso entre niñas de 10 a 14.
Desde 2000 se registran muertes maternas en menores de 15 años, dijo a IPS la directora de la Fundación de Estudios e Investigación sobre la Mujer (FEIM), Mabel Bianco.
De los 78.000 ingresos por abortos que se registraron en 2000 en los hospitales públicos, 11.015 correspondieron a adolescentes de 15 a 19 años, y 550 a niñas de 10 a 14.
En muchos de esos casos, el embarazo fue producto de violaciones, abusos sexuales o incestos, que también se están incrementando, subrayó Bianco.
Las mujeres de 10 y 24 años son 27 por ciento de la población del país. El grupo de 10 a 19 años abarca 6,7 millones (18 por ciento del total), y el de 20 a 24, 3,3 millones.
La iniciación sexual a edades cada vez más tempranas, junto con la insuficiencia de los programas de educación sexual, prevención y atención de los adolescentes, se asoció en los últimos cinco años con un aumento del embarazo y la maternidad adolescentes, en especial en menores de 15.
Argentina registró en 2003 una mortalidad materna de 44 por cada 100.000 nacidos vivos. Ese año, 304 mujeres murieron por causas obstétricas, como consecuencia de su gravidez, de la interrupción del embarazo, del parto o del puerperio, informó a IPS el Ministerio de Salud.
Aborto, infección y hemorragia son desde hace décadas las principales causas de muerte materna en el país.
Según Bianco, en los últimos 20 años la mortalidad materna no tuvo variaciones importantes, lo que permite suponer que hubo poco avance de acciones preventivas para disminuirla. Pero esa escasa variación es llamativa, ya que la mayoría de la población tiene acceso a los servicios de salud, que son buenos y cuentan con profesionales capacitados, comentó.
Según estudios de la FEIM y del Consorcio de Derechos Reproductivos y Sexuales, que nuclea a organizaciones no gubernamentales, hay un importante subregistro oficial de la mortalidad materna, que sería de 38,5 a 100 por ciento mayor, debido a que muchas muertes causadas por aborto inducido se anotan como paro cardiorrespiratorio, shock séptico o anemia aguda, sin añadir que la fallecida estaba grávida o en puerperio.
Sea como fuere, cierto incremento de la tasa desde 2002 se debe a la incorporación en los registros estadísticos de una nueva categoría, muerte materna tardía, para fallecidas por causas obstétricas directas o indirectas en el periodo que comienza 42 días después del fin del embarazo y concluye al año de ese fin, explicó Bianco.
Según revelan las estadísticas más recientes del Ministerio de Salud, las causas de mortalidad materna son obstétricas directas en 54 por ciento de los casos, aborto en 31 por ciento y obstétricas indirectas en 15 por ciento.
Bianco destacó que en los últimos cinco años se produjo un incremento considerable de los ingresos a hospitales por complicaciones de abortos, y aclaró que no se lleva registro de las asistencias sin internación por el mismo motivo.
El aborto es penalizado en Argentina. Por eso es frecuente que las mujeres que interrumpen sus embarazos en forma voluntaria y necesitan asistencia por ello no acudan a los servicios públicos de salud.
La violación y la posibilidad de riesgos graves para la salud materna están contempladas como excepciones para la penalización en el Código Penal desde 1921, pero por lo general las autoridades no aplican este criterio en forma automática.
La crisis sumergió a amplios sectores de la población en la pobreza y la indigencia, y la desocupación o subocupación tuvieron entre sus consecuencias más nefastas el haber excluido a muchas personas de la cobertura social de salud, que tuvo características universales cuando en la Argentina existía el pleno empleo, señaló Bianco.
En una encuesta efectuada por la FEIM, casi un tercio de las mujeres en situación de pobreza consultadas no contaban con cobertura médica, entre ellas la mayoría de las que tenían de 20 a 29 años, la etapa de mayor fecundidad.
La mortalidad materna argentina es baja en comparación con las de algunos países de la región, como Bolivia que registra 230 por cada 100.000 nacidos vivos, y Paraguay con 182,1, pero en Chile es 16,7 por cada 100.000 nacidos vivos, o sea 2,6 veces menos que en Argentina, según la Organización Panamericana de la Salud.
En relación con países industrializados las diferencias son mucho mayores. En Canadá la tasa es 7,8, y en Estados Unidos 9,9 por cada 100.000 nacidos vivos.
En Argentina se registran 20 veces más muertes por abortos que en países en que la interrupción voluntaria del embarazo es legal.
Por otra parte, y en relación con el promedio de los países industrializados, en Argentina hay 16 veces más muertes maternas por infecciones no relacionadas con abortos, tres veces más por hipertensión y embolias, y 2,5 veces más relacionadas con el uso de anestesia.
La mortalidad materna es un indicador elocuente de la indefensión de las mujeres cuando atraviesan por su periodo reproductivo, sostuvo Bianco, para quien la muerte en algún momento del embarazo, el parto o el puerperio habla de un importante abandono, ya que se trata de un proceso natural que en condiciones de decisión autónoma, prevención y calidad de la atención no tendría que incluirse en las estadísticas de riesgo, morbilidad o muerte.
Los decesos son más frecuentes entre las mujeres de bajos ingresos y las que viven en provincias pobres.
La mortalidad materna en la Capital Federal es 14 por cada 100.000 nacidos vivos, menos de un tercio de la media nacional, y en la provincia de Buenos Aires es 32. En cambio, en las provincias más pobres del noreste y noroeste argentinos las tasas se multiplican por dos, tres o más, con 109 en Jujuy, 111 en La Rioja y 166 por cada 100.000 nacidos vivos en Formosa.
La política de salud sexual y reproductiva es clave en el análisis del problema en el país, que cuenta desde 2002 con una ley nacional en la materia, cuya instrumentación todavía afronta obstáculos en algunas provincias.
Esa ley dio origen al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, por el cual el Ministerio de Salud compra y distribuye anticonceptivos en todas las provincias.
Pero Bianco sostuvo que el grado de instrumentación es muy dispar en los diferentes distritos, ya que en algunos casos se lleva a cabo una aplicación parcial y en otros se registra una resistencia total.
En algunas provincias aún no llegan anticonceptivos orales ni preservativos a los centros asistenciales, o no se acepta el uso de dispositivo intrauterino.
El Ministerio de Salud tampoco adquiere productos destinados a la anticoncepción de emergencia, como la llamada píldora del día después. Sólo en la Capital Federal, en la occidental provincia de Mendoza y en la ciudad de Rosario, unos 200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, hay ese tipo de productos en centros asistenciales públicos.
Disminuir la morbilidad y mortalidad maternas es un objetivo expresado, pero, en realidad, no siempre buscado, consideró Bianco.
En su opinión, la persistencia de una mortalidad materna relativamente alta expresa tanto los problemas de la calidad de la atención durante la gestación, el parto y el puerperio, como el peso del aborto inseguro y clandestino, al que recurren las mujeres para evitar embarazos no planificados que no se pueden controlar, por falta o limitación de los servicios de salud reproductiva y planificación familiar. (
