La Unión Europea (UE) restañó su vínculo con Sudán y le asignó 65 millones de dólares en ayuda, para apuntalar el acuerdo de paz entre el régimen islámico de hegemonía árabe y los autonomistas negros y cristianos del sur del país.
El presidente de la UE, José Manuel Durao Barroso, y el comisario del bloque para Desarrollo, Louis Michel, firmaron un convenio en ese sentido con el vicepresidente sudanés, Alí Osman Mohamed Taha, y el comisario de Relaciones Exteriores del insurgente Ejército para la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA), Nhial Deng Nhi.
La Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, indicó que implementará de inmediato un paquete de asistencia, la mitad de la cual se dirigirá al norte y la segunda al sur de Sudán. Michel dijo que el bloque de 25 naciones tiene la intención de mostrar al pueblo sudanés que la paz da dividendos.
De todos modos, la UE condicionó la reanudación de la ayuda a avances en el conflicto que aún mantiene el gobierno en la occidental región de Darfur, donde milicias progubernamentales hostigan a la población de mayoría negra y musulmana.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró, antes del maremoto que afectó a Asia a fines de diciembre, que la crisis humanitaria originada por la guerra civil en Darfur era la peor de la actualidad.
Esta reunión es el punto de partida para la reanudación de relaciones normales entre la UE y Sudán. Este es el primer paso, pero un paso muy importante, dijo Michel luego de firmar el acuerdo el martes.
La UE, principal donante de asistencia del mundo, suspendió la ayuda a Sudán en 1999. El diálogo político se reanudó en 1999. La Comisión informó que se dispone a brindar ayuda financiera a Sudán los próximos tres años.
La guerra en el sur de Sudán estalló cuando se estableció el régimen islámico en 1983, pero los conflictos fueron persistentes desde la independencia respecto de Gran Bretaña, en 1956.
El gobierno sudanés es de corte islámico y está dominado por la mayoría árabe del norte del país. En el sur, en cambio, la mayoría de la población es negra y practica el cristianismo o religiones tradicionales africanas.
Ese conflicto, concentrado en áreas donde el régimen islámico había concedido a petroleras transnacionales la explotación del subsuelo, causó la muerte de más de dos millones de personas, el desplazamiento interno de otros cuatro millones y la huida a otros países de medio millón.
El diálogo comenzó a dar frutos en septiembre de 2002, en Kenia, cuando se acordó integrar a los combatientes de ambos bandos en un ejército nacional. El año pasado se alcanzó consenso para compartir la riqueza petrolera de Sudán y otras fuentes de ingresos gubernamentales.
El acuerdo definitivo de paz, firmado el 21 de enero, asigna al líder del SPLA, John Garang, la vicepresidencia de Sudán. Además, deja sin efecto la vigencia de la ley islámica en el sur y, luego de un periodo de transición de seis años, abre la posibilidad de que la población de esa región defina su destino en una consulta popular.
En cuanto a la crisis en Darfur, unos 30.000 musulmanes negros fueron asesinados y más de dos millones debieron abandonar sus hogares por el asedio de las milicias árabes Janjaweed, que cuentan, según la mayoría de los observadores, con apoyo de Jartum.
La mayoría de los desplazados debieron ubicarse en la vecina Chad o en zonas inhóspitas en las que resulta muy dificultosa el acceso de las organizaciones de ayuda humanitaria.
No hay duda de que el gobierno islámico y árabe en Jartum patrocinó, armó o reclutó a las milicias, según la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Asma Jahangir.
Los Janjaweed —que, al igual que sus víctimas, son musulmanes— con frecuencia usan uniformes del ejército regular y vehículos oficiales, añadió.
El conflicto en Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzó en los años 70 como una disputa étnica de baja intensidad entre nómades árabes y agricultores indígenas negros sobre las tierras de pastoreo en esta región proclive a las sequías.
Pero la tensión evolucionó hacia una guerra civil que estalló en febrero de 2003.
Entonces, dos organizaciones rebeldes, el Movimiento y Ejército para la Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia y Equidad, reaccionaron con violencia al continuo hostigamiento de las milicias progubernamentales y a la falta de inversiones en el desarrollo de la zona.
Ambos grupos lanzaron ataques, a veces conjuntos, contra instalaciones militares en rechazo de las redadas de Janjaweed contra sus comunidades y la postergación a la que las somete Jartum. Los rebeldes son apoyados por la población no árabe que constituye la mayoría de la región.
La respuesta del gobierno fue un aumento del apoyo a los 20.000 janjaweed —hombres a caballo, en árabe— y una escalada de las ofensivas contra la población civil.
La reanudación de relaciones entre Jartum y Bruselas le dará al gobierno sudanés acceso a 518 millones de dólares, condicionado al avance del proceso en el sur y a la mejoría de la situación en Darfur. (
