La condena del ex militar argentino Adolfo Scilingo en el juicio por delitos de lesa humanidad que se le realiza en España sentaría un importante precedente jurídico, que derrumbaría fronteras basándose en los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos.
Tras revelar en 1996 su participación en violaciones contra los derechos humanos, Scilingo se trasladó voluntariamente de su país a España al año siguiente y compareció ante el juez Baltasar Garzón, a quien confesó lo mismo, esperando no ser encarcelado por lo que consideraba colaboración con la justicia. Pero se equivocó, fue encarcelado y ya no pudo volver a su país.
La próxima semana comenzarán a declarar 170 testigos, algunos de los cuales lo harán personalmente y otros a través de vídeoconferencias, desde Buenos Aires. Esto último, además de ser una novedad en los procedimientos, será una clara demostración de la cooperación judicial entre Argentina y España, coincidieron en señalar a IPS el abogado de la acusación popular, Carlos Slepoy, y Mónica Cavagna, titular de la comisión jurídica de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos.
Al iniciarse el juicio, el 14 de este mes, el acusado primero intentó hacer creer que estaba enfermo y debilitado por una huelga de hambre. Tras un examen médico que demostró que eso era mentira, pasó a retractarse de todas sus confesiones. Su argumento básico ahora es decir que mintió para obligar a que se investigasen los crímenes y para vengarse de quienes fueron sus jefes en la Armada (marina de guerra) argentina.
La audición en el juicio de la grabación de sus declaraciones a partir de 1997 ante el juez Baltasar Garzón, instructor del sumario en el que se sustenta el juicio que se está celebrando, muestra que Scilingo al menos conoció lo que ocurrió en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) bajo la dictadura que sufrió su país de 1976 a 1983.
Cavagna subraya que los oyentes de esas grabaciones pudieron comprobar que las justificaciones de Scilingo de los días anteriores son ajenas a la realidad. Él reconoce que prestaba servicio en la Esma, que en determinados momentos integró grupos operativos y que recibió y cumplió órdenes de personas que no integraban la cadena natural de mandos a la que debía obediencia.
Además él mismo confesó que cumplió misiones fuera de su circunscripción, en provincias del norte argentino, en Bolivia y en Francia, destacó.
La defensa de Scilingo argumenta que ninguno de los testigos dice haberlo visto. Puede que sí y puede que no, porque los detenidos estaban encapuchados, con bolsas o capuchas que les impedían ver, señaló Slepoy, quien adicionó que no es fácil que se presente un testigo que lo haya visto, ya que de más de 5.000 detenidos en la Esma solo quedaron 170 sobrevivientes.
Por otro lado, existen elementos concurrentes que prueban su participación, indicó. En primer lugar están sus múltiples declaraciones en ese sentido, ante el escritor y periodista argentino Horacio Verbitsky, radios, televisiones y periódicos antes de presentarse voluntariamente ante Garzón.
En segundo, que el acusado vivía en la propia Esma, lo que torna imposible creer que ignorase lo que allí pasó. Y también que perteneció a la sección de automotores, cuyo uso fue indispensable para trasladar detenidos de un lado a otro. Sin dejar de lado los precisos datos que incluyó en sus confesiones, concluyó Slepoy.
¿Por qué, entonces, sus primeras y resonantes confesiones? También en esto coinciden Cavagna y Slepoy. En primer lugar, dicen, porque pensó que sería beneficiado como arrepentido. En segundo, porque en esa época (1996) en la Argentina se vivía un clima de impunidad, en el que pensaba ampararse.
En 1987, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, se dictó una ley conocida como de obediencia debida que eximía de culpas a los subalternos como Scilingo. Y en tercer lugar, para vengarse de sus superiores, que le negaron un ascenso cuando reglamentariamente le correspondía.
A partir del lunes 24 comenzarán a prestar declaración los testigos, entre ellos Verbitsky, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo (familiares de víctimas de la dictadura), Estela Carlotto, representantes de organizaciones sindicales y estudiantiles de la Argentina y el ex fiscal Julio César Strassera, célebre por haber actuado como tal en el juicio contra las tres Juntas Militares que presidieron la dictadura argentina.
También lo harán una docena de sobrevivientes de la Esma. No se ha presentado ningún testigo ni pruebas que apoyen las declaraciones del acusado en las que éste se retracta de las anteriores y afirma ser inocente.
Scilingo es acusado de genocidio, terrorismo y torturas. Aunque posteriormente se retractó, el ex marino confesó haber arrojado al océano Atlántico, en dos vuelos de la muerte, a 30 prisioneros políticos vivos y adormecidos con narcóticos, 13 en uno y 17 en otro.
Sus acusadores esperan que se lo condene por genocidio, y si eso ocurre será la primera vez en un país de la Unión Europea contra un ciudadano de fuera de la misma, lo que sentaría un precedente jurídico de nivel internacional.
La sentencia se produciría a mediados de febrero, cuando el tribunal deberá decidir sobre el pedido de la acusación de una condena de 6.626 años de cárcel, de los que tendría que cumplir 40 según el Código Penal español.
Cuando concluya este juicio se iniciará otro contra Ricardo Miguel Cavallo, otro represor argentino preso en Madrid, tras ser detenido en México y extraditado desde ese país.
La acusación es respaldada por la Coordinadora la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación de Chilenos en España, Asociación por los Derechos Humanos del Perú, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Pro Memoria Salvador Allende, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Comisión de Apoyo a los juicios contra Pinochet y Comité por los Derechos Humanos en Colombia.
También por Equipo Nizkor, H.I.J.@.S. España, Instituto de Derechos Humanos de Izquierda Republicana, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Partido Comunista de Chile (Madrid), Proyecto Cultura y Solidaridad, Partido Socialista Obrero Español, Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida Federal y las secretarías internacionales de las centrales Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Unión Sindical Obrera.
