«Deberíamos llamarla María Frontera», dijo el agente Vela, de la policía colombiana, acerca de una niña nacida esta semana en el Puente Unión, un paso fronterizo entre el septentrional departamento colombiano de Norte de Santander y el noroccidental estado venezolano de Táchira.
La madre de "María Frontera" fue auxiliada solícitamente por guardias de ambos países, cuyos gobiernos se enfrentan estos días en una crisis política y diplomática generada por una operación encubierta colombiana que secuestró en Caracas al guerrillero izquierdista colombiano Rodrigo Granda.
El enfrentamiento se mantuvo hasta el martes en el centro de las preocupaciones en Colombia, donde sólo la nominación de la actriz de 23 años Catalina Sandino para el estadounidense premio Oscar hizo pasar por un día a segundo plano la crisis.
Pero más de 100.000 habitantes de Arauca, departamento fronterizo con Venezuela al este de Bogotá, tuvieron que enterarse de esa nominación a través de radios a batería, porque la guerrilla dinamitó el lunes una torre transportadora de energía.
El sabotaje dejó sin luz inicialmente a todo el departamento. Sólo el miércoles en la noche volvió la luz a la capital, Arauca, y a los municipios de Cravo Norte y Caño Limón, este último sede del complejo petrolero de Occidental Petroleum.
Las autoridades pidieron una conexión eléctrica con Venezuela mientras se reparan los daños, como se acostumbra ante este frecuente tipo de atentado, pero esta vez Caracas la denegó.
El apagón en Arauca se sumó a la escasez de combustible, que debido a la crisis con Venezuela, gran productora de petróleo, incrementó su precio 460 por ciento.
El domingo, el presidente venezolano Hugo Chávez oficializó la decisión, que ya se aplicaba, de no dejar pasar hacia Colombia combustible automotor, un golpe también para la economía de Cúcuta, capital de Norte de Santander.
Bogotá tuvo que surtir de inmediato a ambas regiones con gasolina, al tiempo que anunció la importación de combustible para motores diesel.
La radical disminución de la oferta de combustible en Arauca y Cúcuta puso en evidencia que ambos departamentos fronterizos colombianos se abastecen con productos venezolanos de contrabando, a precios muy inferiores a los vigentes en el resto de Colombia.
Unas 5.000 familias de Cúcuta viven de ese comercio ilegal y hasta ahora tolerado, otras 1.700 comercializan en las mismas condiciones gas doméstico venezolano, y 3.000 más adquieren víveres en Venezuela para revenderlos con una pequeña ganancia en Colombia, donde los precios son más altos.
Los rumores de cierre de la frontera de 2.219 kilómetros por parte de Venezuela han sido permanentes en los últimos días.
Ese cierre no se ha decretado, pero el procedimiento aduanero para pasar carga colombiana hacia Venezuela a la altura de Cúcuta, que normalmente llevaba dos horas, ahora tarda de cuatro a seis según Jaime Sorzano, presidente de la colombiana Confederación de Transportadores de Carga (Colfecar).
Sorzano calculó que se ven afectados unos 450 camiones que transportan 9.000 toneladas de carga diaria.
Los colombianos residentes en esa zona de frontera tampoco podrán usar la vía venezolana que comunica a Arauca con Cúcuta en cinco horas, en vez de las 17 que se tarda por carreteras colombianas, a través de escarpadas montañas y zonas de guerra.
La medida afecta especialmente a Arauca, que recibe por esa vía 90 por ciento de sus provisiones. Colfecar calcula que diariamente la carretera venezolana sirve al transporte de mil toneladas de carga colombiana.
Según la cámara de comercio y la asociación de comerciantes de Arauca, el miércoles estaban demoradas en Cúcuta más de 960 toneladas de mercancía destinada al departamento.
Ambas entidades calculan las pérdidas locales causadas por la crisis con Venezuela en más de dos millones y medio de dólares hasta el momento.
Desde el martes Venezuela no permite la entrada de las 6.000 toneladas diarias de carbón colombiano que recibía diariamente, 145 toneladas para consumo propio y el resto para ser exportado a otros países desde puertos venezolanos.
El presidente de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander, Marceliano Caro, advirtió el martes de que unos 8.000 mineros pueden ser despedidos si la crisis no se soluciona en 15 o 20 días.
Martín Sandoval, del Comité Permanente por los Derechos Humanos en Arauca, dijo a IPS que "para quienes somos conscientes de la realidad de la frontera, el gobierno venezolano estaba en mora de tomar una posición firme y digna, pues no es la primera vez que se secuestra a colombianos en territorio de Venezuela".
"Somos testigos de que constantemente el ejército y la policía (colombianos) penetran a Venezuela sin autorización y detienen a colombianos acusándolos de guerrilleros", agregó.
"Eso ha pasado en Guasdualito, El Amparo y La Victoria (poblados venezolanos en cercanías de Arauca) y es una maña (costumbre) que viene desde hace años de parte de las autoridades colombianas", según Sandoval.
En Colombia no hay acuerdo sobre si el presidente Álvaro Uribe estaba al tanto de la operación clandestina de servicios de Inteligencia de su país en Caracas que secuestró a Rodrigo Granda, de la comisión internacional de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que fue causa de la grave crisis política y diplomática.
Granda fue apresado de manera irregular el 13 de diciembre en Caracas, y transportado de inmediato a la fronteriza Cúcuta, a unos 700 kilómetros de la capital venezolana, donde al día siguiente fue reportado como detenido por la policía en esa ciudad colombiana.
Según relató a IPS una fuente cercana a los hechos que no autorizó la publicación de su nombre, la reacción venezolana sólo se dio el 14 de enero porque hasta entonces Caracas se dedicó a recabar información completa sobre el caso.
La misma fuente, hoy bajo protección del estado venezolano, indicó que el gobierno de Chávez está dispuesto a llegar "hasta las últimas consecuencias" si no se satisface su reclamo de que Uribe pida disculpas por la violación de la soberanía venezolana.
La revelación de que funcionarios de servicios de seguridad venezolanos participaron sin autorización ni conocimiento de Caracas en la operación encubierta fue seguida de la afirmación de Bogotá de que pagó una recompensa a los secuestradores.
El gobierno colombiano había indicado hace un año a Interpol, la policía internacional, que Granda era buscado por "rebelión", un delito que no es reconocido internacionalmente pero sí en Colombia, donde miles son acusados de cometerlo por su presunta participación en la guerra interna.
Cada uno de los dos países es el segundo socio comercial del otro, y sus economías son las más fuertes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Colombia recibe 1.500 millones de dólares anuales por exportaciones a Venezuela, que representan 10 por ciento de sus ventas totales al exterior.
El secretario general de la CAN, Allan Wagner, manifestó el martes que Venezuela no puede tomar represalias comerciales contra Colombia como lo anunció Chávez, porque los acuerdos en el marco de ese bloque tienen preeminencia sobre las normativas nacionales, y ningún Estado miembro "puede modificar los compromisos existentes".
Ante la crisis, la mayoría de los productores colombianos cerraron filas en apoyo a Uribe y anunciaron que buscarán otros mercados para sus productos si no pueden venderlos en Venezuela.
Pero otros manifestaron preocupación por la escalada de la crisis, como lo hizo el martes el presidente de la federación de ganaderos del septentrional departamento de Córdoba, Alfredo García Burgos. Cerca de 70 por ciento de los alimentos que se consumen en Venezuela provienen de Colombia.
