Parlamentarios colombianos de distintas vertientes promueven un proyecto de ley de verdad, justicia y reparación para aplicar al proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares de derecha.
Pero una ley al respecto no entrará en vigor antes de seis meses y no tendrá carácter retroactivo.
Mientras tanto, está prevista la desmovilización de unos 6.000 paramilitares, la mitad de los que se estima tiene ese sector armado ilegal.
Ya hay miles de personas a las que no se les puede aplicar esta ley, dijo el historiador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Jaime Zuluaga.
Desde el 26 de noviembre se han desmovilizado 2.074 paramilitares. La última entrega, fijada el viernes pasado, Día Internacional de los Derechos Humanos, comprendió a 1.425 combatientes.
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Unos 1.500 más se desmovilizarán antes del 31 de este mes, anunció el gobierno, cuyo plan es desmantelar totalmente para finales de 2005 a estas fuerzas irregulares que dicen actuar en apoyo del Estado.
De momento, los paramilitares que se entregan junto con sus armas se rigen por un laxo decreto gubernamental que acepta la declaración simple de pertenencia a un ejército ilegal y deja libre al desmovilizado.
Según el decreto, la fiscalía verifica los antecedentes judiciales de la persona en semanas subsiguientes, pero no hay garantías de que los culpables de crímenes de guerra sean encontrados nuevamente y detenidos por la justicia.
Los desmovilizados con procesos judiciales ya abiertos por crímenes de guerra o lesa humanidad se mantendrían concentrados en un territorio hasta que se apruebe una ley de verdad, justicia y reparación.
El proyecto anunciado el martes a la prensa prevé un tribunal especial e independiente que, mediante confesiones de los desmovilizados, recabaría el listado de todos los miembros del paramilitarismo, sus crímenes y áreas de acción.
Así, cada desmovilizado obtendría indulto sólo después del proceso correspondiente en ese tribunal ad hoc. Si en el procesamiento se comprobara falsedad en la confesión, el caso pasaría a la justicia ordinaria.
Los legisladores esperan que el gobierno cite a sesiones parlamentarias extraordinarias en febrero para abrir el debate sobre la iniciativa, que compite con otro proyecto radicado por la senadora opositora Piedad Córdoba, del Partido Liberal.
El proyecto de Córdoba propone la creación de una comisión de esclarecimiento histórico que establezca responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 1945, cuando se inició la confrontación violenta.
Para el representante a la cámara baja Luis Fernando Velasco, uno de los que elaboró el proyecto anunciado el martes, el asunto no es sólo la desmovilización. Hay que hacer que no resulte atractivo replicar el paramilitarismo en Colombia, dijo en un encuentro con periodistas.
Velasco, liberal independiente, explicó que la iniciativa es producto del consenso entre los más destacados legisladores seguidores del presidente Alvaro Uribe —el ex ministro de Defensa Rafael Pardo y Gina Parodi—, el comunista Wilson Borja, sobreviviente de un atentado paramilitar, y él mismo.
Se trata de generar un proyecto con tanta fuerza, que sectores de poco clara procedencia política no lo puedan bloquear, afirmó, en referencia a que entre 30 y 35 por ciento de los parlamentarios son considerados portavoces del paramilitarismo.
Sin embargo, el gobierno se abstuvo de respaldar alguna de estas dos iniciativas y anunció la semana pasada que presentaría la propia.
La propuesta de Córdoba fue consultada con indígenas, comunidades negras y otras víctimas de la guerra.
Según Velasco, su iniciativa buscó un equilibrio entre verdad, justicia y reparación y está armonizada con el derecho internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, que no permite el indulto a los responsables.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que 80 por ciento de los crímenes cometidos en el marco del conflicto son responsabilidad de grupos paramilitares.
El viernes, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso cedió su pistola Glock 9 milímetros y anunció que entrará a la contienda política. El rico hacendado está acusado de narcotráfico por Estados Unidos, país que pide su extradición.
Los combatientes de Mancuso entregaron 1.138 armas, entre fusiles, ametralladoras, morteros, lanzagranadas y pistolas, según el coordinador de la misión de apoyo a la desmovilización, Sergio Caramagna, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La desmovilización comenzó a materializarse cuando el gobierno garantizó en conversaciones secretas en el septentrional departamento de Córdoba, que no extraditaría a los líderes acusados de narcotraficantes, a cambio de que éstos cumplieran los acuerdos con Bogotá.
Mancuso también quedará a salvo de una condena a 40 años de prisión por la matanza de 15 campesinos en 1997, y de una veintena de procesos penales, otros cuatro asesinatos colectivos y nueve homicidios.
Una de las discusiones públicas candentes es qué hacer luego con miles de paramilitares que revistan en filas ilegales a cambio de un salario.
Para unos, el desarme y la desmovilización son la institucionalización del paramilitarismo, mientras otros temen quedarse sin amparo ante la guerrilla izquierdista que secuestra y extorsiona, responsable también de crímenes atroces.
Hermano, yo para qué le digo mentiras. A mí lo que me gusta es el camuflado. Yo lo que quiero es que me reciban en el ejército para seguir peleando, dijo el viernes al reportero gráfico independiente Jesús Abad Colorado un paramilitar raso que entregaba sus armas en Campo Dos, Catatumbo, nordeste del país.
Los coordinadores del ritual de entrega no le permitían a uno meterse entre las filas (de quienes dejaban las armas) y compartir (conversar) con ellos. No querían que los muchachos estuvieran en contacto con la prensa, dijo Colorado.
Los mandos medios se mantuvieron semiocultos tras gorras y gafas oscuras. Los paramilitares rasos y los grandes jefes, en cambio, sí mostraron sus rostros.
Armas se vuelven a conseguir, comentaba la gente de la aldea, según Colorado. A los pobladores, explicó, les da mucho miedo que la gente (los paramilitares) se vaya, porque entra la guerrilla de nuevo a la región.
En junio, una matanza atribuida a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, la principal guerrilla del país) arrojó 34 muertos. Según información que circuló entonces, las víctimas no eran combatientes sino trabajadores que raspaban hoja de coca (materia prima de la cocaína) en un cultivo de propiedad de paramilitares.
La no gubernamental fundación Progresar estima que los paramilitares son responsables de la mayor parte de las 5.200 muertes ocurridas desde 1999, cuando se hicieron presentes en la región, aunque los guerrilleros también contribuyeron a esa cifra.
Hay que desmontar las estructuras de apoyo del paramilitarismo, buscar quiénes son los auspiciadores, quiénes han sido los facilitadores, quiénes apoyan, advirtió la legisladora Córdoba el lunes en un debate en el Senado, pues si hay algo importante en este país es la búsqueda de la verdad.
Expertos en cuestiones rurales estiman que los paramilitares se adueñaron de entre 4.000 y 4.500 millones de hectáreas de las mejores tierras del país. Esta ha sido la más monstruosa contrarreforma agraria en todo el continente, apunta el historiador Zuluaga.
Córdoba recordó ante el parlamento que la contrarreforma ha sido a bala, a punta del miedo, del desplazamiento y, sobre todo, de la desaparición forzada y de los secuestros.
El domingo, el gobierno anunció que los paramilitares devolverán 6.811 hectáreas de tierras, 105 fincas y 58 inmuebles, entre casas y locales comerciales.
Caramagna, de la OEA, saludó la decisión y recomendó que una instancia internacional se encargue de la administración clara de estos bienes, para que sea una forma de reparación a las víctimas.
Alvaro Villarraga, del Consejo Nacional de Paz, ente mixto asesor del presidente en el que participan grupos empresariales y organizaciones no gubernamentales, relató a IPS cómo entendió Mancuso la reparación.
El jefe paramilitar dio un millón y medio de pesos en efectivo (unos 615 dólares) a un campesino que perdió en los últimos meses a su hermano y su padre a manos de los hombres de Mancuso. Tómelo y le aconsejo que se vaya de la región, le dijo Mancuso, según el relato de Villarraga.
Pese a todo, con el desarme paramilitar se está cumpliendo con una recomendación internacional de la ONU en materia de derechos humanos y se allana el camino hacia la paz, dijo Villarraga.
Pero en el procedimiento hay un defecto estructural en cuanto a la impunidad, el cese del fuego, la verificación y la prevención, opinó.
Se pueden desmovilizar 3.000 paramilitares, pero el Estado no tiene ningún tipo de control para que simultáneamente no se esté reclutando un número igual o mayor de combatientes, advirtió.
