Buenos Aires se convirtió en inesperado escenario de un largo conflicto entre una compañía petrolera de este país y quichuas ecuatorianos que defienden su territorio amazónico ancestral. Los indígenas piden intervención del gobierno de Néstor Kirchner.
El futuro de nuestro pueblo es incierto, vivimos en la zozobra, dijo a IPS Marlon Santi, líder de la comunidad quichua de Sarayacu. Se trata de unos 2.500 indígenas a los que se reconoció en 1992 un espacio territorial de 132.000 hectáreas en la oriental provincia de Pastaza.
El conflicto se remonta a 1996, cuando el gobierno de Ecuador firmó un convenio con la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC), que permitía la exploración del subsuelo del llamado Bloque 23, perteneciente prácticamente por completo a esa etnia original según consta en los títulos de propiedad.
Los quichuas aseguran que no fueron consultados para habilitar este negocio como indica la Constitución de Ecuador y desde 2000 el conflicto se agudizó por las constantes incursiones de la empresa, las presiones del gobierno y la avanzada de grupos militares y paramilitares sobre la comunidad que vive en la región.
Actualmente, el gobierno ecuatoriano de Lucio Gutiérrez mantiene la zona militarizada y asegura que el proyecto traerá como beneficio un mayor desarrollo y una gran cantidad de empleo para la región. Sin embargo, los indígenas frenaron la iniciativa con denuncias internacionales sobre la avanzada irregular sobre su territorio y los consecuentes daños ambientales.
El gobierno admite que la comunidad Sarayacu tiene derecho a la posesión del territorio en cuestión, pero el mismo se limita a la superficie, mientras que el Estado se reserva la prerrogativa de explorar recursos del subsuelo como si fueran propios mediante concesiones a particulares.
Similar argumento exhibe la CGC. Los escrituras de los indígenas afirman taxativamente que el Estado les da la propiedad del suelo, pero conserva sus derechos sobre la propiedad de los recursos del subsuelo, dijo a IPS el gerente de la compañía en Ecuador, Ricardo Nicolás, quien se encuentra ahora en Buenos Aires.
A mediados de este año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó a Quito su profunda preocupación, por la falta de respeto a los derechos de propiedad comunitaria de los quichuas amparados por la ley fundamental del país.
El Comité señaló, además, su inquietud por la entrega en concesión de zonas para la extracción petrolera y por el efecto negativo que esa cesión podía tener en la comunidad indígena del lugar. Por esas razones exhortó al gobierno de Gutiérrez a asegurarse la participación de los quichuas en las decisiones que atañen a sus territorios.
Más tarde fue la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en el sistema de la Organización de los Estados Americanos, la que dictó una serie de resoluciones destinadas a garantizar la vida y la integridad de la comunidad indígena y su derecho a la libre circulación por el río Bobonaza, impedida desde mediados de 2003.
Las recomendaciones internacionales forzaron a Quito a iniciar un diálogo, pero en septiembre las conversaciones se interrumpieron debido a los ataques de funcionarios gubernamentales que acusaron a los quichuas de mantener vivo un conflicto por el que sólo se interesa un puñado de familias indígenas.
Entretanto, la firma argentina CGC se propone vender la mayoría de las acciones al fondo de inversión Southern Cross, presidido por el argentino Norberto Morita. Por eso, si bien el proyecto está frenado, ciertos movimientos hacen suponer que podría reactivarse en cualquier momento, según los indígenas.
No sabemos si usarán la fuerza militar o paramilitar para avanzar en la frontera petrolera. Pero si una avanzada así ocurre será un conflicto muy grave porque vamos a resistir, aseguró Santi. Nos pondremos como escudos humanos para frenar los trabajos de la empresa, advirtió.
Nicolás adujo que la empresa debió soportar secuestros extorsivos de personal técnico y torturas de operarios, y que invirtió seis años en consultas y explicaciones para arribar a entendimientos con las poblaciones locales. Finalmente, aseguró, se firmaron acuerdos con 26 de las 28 comunidades de la zona.
Pero luego, indígenas armados atacaron los campamentos de la empresa, comandados por Santi, sostuvo Nicolás. Fue cuando intervino el ejército ecuatoriano y la empresa se retiró, dijo.
El ejecutivo afirmó que la CGC lleva invertidos 15 millones de dólares en el proyecto. No pedimos militarizar la zona, sino que el Estado converse y llegue a un acuerdo para que podamos trabajar, dijo Nicolás, con quien los indígenas no quieren volver a reunirse.
Los representantes de la comunidad y de organizaciones no gubernamentales que la respaldan viajaron este mes a Buenos Aires en procura de reunirse con autoridades de este país y con líderes sociales, pero especialmente con los ejecutivos y representantes de los accionistas de la compañía.
El objetivo es sensibilizar y concientizar a la sociedad argentina sobre la tarea que desarrolla una empresa argentina en otro país latinoamericano, amenazando el ambiente y violando los derechos humanos de los indígenas, dijo a IPS el activista Kenny Bruno, de la organización EarthRights International (Derecho a la Tierra Internacional), que apoya a los indígenas de Sarayacu.
Para ello se reunieron con el vicecanciller argentino Jorge Taiana, con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y con otros dirigentes de organizaciones no gubernamentales.
Taiana se comprometió a estudiar el asunto y reconoció que se deben vigilar los casos de violaciones a los derechos humanos que puedan cometer empresas nacionales en el país o en el exterior, aseguró Bruno.
La delegación no tuvo suerte con la CGC, pues sus autoridades y principales accionistas se negaron a recibirla. Nos ofrecieron una entrevista en Ecuador con su apoderado, Ricardo Nicolás, pero no aceptamos porque exigimos que la reunión sea con 'los que mandan', añadió Bruno.
Como cierre de la visita, la misión se manifestó este lunes con pancartas en la Plaza de Mayo, el paseo público situado frente a la sede del gobierno, donde recibieron el apoyo de otras organizaciones indígenas y sociales.
Santi explicó que los quichuas son dueños legítimos del Bloque 23 y persiguen el propósito de que se respeten sus derechos sobre esa tierra. Exigimos que se retiren de la zona y que tampoco vendan el paquete accionario a otra empresa, puntualizó el representante de la comunidad.
