El arma política de golpear cacerolas puede pasar de moda pronto en Venezuela, por reformas legales y procesos judiciales que sectores de oposición y organizaciones no gubernamentales (ONG) consideran restrictivos de los derechos ciudadanos.
Uno de los proyectos de reforma al Código Penal, que procesa la Asamblea Nacional (parlamento) a pedido de la mayoría oficialista, contempla cárcel para quienes perturben la paz y la tranquilidad de instituciones y funcionarios con acciones como hacer sonar cacerolas a modo de protesta.
El parlamento también elabora un texto de responsabilidad social en radio y televisión que la oposición y medios privados de comunicación (la mayoría de oposición) consideran ley mordaza, y se apresta a elevar de 20 a 32 la cantidad de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia.
Mientras tanto, la Fiscalía abrió procesos contra decenas de participantes en los actos de autoinvestidura de Pedro Carmona, el golpista y efímero mandatario durante dos días de abril de 2002 (cuando opositores y militares intentaron derrocar al presidente Hugo Chávez), y pidió encarcelar a directivos de la ONG Súmate, que ha sido brazo técnico de la oposición.
Los jefes militares que depusieron a Chávez fueron absueltos en 2002 por el Tribunal Supremo de Justicia, pero en el nuevo clima político muy favorable al gobierno hay espacio para procesar a empresarios, políticos, periodistas y sindicalistas que pactaron o se reunieron con Carmona o fueron llamados por éste para colaborar con su gabinete.
La concurrencia de estos hechos tiene mucha gravedad, dijo a IPS Carlos Correa, coordinador de la ONG de derechos humanos Provea. No es que entremos en una fase dictatorial, pero se trata de indicadores preocupantes y, si se concretan, reducirán para los ciudadanos la posibilidad de ejercer libremente sus derechos, agregó.
Las cacerolas pueden ser ejemplo de lo que se discute: las hicieron sonar, vacías, opositores a Salvador Allende en Chile antes del golpe de 1973, y, en Venezuela, seguidores de Chávez después de que el entonces teniente-coronel de paracaidistas lideró una cruenta sublevación militar en febrero de 1992.
Esa forma de protesta fue la preferida de la ciudadanía de Uruguay que pedía el retorno de la democracia a inicios de los años 80, y, más recientemente, golpearon cacerolas los damnificados argentinos por las restricciones a los depósitos bancarios impuestas durante la crisis económica de 2001.
Chávez fue elegido democráticamente en diciembre de 1998 y reelegido en julio de 2000, pero a finales del año siguiente sus opositores comenzaron a sonar cacerolas en las manifestaciones, popularizándose incluso una versión ad hoc, una pieza metálica que sonaba como el gran utensilio de cocina.
Por docenas, a veces por centenares, durante días de efervescencia opositora en 2002 y 2003, sobre todo en medio de la huelga empresarial y sindical de dos meses, los opositores practicaron el asedio de figuras del oficialismo sonando esas cacerolas.
Políticos, magistrados o generales activos fueron hostigados frente a sus casas, en restaurantes o en vuelos comerciales, por vecinos, comensales o pasajeros opositores que voceaban consignas mientras sonaban cuanto útil de metal tuviesen a mano.
Incluso se hostigó a comercios que rehusaron sumarse al paro opositor, en urbanizaciones residenciales del este de Caracas.
Según la proyectada reforma del Código Penal el que ejecute cualquier tipo de amenaza o acto de violencia contra un funcionario o servidor público o contra su familia para simplemente intimidarlo, o presionarlo a hacer o a dejar de hacer (à) será castigado con prisión de uno a tres años, y de dos a cuatro años si fuere contra un alto funcionario.
Sonar cacerolas es legítimo en una marcha, para protestar por ejemplo por la carestía o por lo que se quiera. Pero no hostigar o agredir a una persona o a su familia del modo como hicieron los grupos fanatizados de oposición, comentó a IPS el parlamentario oficialista Calixto Ortega.
Un resultado es que acciones de hostilidad se penalizan en una de las reformas propuestas al Código Penal, en una clara medida de retaliación política, que busca lo que no podrán lograr, que es acallar la disidencia y la protesta en Venezuela, sostuvo Henry Ramos, secretario general del principal partido opositor, Acción Democrática.
Sin embargo, aún no sabemos cuál proyecto de reforma prosperará y si contendrá disposiciones como esa restricción, dijo a IPS Alfredo Ruiz, director de la ONG humanitaria Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Pero no es adecuada una reforma ad hoc, puntual, porque aumentará la sensación de inseguridad e impunidad en el país, agregó.
Entre las reformas propuestas al Código Penal se establece que todo individuo que por cualquier medio destruya, obstaculice, cierre o dañe, en todo o en parte las vías públicas, e imposibilite o dificulte la libre circulación del tránsito automotor (à) será castigado con prisión de dos a cuatro años.
Con frecuencia semanal los conductores de transporte público en Caracas y sus alrededores cierran las vías para protestar por el auge de delitos comunes en sus zonas de trabajo.
La penalización de este tipo de manifestaciones es tema de debate en otros países latinoamericanos. El corte de avenidas, carreteras y autopistas es la protesta preferida de los desempleados de Argentina y de campesinos e indígenas de Bolivia.
Otra medida polémica es la que penalizaría con hasta 20 años de prisión a quienes reciban financiamiento del exterior para actividades que se establezcan como delictivas bajo una redacción vaga y tipificación imprecisa de delitos, lo que deja un margen de discrecionalidad preocupante, dijo Correa.
Puede ser sancionable recibir dinero para cometer delitos. Pero en la forma ambigua del proyecto de reforma eso se presta a retaliación política, advirtió Ruiz.
La mesa fue servida para el debate por el caso Súmate, una ONG que hizo de brazo técnico de la Coordinadora Democrática, alianza de partidos y grupos de oposición que impulsó la huelga contra Chávez en diciembre de 2002 y enero de 2003, y luego buscó desalojarlo del poder mediante un referendo revocatorio.
Al referendo se llegó al cabo de meses de discusiones e intercambio de acusaciones entre Súmate y el poder electoral, que chocaron a propósito de la validez de millones de firmas recogidas para solicitar la consulta, finalmente ganada por Chávez el 15 de agosto con 59 por ciento de los votos emitidos.
Súmate recibió al menos 33.000 dólares de la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy) y según el oficialismo se trata apenas de la punta de un iceberg de apoyo extranjero a actividades desestabilizadoras en Venezuela, con más de dos millones de dólares entregados a entidades opositoras.
La Fiscalía ha pedido encarcelar, para ser procesados, a dos directivos de Súmate, Alejandro Plaz y María Corina Machado, por usurpar funciones de los partidos políticos y del poder electoral, y por traición a la patria, al desviar recursos para conspirar contra la forma política republicana del país, según la acusación.
Si se utiliza financiamiento para recoger firmas sin el aval del Consejo Electoral, ¿se comete un delito, conspiración o traición a la patria, punible con 25 años de cárcel?, se preguntó Correa. Conspirar para rebelarse con armas es un delito, pero una redacción amplia y vaga reducirá el espacio para ejercer derechos políticos, aseveró.
Setenta personalidades internacionales enviaron la semana pasada una carta a Chávez y a los titulares de los poderes legislativo y judicial pidiéndoles reconsiderar el juicio contra Súmate y la proyectada reforma penal.
Entre sus firmantes están los ex presidentes Václav Havel, de la República Checa, Violeta Chamorro, de Nicaragua, y la ex secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Madeleine Albright.
También Emma Bonino, ex comisaria de la Unión Europea, los ex primeros ministros de Bulgaria y Canadá, Philip Dimitrov y Kim Campbell, el senador John McCain, de Estados Unidos, el presidente emérito de la central sindical de ese país AFL-CIO, Thomas Donahue, y el de Transparencia Internacional, Peter Eigen.
Nos oponemos a que se concrete la acusación o un juicio contra una organización por recibir dinero, dijo Ruiz. Sería preferible reformar la ley de partidos políticos para limitar su financiamiento externo hasta un punto determinado y establecer normas rígidas de rendición de cuentas, añadió.
En lugar de eso, el proyecto de Código Penal tipifica el delito como el atribuido a Súmate, en un artículo según el cual todo aquel que suministre, reciba o colabore en la distribución de recursos nacionales o provenientes del extranjero, destinados a conspirar contra la integridad del territorio de la República, las instituciones o desestabilizar el orden social será penado con presidio de 20 a 30 años.
Para la Red de Apoyo existe una sensación generalizada de que no es posible conseguir justicia, y de impunidad, tanto en los sectores afectos al gobierno como en los de la oposición, y una justicia débil no puede resolver conflictos con credibilidad.
Según Provea el conjunto de acciones y propuestas hablan de una judicialización de la política, y la imposibilidad de resolver conflictos por la vía de negociaciones políticas tiene un efecto inhibitorio para el ejercicio de esa actividad por parte de las personas.
Otra reforma en marcha es la ampliación del Tribunal Supremo, de 20 magistrados (actualmente) a 32, lo que según una nueva ley aprobada con los votos del oficialismo (87 en el parlamento de 165 bancas) aumentará la producción de sentencias y agilizará la administración de justicia.
Pero sectores de oposición y ONG están en contra de esa disposición según la cual, si en tres sesiones no se obtiene mayoría calificada para designar a los nuevos magistrados, entonces se los nombrará con mayoría simple, la de los parlamentarios oficialistas.
Según la organización Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, la democracia venezolana está en grave riesgo si se concreta la designación de los nuevos magistrados con la sola mayoría oficialista, pues el máximo tribunal perdería independencia y se inclinaría hacia los intereses del Ejecutivo.
No estamos en contra de la ampliación, advirtió Correa. Pero una designación de los magistrados con mayoría de dos tercios del parlamento, aunque es algo difícil en este clima de polarización, dotará con mayor consenso la composición del Tribunal y por eso mismo le dará más independencia, sostuvo.
Finalmente, portavoces de las ONG expresaron aprensión por la redacción vaga o insuficiente de artículos de la nueva ley de responsabilidad social para la radio y la televisión, que impone pesadas multas para los infractores de las limitaciones a transmitir contenidos de violencia o sexo.
Esa norma podría traducirse en autocensura por parte de los medios y de los comunicadores que trabajan para ellos, aducen.
