Los documentos especializados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deben mencionar de manera explícita al racismo contra los negros de la misma forma que aluden a otras formas de discriminación, reclamaron organizaciones no gubernamentales.
La resistencia y negativa de Estados e instituciones a nombrar el racismo antinegro perpetúan la exclusión, la marginación y la opresión de los pueblos de ascendencia africana, dijeron los cinco grupos y coaliciones que actúan principalmente en países de América.
Los firmantes de la petición son la Asesoría Legal Afro-Canadiense, la Alianza Estratégica de Afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe, el Movimiento Internacional 12 de Diciembre, el Proceso de Comunidades Negras de Colombia y la Universidad de Daytona, de Estados Unidos.
La demanda fue presentada al Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana, que este viernes concluye dos semanas de su cuarto período de sesiones anuales, con la aprobación de un documento de recomendaciones sobre salud, empleo y vivienda.
El grupo de trabajo, designado por la Comisión de Derechos Humanos, el principal organismo de la ONU en ese tema, está integrado por su presidente, Peter Lesa Kasanda, de Zambia, y por los expertos Joseph Frans, de Suecia, Georges Nicolas Jabbour, de Siria, Roberto Borges Martin, de Brasil, e Irina Moroianu-Zlatescu, de Rumania.
El brasileño Martin estuvo ausente de la primera sesión del grupo de trabajo, celebrada en noviembre de 2002, y tampoco asistió al actual período de deliberaciones. El sueco Frans se incorporó solamente en la tercera sesión, de octubre de 2003, a causa de que el bloque de países occidentales que representa, demoró intencionalmente su designación.
La renuencia de los países occidentales con respecto al grupo de trabajo se evidenció otra vez durante las sesiones de este año a las que desertaron los principales integrantes de ese bloque.
El grupo de cinco organizaciones no gubernamentales pidió que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y el Consejo Económico y Social del foro mundial (Ecosoc), se esfuercen por aumentar la participación de los países en las sesiones del grupo.
Vernellia Randall, profesora de derecho de la Universidad de Daytona, comentó a IPS que uno de los aspectos más decepcionantes es la ausencia de los principales países occidentales.
Randall precisó que se refería a los países que estuvieron involucrados en la trata de esclavos y que tienen en sus territorios un alto número de personas de ascendencia africana.
Estados Unidos, donde la población negra asciende a 13 por ciento del total, no está aquí, como tampoco Gran Bretaña, dijo la jurista estadounidense. Francia llegó a la última sesión pero brilló por su ausencia el resto de las dos semanas de sesiones, al igual que Alemania, España y Portugal, agregó.
Las cinco organizaciones no gubernamentales demandaron que los expertos participantes de las futuras sesiones del grupo de trabajo cuenten con experiencia específica sobre el efecto de sus temas de especialización en las poblaciones de descendientes de africanos.
Otra solicitud propone que el grupo realice visitas para profundizar el conocimiento de la realidad de esas comunidades en distintos países, dijo a IPS el representante de las comunidades negras de Colombia, Alfonso Cassiani Herrera. Durante el último período de sesiones, pidieron que los expertos viajaran a Colombia, Canadá y Estados Unidos.
La población de descendientes de africanos establecida en América y toda la diáspora de la esclavitud, sumada a los refugiados económicos y políticos y a otros migrantes radicados en otras partes del mundo, como Europa, Oceanía y Asia, asciende a más de 300 millones.
En conjunto con la población de Africa, equivale a más de una sexta parte de los habitantes del planeta, según una estimación efectuada por el especialista Chris Alando, de la organización suiza Visión Mundial Internacional.
Alando, que expuso sobre el problema del empleo entre los descendientes de africanos, recomendó que una de las formas de encarar la discriminación laboral contra esas comunidades sea el alivio de la deuda externa de los países pobres y de todas las naciones de Africa subsahariana.
Otro remedio propuesto por Alando es que los países africanos no sean presionados para abrir sus mercados y privatizar sus empresas públicas.
Durante el debate de las recomendaciones del grupo de trabajo, algunas delegaciones, como las de Brasil, Chile y Francia, pretendieron que el texto del documento respetara el lenguaje de la declaración y del plan de acción adoptados en la cumbre mundial sobre el racismo, que se realizó en la ciudad sudafricana de Durban en 2001.
Por ejemplo, objetaron la mención de la discriminación institucional e indirecta y también del concepto de igualdad racial porque no figuran en los documentos de Durban, dijeron.
En cambio, México, Uruguay y todos los países africanos participantes sostuvieron que el grupo de trabajo no debía restringirse a la terminología de Durban, criterio que finalmente primó.
Randall opinó que sería muy restrictivo ajustar las recomendaciones del grupo a los textos de la cumbre mundial, pues Durban fue un punto de partida y no es la Biblia ni una Carta Magna, dijo.
La jurista estadounidense juzgó preocupante que algunos Estados intenten limitar el lenguaje de las resoluciones.
Con todo, Randall elogió la función del grupo de trabajo y estimó que su sola existencia representa un progreso significativo. En mis casi 60 años de vida, este es el primer grupo de trabajo importante que se ocupa del estatus de las poblaciones de descendientes de africanos en el mundo, dijo.
Aunque queda todavía mucho trabajo por hacer con las comunidades y en todo el mundo, éste es un gran primer paso, sostuvo Randall en referencia al organismo.
