Con 50 por ciento o más de la intención de votos, la izquierda se perfila para ganar por primera vez el gobierno de Uruguay en las elecciones de este domingo, sin necesidad de una segunda vuelta con su inmediato competidor, el ahora centrista Partido Nacional.
El triunfalismo se consolidó esta semana en las tiendas del izquierdista Encuentro Progresista/Frente Amplio/Nueva Mayoría (EP/FA/NM) con un cierre de campaña multitudinario, considerado el mayor acto partidario de la historia uruguaya, y la publicación de los resultados finales de cinco empresas encuestadoras, poco antes del inicio de la veda informativa electoral.
Los sondeos finales atribuyeron al candidato presidencial del EP/FA/NM, Tabaré Vázquez, un universo de adhesión de 50 a 56 por ciento de los votantes, y al postulante del Partido Nacional o Blanco, Jorge Larrañaga, de 27 a 32 por ciento. El candidato blanco mantiene su confianza en pasar a una segunda ronda electoral el 28 de noviembre.
En caso de confirmarse estos porcentajes en las urnas, al impacto del inédito triunfo de la izquierda se agregaría una profunda reformulación del sistema político partidario del país, comentó a IPS el analista e historiador Gerardo Caetano, director del Instituto de Ciencia Política de la estatal Universidad de la República.
Es que la aparición de la figura de Larrañaga significó un vuelco hacia el centro del espectro ideológico del nacionalismo, dominado en los últimos 20 años por la corriente centroderechista abonada a la tesis económica neoliberal y liderada por el ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995), que recogerá una escasa votación, explicó.
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También en estas elecciones se prevé una caída histórica del gobernante Partido Colorado, al que las encuestas dan apenas 10 por ciento de apoyo electoral, luego de haber llevado las riendas del país durante casi los 174 años de vida independiente, salvo los periodos de guerra civil del siglo XIX, escasos gobiernos blancos y las dos dictaduras del siglo XX. Poco más de 2,4 millones de los 3,4 millones de uruguayos están habilitados para votar este domingo en las elecciones generales, donde se juega la primera ronda presidencial y la renovación de los 99 escaños de la Cámara de Diputados y los 30 del Senado. El voto es obligatorio.
Para obtener el gobierno en primera ronda, un partido necesita superar el 50 por ciento de los votos emitidos.
La votación para el parlamento tiene especial significación esta vez, pues una mayoría legislativa propia le permitirá a la izquierda prescindir de la oposición más dura, que hoy desde el gobierno la ha ignorado, y necesitar sólo el apoyo muy posible— de los legisladores de Larrañaga para lograr las mayorías especiales que requieren algunas leyes. La drástica división de aguas entre izquierda y los dos partidos tradicionales subidos en los años 90 a la ola neoliberal pautó, precisamente, la actual administración del colorado Jorge Batlle.
Este veterano político con antepasados gobernantes de tendencia socialdemócrata intentó profundizar el curso neoliberal de su antecesor Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), también colorado, y en especial de Lacalle, pero finalizó su mandato desprestigiado y abandonado a su suerte por parte de su propio partido y el Nacional, que fue aliado buena parte de su mandato.
El mismo costo político pagan hoy los centroderechistas Sanguinetti y Lacalle, que compartieron el poder desde la salida de la dictadura (1973-1985), diseñaron la política de perdón a los crímenes humanitarios de ese periodo militar y aparecen como corresponsables del colapso socioeconómico de 2002, en pleno gobierno de Batlle.
El gobierno del Partido Colorado, que entregará el mando el 1 de marzo de 2005 al ganador de este domingo, dejará una macroeconomía en alza, de la mano del sector agroexportador y ayudado por un buen clima de precios internacionales, pero sin señales de que ello mejore los ingresos de la mayoría de la población ni el índice de empleo, destrozados por la debacle de hace dos años.
La recesión nacida en 1998 precedió al colapso económico de 2002, cuando estalló una crisis bancaria y cambiaria que condujo a un enorme endeudamiento público. En junio pasado, esa deuda llegó a casi 13.000 millones de dólares, 105 por ciento del producto interno bruto. Bancos quebrados y estafados por algunos de sus dueños, pérdidas de ahorros y de carteras de inversiones, crecimiento de la desocupación y deterioro de la calidad del empleo, agudización de la marginación social y de la pobreza hasta alcanzar a 31 por ciento de los 3,4 millones de uruguayos conformaron un panorama al que Uruguay no estaba acostumbrado.
La producción cayó más de 15 por ciento de 2000 a 2002, la cotización del dólar pasó ese año de 15 pesos uruguayos por unidad a 29 pesos, el desempleo rozó el récord de 20 por ciento de los activos, el salario real se contrajo 25 por ciento y los pobres se multiplicaron por dos en ese periodo, llevando a que hoy 54 por ciento de los niños vivan en hogares bajo la línea de pobreza. Empero, el crecimiento económico constante desde 2003 le dan al próximo gobierno un respiro para sustentar los cambios prometidos por Vázquez y Larrañaga, en rumbos parecidos aunque con matices pronunciados.
La coalición liderada por Vázquez, originada en 1971 y en la que hoy conviven ex guerrilleros, marxistas, socialdemócratas, cristianos autogestionarios y escindidos blancos y colorados, se propone apostar a lo productivo, atender la emergencia social, impulsar la creatividad en ciencia y tecnología, profundizar la participación democrática e integrar el país de pleno en la región.
Para ello asegura prolijidad en materia fiscal, de deuda y equilibrio macroeconómico, énfasis en la redistribución del ingreso y el ataque a la pobreza, y fortalecimiento del papel del Estado en el control del sistema financiero y el fomento de la producción, en conjunción con el sector privado.
Además, Vázquez hace hincapié en la necesidad de atacar la corrupción y el circuito de poder montado en los últimos 20 años, desde la recuperación democrática, además de limpiar la estructura militar del pasado dictatorial y revisar la actual política conservadora en materia de derechos humanos, para investigar el destino de los casi 200 desaparecidos por la represión ilegal de los años 70.
Larrañaga prometió transitar caminos convergentes en materia de producción nacional y lucha contra la pobreza, así como cerrar filas en el Mercado Común del Sur (Mercosur), que Uruguay comparte con Argentina, Brasil y Paraguay.
La posición de ambos respecto del Mercosur se alinea con la de los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, en discrepancia radical con la presente política exterior de Batlle, enfilada directamente a Estados Unidos y distanciada del bloque sureño, como explicara el experto en relaciones internacionales Alberto Methol Ferré.
Cualquiera de los dos que llegue al gobierno impondrá un cambio inequívoco a favor de un Mercosur con más énfasis político, una posición política independiente y, en especial, alejada de la actual visión mundial de Washington, apuntó Caetano.
Sin embargo, Caetano precisó que Vázquez aparece "mucho más próximo que Larrañaga al llamado Consenso de Buenos Aires", suscrito por Kirchner y Lula en octubre de 2003 en la capital argentina, donde se propusieron transitar un mismo camino en materia de desarrollo económico, opuesto a los postulados neoliberales que pautaron la estrategia impuesta en los años 90 en América Latina.
Por eso, más allá de quién resulte triunfador este domingo, los analistas no tienen dudas de que el giro del electorado uruguayo pondrá al país en línea con la etapa posneoliberal que atraviesa América del Sur, para meterse de lleno en la era progresista. (FIN/IPS/dm/mlm/ip/04)