El primer incidente militar del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio fuerzas al movimiento para abrir los archivos secretos de la pasada dictadura militar de Brasil, que recibió este lunes el apoyo de la organización Amnistía Internacional.
La apertura inmediata de los archivos del terror es el objetivo de una campaña del Grupo Tortura Nunca Más (GTNM) de Río de Janeiro que, desde su fundación hace 20 años, intenta aclarar la desaparición y muerte de unos 150 perseguidos políticos durante la dictadura militar que se extendió desde 1964 a 1985.
Ahora se comprueba lo que venimos denunciando desde 1992, que sí existen archivos secretos que pueden revelar actos, como torturas y asesinatos, que los militares quieren mantener en secreto eterno, dijo a IPS Cecilia Coimbra, vicepresidenta del GTNM.
El diario Correio Braziliense, de Brasilia, divulgó el 17 de octubre fotografías inéditas que mostraban, presuntamente, al periodista Wladimir Herzog desnudo y deprimido, en una prisión militar, poco antes de morir en octubre 1975.
En aquel momento, los militares habían atribuido su muerte a un nada verosímil suicidio por ahorcamiento. El caso tuvo gran repercusión como denuncia de las torturas y la represión política, y provocó el relevo del comandante militar de Sao Paulo de la época.
Al divulgarse las fotografías, un comunicado del ejército criticó el reportaje por reavivar revanchismos o estimular discusiones estériles sobre el pasado, afirmando que el golpe militar de 1964 atendió al clamor popular, y la represión política que practicó fue una legítima respuesta a la violencia de los que rehusaron el diálogo y optaron por el radicalismo y la ilegalidad.
La nota iba más lejos. Agregaba que el régimen instalado en 1964 condujo a la construcción de un nuevo Brasil, en ambiente de paz y seguridad, y observaba que no hay en el ejército ningún cambio de posiciones y de convicciones en relación a lo ocurrido en aquel período histórico.
Tales afirmaciones dieron pie a protestas variadas de miembros del gobierno y de dirigentes del gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), además del movimiento de derechos humanos. Lula exigió una retractación del ejército, poniendo en difícil situación el ministro de Defensa, José Viegas.
El presidente de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos, Joao Luiz Pinaud, amenazó con renunciar si no se aseguraban las condiciones para investigar los casos aún no aclarados. Su comisión está directamente vinculada al presidente Lula.
La crisis se superó con un nuevo comunicado, firmado por el comandante del ejército, Roberto de Albuquerque, en el que se reconoce la forma no apropiada con que se trató la cuestión, afirmando que el ejército lamenta la muerte del periodista Wladimir Herzog y defiende la consolidación democrática.
Las fotos divulgadas por Correio Braziliense no eran de Herzog, sino del sacerdote católico canadiense Leopold D'Astous, detenido en 1973 por agentes de la represión, junto con la religiosa laica Terezinha Sales. Ambos fueron torturados y fotografiados desnudos, como forma de presión para que D'Astous abandonara el país.
La viuda de Herzog asegura, sin embargo, que por lo menos una imagen es de su marido.
Pese a la polémica, queda claro que los archivos existen, observó Coimbra. Las fotos estaban en poder de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero no eran de conocimiento público, destacó.
El ejército afirma que los archivos militares secretos fueron destruidos, pero esto es sólo un argumento para dejarlos enclaustrados, según la activista. De los archivos de la Policía Política civil, abiertos la década pasada, desaparecieron algunos documentos, pero no todos, acotó.
Además, por presión de los militares, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) firmó en 2002 un decreto ampliando de 30 a 50 años el plazo para mantener en secreto los documentos más confidenciales del gobierno.
La campaña del GTNM reclama la anulación de ese decreto, ratificado por Lula en febrero de 2003.
La tradición militar de ocultar documentos es de larga data. Hasta hoy permanecen cerradas los de la Guerra del Paraguay (1865-1870), señaló a IPS la historiadora Denise Rollemberg, quien investiga principalmente el período del reciente régimen militar.
Pero ahora hay una mayor presión de la sociedad, el movimiento de derechos humanos ganó fuerza y los familiares de los desaparecidos están activos reclamando informaciones, observó.
Tengo esperanzas de que ahora será distinto, los militares triunfaron al desmantelar a los grupos que se opusieron a la dictadura, pero perdieron la batalla de la memoria, afirmó la historiadora, quien destacó la importancia de rescatar esa historia reciente, para que no se repitan las torturas, la censura y otros crímenes del autoritarismo.
