La corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo de América Central, afirmaron expertos al comentar la sucesión de escándalos que involucra a altos funcionarios de la región.
Está comprobado que la corrupción en América Central afecta los derechos a la salud y la educación, entre otros fundamentales, y contribuye por lo tanto a favorecer la exclusión social, aseguró a IPS Jaime López, de la filial salvadoreña de la organización no gubernamental Probidad.
Eso ocurre, entre otras cosas, la corrupción altera las leyes del mercado y afecta a usuarios, contratistas y beneficiarios de proyectos, explicó.
Existen redes internacionales para fomentar la corrupción en los países, y los principales perjudicados en América Central son los sectores más débiles de la sociedad, que representan la mitad de los 38 millones de habitantes de la región, alegó López.
Hans Quevedo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, coincidió con López en que la corrupción socava a los sectores más vulnerables.
Están en la cárcel varios ex funcionarios de la seguridad social guatemalteca, acusados de fraude en la compra de terrenos para una institución que al mismo tiempo paga pensiones ridículas y de miseria a los ancianos, indicó.
Entre esos funcionarios está César Sandoval, ex presidente de la junta directiva del Seguro Social, que fue condenado a 15 años de prisión.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulado Hacia una democracia de ciudadanos, cita a la corrupción como uno de los siete pecados capitales de la región, y asegura que el dinero sucio o negro tiene efectos devastadores sobre una parte de las instituciones y de los dirigentes políticos.
El mundo vive una plaga de corrupción que realmente nos tiene sobrecogidos a todos los ciudadanos del planeta, dijo a IPS el ex presidente costarricense Rodrigo Carazo (1978-1982).
Las defensorías o procuradurías de Derechos Humanos del área aún no tienen plena conciencia del problema, y por eso no han creado mecanismos para registrar en forma sistemática el impacto adverso de la corrupción sobre los derechos de los ciudadanos, sostuvo López.
Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países latinoamericanos pierden por lo menos 20 por ciento de sus presupuestos de compras de bienes y servicios debido a corrupción.
En un informe presentado a comienzos de 2004, Bernardo Kliksberg, coordinador de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Etica y Desarrollo del BID, sostuvo que América Latina pierde, por concepto de corrupción, 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB).
Es preciso impulsar una cultura similar a la que opera en los países nórdicos, donde ese vicio no es tolerado, opinó.
Y es que los casos de corrupción no dejan de sacudir al istmo. Los más recientes se ventilan en Costa Rica, donde la firma francesa Alcatel es acusada de haber entregado al ex presidente Miguel Angel Rodríguez (1998-2002) 2,4 millones de dólares, a modo de retribución por haber logrado una concesión para instalar 400.000 líneas telefónicas.
Otro ex presidente costarricense, Rafael Angel Calderón, se encuentra detenido en el centro penitenciario de La Reforma, bajo cargos de haber recibido una comisión ilegal de 440.500 dólares de la empresa Fischel, a la que se adjudicó la venta de equipo médico por valor de 39 millones de dólares a la Caja Costarricense del Seguro Social.
La Contraloría General de la República de Costa Rica admitió que esas presuntas comisiones ilegales deberán ser pagadas, en última instancia, por los ciudadanos costarricenses.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) concluyó en su informe 2004 que existe una correlación entre altos niveles de corrupción y los bajos niveles de productividad.
La corrupción puede alejar a los inversores extranjeros por su conexión con la falta de seguridad sobre los derechos de propiedad o por la baja calidad burocrática, adujo.
Según el Barómetro Global de la Corrupción de TI, un sistema internacional de encuestas realizadas en 47 países, dos de cada cinco consultados de bajos ingresos creen que la corrupción juega un papel significativo en su vida personal y familiar.
La debilidad de las instituciones para afrontar la corrupción fomenta la impunidad y contribuye a que sea cada vez una práctica más generalizada en la región, opinó López.
El problema es que en nuestros países son los propios gobiernos los que ayudan a trabar o dilatar los procesos contra los implicados en actos de corrupción, apuntó.
La actitud del Poder Judicial de Costa Rica, que en menos de un mes ha acusado a dos ex presidentes y varios funcionarios, se destaca por inusual en la región, según López.
En muchos casos los funcionarios siguen en sus puestos y no sucede nada. En el caso costarricense no sólo es importante la respuesta de la fiscalía, sino también la gran reacción social que ha desatado el proceso, comentó el integrante de Probidad.
El Indice de Percepción de la Corrupción que elabora por TI, con base en opiniones de empresarios, analistas de riesgo, y ciudadanos comunes, establece un rango de cero a diez, en el que más puntaje indica menor noción de que hay prácticas corruptas. En la medición de este año, Guatemala es el país de la región con peor registro (2,2).
Le siguen Honduras con 2,3, Nicaragua con 2,7, El Salvador con 4,2 y Costa Rica con 4,9.
La justicia guatemalteca está tras el ex presidente Alfonso Portillo (1999-2004), acusado de vínculos con el narcotráfico y de favorecer a empresarios.
Carazo coincidió con López en que uno de los problemas clave en América Central, y en el conjunto de América Latina, es la absoluta impunidad de las empresas que pagan sobornos y comisiones ilegales.
En su opinión, la corrupción actual está relacionada con el afán desmedido de entregar todos los bienes públicos a las compañías extranjeras, ya que se quiere vender las instituciones a toda costa, sin importar los efectos. Es decir, aquí vemos cómo se junta el hambre con las ganas de comer, como dice nuestro pueblo.
