Representantes de más de 5.000 víctimas del dictador chileno Augusto Pinochet presentaron este lunes una querella contra su albacea, Oscar Aitken Lavanchi, en la sede de la capital española del juez Baltasar Garzón, para que lo investigue por los delitos de alzamiento de bienes y lavado de dinero.
Esta nueva acción judicial, concretada por los abogados españoles Joan Garcés y Manuel Murillo, será incorporada al sumario del proceso iniciado por Garzón en febrero de 1996 en España contra Pinochet y por el cual éste fuera detenido el 10 de octubre de 1998 en Londres con miras a su extradición, luego frustrada.
Garcés, quien fue asesor personal del presidente chileno Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre de 1973 por el hoy general retirado que lideró la dictadura hasta 1990, manifestó a IPS su convencimiento de que la querella prosperará y permitirá compensar, al menos en parte, monetariamente, a las víctimas o sus familiares.
El 19 de octubre de 1998 Garzón ya dispuso el embargo de todos los bienes de Pinochet. Ahora, Garcés y Murillo reclaman que también se embarguen los de Aitken Lavanchi y los de Joseph L. Allbritton, Robert L. Allbritton, Steven Pfeifer y Carol Thompson, los máximos responsables del estadounidense banco Riggs.
Contra el abogado chileno Aitken Lavanchi, los querellantes esgrimen su reconocida participación en la constitución en 1999 de la sociedad Abanda Limited, realizada en la isla Tórtola, de las británicas Islas Vírgenes, con el fin de burlar el embargo de bienes de Pinochet vigente desde que fuera acordado en el Auto (de Garzón) del 19 de octubre de 1998.
La ampliación de la querella presentada este lunes en Madrid se basa en el informe Blanqueo de dinero y corrupción extranjera: aplicación y eficacia de la Ley Patriota. Estudio del caso Riggs Bank, realizado por el Senado de Estados Unidos.
El estudio adquirió notoriedad cuando en la última visita a Washington del actual presidente de Chile, Ricardo Lagos, su homólogo estadounidense, George W. Bush, lo comentó en rueda de prensa.
Allí se desvela actuaciones dirigidas a defraudar el embargo ordenado por el tribunal español respecto de los bienes de Augusto Pinochet, en cualquier país en que se encuentren, bajo su propio nombre o de terceras personas, explicó Garcés.
En el escrito interpuesto por los dos abogados se pide a la Audiencia Nacional de España (una especie de juzgado federal) que sancione los delitos de alzamiento (desaparición real o virtual) de bienes y lavado de dinero en perjuicio de las víctimas de Pinochet, cometidos por éste, su abogado, el Riggs Bank y algunos de sus ejecutivos y funcionarios.
En su escrito, Garcés y Murillo subrayan que los delitos se cometieron en España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Bahamas y Chile. También se enumeran cuentas bancarias abiertas en filiales del banco Riggs en varias ciudades del mundo y transferidos los fondos de unas a otras en diversas oportunidades.
Una de ellas, abierta en Londres en fecha que no se pudo precisar, fue convertida en abril de 1997 en la cuenta personal número 74-041-013, y luego cerrada en mayo de 2000 con un saldo de 1,1 millones de dólares.
A continuación, esos fondos fueron transferidos al banco Riggs de Estados Unidos bajo el nombre de una empresa ficticia off-shore (que opera sólo fuera del país donde está radicada) de Pinochet, denominada Althorp Investment Ltd.
El informe del Senado estadounidense señala que Evadiendo la detección, además de abrir varias cuentas para el Sr. Pinochet en los EEUU y Londres, Riggs acometió varias acciones tendientes a ayudar al Sr. Pinochet a evadir una orden judicial que trataba de congelar sus cuentas bancarias, y a evitar ser detectado en la aplicación de la ley.
Esa orden judicial, explicó Garcés a IPS, es la dispuesta por el juez Garzón, que fue transmitida en su momento a la justicia estadounidense y que se encuentra en plena vigencia.
La investigación del Senado en Washington detalla asimismo una serie de actividades financiadas por Riggs, como el viaje de directivos suyos para llevar a Chile decenas de cheques de 50.000 dólares cada uno y entregárselos personalmente a Pinochet, extendidos a su nombre y de María Hiriart. Esos cheques fueron cobrados espaciadamente, sumando un total de 1,9 millones de dólares.
De igual manera, el informe destaca que cuando los investigadores del Congreso estadounidense preguntaron a los directivos de Riggs por qué no transfirieron esos fondos por cable a una cuenta de Pinochet en Chile, lo que hubiera sido más rápido, menos costoso y más seguroà, ninguno fue capaz de ofrecer una explicación satisfactoria.
Fuentes del Juzgado español número cinco, a cargo de Garzón, señalaron que antes de aceptar la ampliación de la querella deben esperar el pronunciamiento del Fiscal. Ante esto, Garcés comentó que se trata de un trámite normal.
El abogado añadió que no le cabe ninguna duda, con las pruebas que han presentado, que el fiscal se pronunciará a favor de esa ampliación.
En todo caso, adicionó, el embargo de los bienes de Pinochet está vigente desde 1998 y la única duda que puede caber en la actualidad, es cuál será la cuantía total. Según su opinión, lo descubierto hasta ahora en Riggs puede ser sólo la punta del ovillo.
