En Bolivia crecen los reclamos ciudadanos de solución de conflictos y la insatisfacción con las instituciones encargadas de aplicar la ley. El gobierno, el poder judicial y organizaciones sociales preparan el terreno para descentralizar el funcionamiento de la justicia.
Más de la mitad de los 314 gobiernos municipales de este país andino de 9,2 millones de habitantes no tienen juzgados ni instituciones especializadas en la solución de conflictos civiles, señala un informe de la Red de Participación y Justicia de Bolivia, que reúne a más de 100 organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, las tensiones sociales y políticas de Bolivia se manifiestan crudamente en el ámbito local, sobre todo en los municipios más remotos o en las zonas en las que más golpea la pobreza.
Gobierno y organizaciones no gubernamentales coinciden en evaluar que la ausencia de servicios de justicia es generadora de reacciones violentas.
Sobran ejemplos. En junio, el alcalde de la localidad andina de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, fue secuestrado, asesinado y su cuerpo quemado por un grupo de vecinos de su distrito. En meses posteriores, se efectuaron cambios e autoridades comunales debido a la presión, amenazas y violencia.
Las protestas sociales de habitantes de la empobrecida ciudad oriental de El Alto, en octubre de 2003, contra la política de exportación de gas natural a México y Estados Unidos, acabaron con una represión que dejó 70 muertos.
La falta de acceso a la justicia tiene relación directa con los niveles de pobreza y exclusión, señala un acuerdo firmado por el gobierno y la Corte Suprema de Justicia para la municipalización del trabajo de jueces, fiscales y otras instancias judiciales, que empezará a implementarse el 15 de este mes.
En un país diverso en geografía, costumbres y grupos originarios, la fórmula elegida por los impulsores de la descentralización serán los Centros Integrados de Justicia que prestarán asistencia legal en las poblaciones menores.
Los grupos de trabajo especializados tratarán de llegar a barrios marginados y zonas rurales poco accesibles, en una acción integral que comprenda servicios judiciales, sistemas alternativos de solución de controversias, información y asistencia legal.
Se trata, en suma, de transmitir una cultura de paz y convivencia social en el marco de una Bolivia productiva, expresa la no gubernamental Ciudadanos Trabajando por la Justicia, que apoya la iniciativa promovida por un centenar de organizaciones sociales.
La propuesta ingresará en la agenda de discusiones del foro Diálogo Nacional Bolivia Productiva, que volverá a debatir las fórmulas para luchar contra la pobreza con participación de autoridades y representantes de la sociedad civil, y que se considera una antesala de la Asamblea Constituyente que debería constituirse a partir del año próximo.
El primer encuentro del Diálogo Nacional se realizó en 2000, y definió las políticas de asistencia del Estado a los gobiernos municipales con mayores índices de pobreza. Según datos del gobierno, 71 por ciento de la población boliviana es pobre, es decir carece de ingresos suficientes para su subsistencia.
Los participantes del Diálogo Nacional hacen énfasis en la búsqueda de una estrategia productiva que garantice el desarrollo de las regiones económicamente deprimidas. Pero Ciudadanos Trabajando por la Justicia considera prioritario el acceso a los beneficios de las instituciones que administran la resolución de conflictos.
Si el actor, pobre o rico, no tiene acceso a la justicia, no podrá hacer valer sus derechos y no podrá aportar al proceso ni beneficiarse de los logros de la reducción de la pobreza, sostiene la organización.
Hasta ahora la justicia sólo sirvió para meter presos a los pobres, dijo a IPS la artesana Martha Lazo, del oriente del país, quien dirige su taller de cuero y madera en el que trabajan su madre y dos hijas, y preside el Mecanismo de Control Social de Bolivia.
Lazo está convencida de que la ampliación de los servicios de justicia ayudará a consolidar la actividad de los pequeños productores bolivianos.
Como líder de los artesanos, Lazo se queja de la centralización de trámites judiciales para el funcionamiento de empresas pequeñas, y apoya la atención al público en los municipios más alejados mediante reparticiones estatales desconcentradas.
El proyecto inaugurará de manera experimental los Centros Integrados de Justicia en el municipio de El Alto y las zonas de cultivo de la hoja de coca, Yungas y Chapare (este y centro del país, respectivamente), con servicios de orientación jurídica, sala de conciliación comunitaria, coordinación con la justicia ordinaria y educación en derechos ciudadanos.
El director del programa, Daniel Mancilla, dijo a IPS que los gobiernos municipales aportan los terrenos para las oficinas, mientras la Policía y el Poder Judicial asignan personal a los centros de consulta ciudadana. De este modo se garantiza la sustentabilidad de los nuevos espacios de solución de conflictos, aseguró.
La financiación de esta iniciativa depende de donaciones de agencias internacionales.
La demanda de justicia crece en tiempos de crisis política e inestabilidad por la falta de certeza, explicó el jurista de la organización internacional Compañeros de las Américas y ex ministro de justicia, Carlos Alberto Goitia.
El nuevo Diálogo Nacional debatirá sobre la protección de los derechos ciudadanos y su actividad productiva mediante un ambiente favorable, y el acceso a la justicia es el primer paso en el proyecto, dijo Goitia a IPS.
