El gobierno de Bolivia, atado al compromiso de aplicar precios internacionales para el petróleo producido en el país por compañías extranjeras, aceptó subvencionar por 100 días el congelamiento del precio de la gasolina, tras la mayor protesta sindical de los transportistas urbanos de La Paz.
Mantener el precio de la gasolina en 42 centavos de dólar por litro durante ese periodo le costará unos 10 millones de dólares al país andino, que posee una de las fuentes de recursos hidrocarburíferos más importantes de la región, con reservas probadas de gas natural de unos 727.000 millones de metros cúbicos, y casi otro tanto de reservas probables.
La decisión surgió al cabo de 24 horas de una paralización de los servicios del transporte de pasajeros en La Paz la semana pasada, acompañada por un bloqueo de calles por parte de exaltados conductores que interrumpieron las actividades privadas y públicas.
Esa protesta avivó la demanda de nacionalización de los hidrocarburos, impulsada por sectores sindicales y por el Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el líder cocalero e indígena Evo Morales.
El 30 de agosto, las principales calles de La Paz y de la también central ciudad de Cochabamba fueron escenario de protestas organizadas por el partido de Morales, que exige al presidente Carlos Mesa y al Congreso la restitución de los campos petroleros al Estado.
El MAS y los sindicatos sustentan esa demanda tras el referendo realizado el 18 de julio, en el que la mayoría de la población expresó una opinión favorable a esa recuperación de los hidrocarburos, pero Mesa alega que es preciso respetar los contratos con las transnacionales petroleras que operan en Bolivia, entre otras cosas para evitar el pago de cuantiosas indemnizaciones.
Esa consulta popular fue vinculante, y el Congreso debe traducir los resultados a normas, pero la redacción poco precisa del texto presentado a la ciudadanía dejó a los legisladores considerable margen de interpretación.
El presidente Mesa no se atreve a nacionalizar los hidrocarburos, dijo a Tierramérica Franklin Durán, dirigente de los transportistas de La Paz, que ya decidieron salir nuevamente a las calles si el precio de la gasolina vuelve a escalar peldaños centavo a centavo.
No hay que temer a las transnacionales, opinó el activista, quien admite que el actual gobierno no es responsable de las condiciones en que operan las petroleras.
En 1996, las actividades de exploración y producción de hidrocarburos fueron privatizadas por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y las principales compañías a cargo de las concesiones son subsidiarias de empresas estadounidenses, inglesas, españolas, brasileñas y españolas.
Para atraer esas inversiones, de cerca de 3.500 millones de dólares, se acordó aplicar un precio internacional a los productos del sector en el mercado boliviano.
Hoy el precio internacional del barril de 159 litros de petróleo es más de 45 dólares, y las consecuencias de aquel acuerdo son constantes alzas de la gasolina, que castigan a los debilitados consumidores locales y crean un nuevo foco de tensión social.
De los nueve millones de habitantes del país, 71 por ciento viven en condiciones de pobreza según datos oficiales, y unas 360.000 personas no tienen un empleo permanente de acuerdo con un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.
Antes de la privatización, los ingresos por la venta de gasolina representaban el recurso por excelencia del gobierno para resolver problemas de desequilibrio fiscal.
La globalización de la economía en el marco teórico e ideológico del libre mercado impuso como condición, para disminuir el riesgo del capital externo, precios internacionales que intentan crear un ambiente de negocios con independencia del país en que se instale el inversionista, , dijo a Tierramérica el analista económico Vincent Gómez-García.
Pero el objetivo principal de las compañías extranjeras es tomar posiciones por los próximos 30 años para dominar los recursos energéticos, en contra del libre mercado porque los beneficiados son oligopolios, adujo.
Gómez-García es partidario de una decisión soberana del gobierno en la definición de precios para el mercado interno, pero piensa que Mesa tendrá dificultades para equilibrar la presión social y los factores de poder externos.
* Publicado originalmente el 4 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
