Escenario de negociaciones de paz durante tres años y hoy de la principal embestida militar contra la guerrilla, los pueblos del Caguán, en el meridional departamento colombiano del Caquetá, reportan un panorama humanitario estremecedor, según dos informes divulgados esta semana.
Ambos documentos indican que los bandos enfrentados desestiman el principio de distinción entre combatiente y no combatiente, base del derecho internacional humanitario.
Al listar las atrocidades cometidas por el ejército y sus aliados paramilitares derechistas, por un lado, y la insurgencia izquierdista, por el otro, los dos informes coinciden en que los medios de comunicación están lejos de mostrar el verdadero impacto de la guerra en Caquetá.
Existe un bloqueo informativo sobre los hechos que ocurren en esta región del país, afirma un reporte fechado en la zona el 9 de este mes y distribuido por el servicio informativo Ila-Kol sobre Colombia de la revista ILA (Informationsstelle Lateinamerika), de Alemania.
El reporte, avalado el miércoles por una importante agencia alemana de cooperación que prefiere que se omita su nombre, señala que Llanos del Yarí, en las inmediaciones del Caguán, es actualmente la región más afectada por las acciones militares.
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Pareciera como si hubiese un acuerdo interinstitucional por mantener en bajo perfil los hechos y fenómenos que vienen ocurriendo con los habitantes de la región, afirma otro informe, firmado por la colombiana Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento).
La Defensoría del Pueblo (ombudsman) local y la Personería (ministerio público local) manifiestan extrañeza porque, cuando reportan las denuncias recibidas, casi de inmediato los militares implicados reclaman airadamente a los personeros y defensores por haber recibido y tramitado las querellas, añade.
Los medios de comunicación no informan proporcionalmente a la opinión pública sobre la situación, contribuyendo a mantenerla invisible, sostiene.
El gobierno parece poco dispuesto a prevenir y atender los impactos de esas políticas en la población civil que resulta afectada por las campañas militares, señala Codhes.
En su tarea de debilitar a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente Alvaro Uribe lanzó la operación militar Plan Patriota sobre esa región dominada durante decenios por la principal guerrilla de este país, en armas desde 1964.
La ofensiva se centra en 260.000 kilómetros del Caguán, desde enero de 1999 hasta febrero de 2002 sede de las fallidas negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC.
Según el ejército, las FARC cuentan con 16.000 guerrilleros y guerrilleras, y fuentes independientes los estiman en 25.000. Un portavoz del clandestino Movimiento Bolivariano (MB) aseguró a IPS que son 30.000 combatientes apoyados por 10.000 milicianos de civil, 60.000 adherentes del MB y unos dos millones de simpatizantes, 30 por ciento de ellos en centros urbanos.
Fuentes periodísticas estiman que hay 17.000 militares participando del Plan Patriota, que se desarrolló en silencio hasta que fue revelado por las FARC en abril.
Estados Unidos financia y brinda apoyo logístico y asesoría militar a la operación.
Lo difícil no es sacar a las FARC de los pueblos, sino de las cabezas de los habitantes en regiones como Caquetá, donde estas guerrillas son el Estado desde hace decenios, dijo a IPS el periodista Arturo Guerrero.
Mediante su política de seguridad democrática, Uribe busca romper ese vínculo comprometiendo a civiles en redes de informantes y reclutando a campesinos como soldados, que se tornan enemigos de sus vecinos.
La fuerza pública está centrando toda su presión sobre la población civil, a quienes considera indistintamente como auxiliadores y colaboradores de la guerrilla, registra Codhes.
Así, se llevan a cabo detenciones masivas de campesinos e indígenas, que ahora no se anuncian ante los medios de comunicación para evitar las críticas de algunos sectores de opinión, pues esta práctica suele culminar meses después en que las personas recobran la libertad por falta de pruebas y fallas en los procedimientos legales, agrega el documento.
Los periodistas ya casi no visitan la zona y cuando se obtiene algún tipo de reporte, éste es publicado días después de su ocurrencia y en espacios marginales de los medios, dice Codhes.
Guerrero estuvo el fin de semana pasado en Florencia, la capital del departamento, en un taller con una treintena de periodistas caqueteños del noroeste y el suroeste del Caquetá.
El encuentro fue promovido por Medios para la Paz (MPP), agrupación periodística que busca una cobertura responsable del conflicto interno colombiano.
Según testimonios de los asistentes, la prohibición de circular después de las seis de la tarde, impuesta durante años por la guerrilla, ahora es aplicada por el ejército. Los periodistas no envían desde hace dos meses noticias a Bogotá porque los militares les impiden entrar a las áreas de guerra.
Pero un periodista de Florencia (cuya identidad se reserva IPS) que pudo pasar un retén militar, contó a sus colegas de MPP que no podía creer la cantidad de muertos que había visto. Calculó en 700 los cadáveres que vio en la zona vedada a la prensa, relató Guerrero.
Las FARC tampoco aceptan que los civiles se declaren neutrales y, según Codhes, prohíben el ingreso a la zona de personas nuevas, empadronan a los residentes y restringen la circulación, vedando ausentarse por más de un mes, y autorizando salidas una vez cada seis meses.
La fuerza pública también empadrona a los habitantes, una medida que sólo será legal si el Estatuto Antiterrorista es aprobado por la Corte Constitucional.
En el sur de Florencia, según Codhes, se reporta un desdoblamiento estratégico de los grupos paramilitares, quienes reforzaron sus efectivos con cerca de 1.000 hombres más, iniciando así una nueva campaña de amedrentamiento contra de la población civil a través de la realización de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, destierros y extorsiones.
Durante la última semana de junio se presentó la muerte de una niña de 13 años por anemia aguda y desnutrición, relata el reporte de Ila-Kol.
El ejército impidió su entierro en los cementerios de Caquetania y Ciudad Yarí por encontrarse supuestamente minados. Después de tres días de peregrinaje con el cadáver, sus familiares tuvieron que darle cristiana sepultura en la escuela de La Tunia, un caserío, relata.
En los primeros combates, varias balas impactaron la escuela del lugar, colocando en riesgo a las niñas y niños del centro educativo, señala.
En la escuela de San Juan del Losada se alojan, alternadamente, el ejército y la guerrilla, mientras los niños siguen acudiendo allí diariamente, sostiene el reporte.
Los dos informes hablan de bombardeos y combates en zonas habitadas y registran denuncias de intenso uso de minas antipersonal y otros explosivos.
También coinciden en afirmar que las FARC han reactivado el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, como también el asesinato de personas que se niegan a servirles como apoyo, dice Ila-Kol.
El ejército tiene interrumpido el paso de alimentos y combustibles para la población civil, so pretexto de ser bienes que podrían llegar a manos de la guerrilla, agrega.
Según el reporte, las FARC declararon paro armado desde el 31 de mayo en el municipio de Solano, donde está ubicada la base militar más grande del sur de Colombia (Tres Esquinas), interrumpiendo desde entonces el transporte terrestre y fluvial.
En abril y mayo, relata Codhes, dos clanes indígenas del resguardo Yaguará, en Llanos del Yarí, fueron obligados por las FARC a abandonar sus territorios ancestrales tras el secuestro del gobernador del resguardo, de 86 años, y de otros habitantes.
La acción no puede ser denunciada a las autoridades por pedido expreso de los indígenas, que temen por la vida de sus familiares y líderes.
