Más de 100.000 hectáreas de tierras quitadas por el gobierno de Colombia a narcotraficantes pasarán a manos de campesinos y desplazados como parte de un proceso cuya intención declarada es llevar a cabo una nueva reforma agraria.
El programa se desarrollará en cuatro años, con 110.000 hectáreas expropiadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante un proceso de extinción de dominio, y otras 40.000 compradas por el gobierno, dijo a Tierramérica Héctor Hernández, asesor de la subgerencia de Desarrollo Social del Instituto Colombiano para el desarrollo Social (Incoder).
Se han expropiado a narcotraficantes 200.000 hectáreas, según el director nacional de Estupefacientes, Alfonso Plazas.
La extinción de dominio y expropiación por vía administrativa de bienes adquiridos ilícitamente por narcotraficantes están contempladas en la nueva Ley de Tierras, aprobada en diciembre.
Los beneficiarios, campesinos pobres y familias desplazadas por la violencia, recibirán un subsidio cuyo límite será el monto que valga la tierra recibida, y financiamiento que puede llegar a 30 por ciento del valor de los proyectos productivos que propongan.
Es una reforma agraria que se hará con gran acompañamiento para que los campesinos, de verdad, lleguen con sus productos a los mercados internacionales, aseguró el 27 de mayo el ministro de Agricultura, Carlos Cano, en la primera entrega de tierras: 560 hectáreas que pertenecieron al narcotraficante Jairo Correa y pasaron a 61 familias de La Dorada, en el centrooccidental departamento de Caldas.
Los receptores integraron una cooperativa para desarrollar proyectos de agricultura y ganadería.
Estas familias nos conocemos hace 20 años, trabajabamos las fincas cuando eran propiedad de Jairo Correa y nos quedamos trabajando en ellas cuando pasaron a manos del gobierno, con la esperanza de que pudieran llegar a ser nuestras, comentó un campesino que pidió no ser identificado.
Una segunda entrega, de 2.800 hectáreas, está prevista para este mes en el sureño departamento de Caquetá, y luego se entregarán tierras en los departamentos sudoccidentales de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en los centrales de Boyacá y Caldas, y en el norteño de Santander.
Estamos convencidos de que si contamos con apoyo real podremos llevar a cabo con éxito nuestros proyectos productivos, dijo a Tierramerica Carlos Suárez, campesino de la localidad de Milán, en Caquetá, que aspira salir beneficiado en la entrega de este mes.
Hace diez años presenté la solicitud al Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, ahora Incoder) para tener un terreno propio, contó Suárez, trabajador desde su adolescencia en una hacienda en la que le pagan menos de un salario mínimo (menos de 130 dólares mensuales).
La política del gobierno del presidente Alvaro Uribe de subsidiar la compra de tierras es novedosa y vale la pena respaldarla, en opinión del investigador Stephan Suhner, autor del libro Resistiendo el olvido, patrocinado por el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (Unrisd, por sus siglas en inglés).
Suhner, de nacionalidad suiza, afirma que es obligación del Estado expropiar los bienes adquiridos mediante el narcotráfico y otros delitos, para ponerlos al servicio de las comunidades de campesinos que no han tenido acceso a la tierra.
Los campesinos colombianos son muy eficientes como productores, y han logrado insertarse en mercados nacionales e internacionales, pero su gran limitante sigue siendo la falta de tierra, sostiene el investigador.
Para Suhner, otro problema es que en muchos casos ha fallado el apoyo estatal complementario mediante créditos baratos, asesores técnicos y una reforma agraria integral.
No se conoce con precisión cuánta tierra está en poder de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, pero está claro para algunos analistas que esos grupos llevaron a cabo otra reforma agraria en las pasadas tres décadas, al apropiarse mediante la intimidación de predios pertenecientes a familias que forman parte del gran número de desplazados que existe en Colombia.
Según la Asociación de Refugiados de Latinoamérica (Arlac), 2,5 millones de campesinos colombianos, en una población total de 44 millones, han sido despojados de sus tierras y obligados a emigrar a las ciudades, y 0,2 por ciento de la población posee cerca de la mitad de las tierras productivas. (
