La comunidad guaraní de Tentayapi, en el sur de Bolivia, demandó el respaldo de los pueblos indígenas del mundo y de los cuerpos especializados de la ONU para afrontar el conflicto en ciernes con la empresa transnacional petrolera Maxus-Repsol.
El dirigente guaraní Saúl Carayury Parangava explicó al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), reunido esta semana en Ginebra, que esa firma con matriz en España pretende desarrollar exploraciones y explotar hidrocarburos en el territorio titulado como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de Tentayapi.
Las TCO, creadas por la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA, de 1996, constituyen en Bolivia una nueva forma de propiedad rural referida a los territorios de dominio ancestral de los indígenas.
La comunidad de Tentayapi se opone al ingreso de la petrolera porque sabemos que con ella se introduce la educación formal que nos hace perder nuestra identidad cultural, dijo Carayury a IPS.
En los casos de otras comunidades de Bolivia que se encuentran en zonas de concesiones petroleras y gasíferas, sus formas de vida y cultura han sido fuerte y negativamente afectadas por los daños al ambiente y por la destrucción del entorno donde habitan, advirtió el dirigente.
Tentayapi ha tomado la decisión de oponerse rotundamente a la realización de actividades petroleras en su territorio, cerrando el acceso a la empresa Maxus-Repsol, comunicó Carayury al grupo de trabajo.
Con esa decisión enérgica, la comunidad ejerce sus derechos como población indígena, reconocidos en Bolivia por la Constitución y por la ley que ratificó un convenio sobre la materia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tentayapi, que simbólicamente significa el últimopueblo, es uno de los reductos donde se preservan las tradiciones culturales de los guaraníes, explicó Carayury Parangava.
Los habitantes de la comunidad, orgullosos de nunca haber sido cautivos de conquistadores o invasores, mantienen desde tiempos remotos sus formas de gobierno peculiares, con una asamblea comunitaria en la cúspide del poder, seguida por un capitán, un segundo capitán y los consejeros.
Unas 60 familias, que suman alrededor de 380 personas, viven en esa isla de la cultura guaraní, que se extiende por algo más de 3.000 hectáreas en la provincia de Luis Calvo, en el departamento de Chuquisaca, a unos 320 kilómetros al sur de la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra y colindando con Tarija.
La comunidad de Tentayapi viene luchando desde muchas generaciones por defender su identidad y su cultura a pesar de las presiones externas, insistió Carayury. Es la única comunidad que preserva la forma de ser guaraní y mantiene las vestimentas antiguas, refirió.
Se le ha dicho a la empresa que la comunidad no quiere su presencia en la zona. Se les ha hablado de buenas maneras para que ellos conozcan nuestra intención, dijo.
Hasta ahora la compañía ha anunciado su propósito de efectuar estudios sísmicos en las tierras de Tentayapi. Para efectuar ese trabajo se disponen a abrir una brecha a través de la comarca, dijo el dirigente.
La única manera de entrar a las tierras de la comunidad es a caballo, porque no hay acceso para vehículos de ruedas, dijo Carayury. Sin embargo, con sus automotores de doble tracción, la petrolera no tendrá problemas para llegar, vaticinó.
Ellos (Maxus-Repsol) no han consultado de manera formal con la comunidad, pero si han suscripto un convenio con el gobierno de Bolivia, aclaró.
Por su parte, la petrolera ha indicado que va a entrar en Tentayapi porque las leyes la amparan y han obtenido el visto bueno de las autoridades. Pero la comunidad de Tentayapi posee el título de TCO con todas las formalidades de la ley.
La economía de los indígenas del lugar se basa fundamentalmente en la agricultura, con siembras destinadas sólo al consumo del grupo, en particular de maíz, frijol, yuca, camote y zapallo.
Carayury dijo que la comunidad de Tentayapi ha gestionado una solución a su problema ante las autoridades legislativas bolivianas, pero no ha obtenido respuestas favorables.
Por temor a una agudización del conflicto, la comunidad guaraní recurrió al grupo de trabajo de la ONU para que transmitan al mundo su demanda de cese de los abusos y de la aplicación de disposiciones para asegurar el pleno respeto de sus derechos.
El grupo de trabajo del foro mundial examina esta semana en Ginebra las cuestiones del escenario internacional que interesan de manera primordial a los pueblos indígenas. En primer lugar, el atraso en la redacción de un borrador de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En nueve años de debates sólo se han aprobado dos de los 45 artículos del borrador de la declaración, observó Julián Burger, funcionario de la Oficina de la Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Otro tema que preocupa es la conclusión a fin de este año de la década de los pueblos indígenas, establecida por la Asamblea General de la ONU, sin que se adviertan progresos reales.
Las organizaciones indígenas proponen establecer una nueva década para atraer la atención sobre sus problemas, pero el bloque de países occidentales se opone a esa iniciativa.
El mismo grupo de países industrializados objeta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de prorrogar el mandato del grupo de trabajo, como reclaman los pueblos indígenas.
Los países occidentales argumentan que existe una superposición entre el grupo de trabajo y el recientemente creado Foro Permanente de Pueblos Indígenas, que actúa en la ONU, integrado por ocho expertos independientes designados por los gobiernos y otros ocho propuestos por las comunidades aborígenes.
