Varios soldados murieron en las últimas semanas en Venezuela, víctimas de excesos en castigos disciplinarios, catapultando el debate sobre los derechos humanos en las Fuerzas Armadas de este país.
A mi hijo me lo asesinaron. Esto es un vandalismo, lo que han hecho los militares y el gobierno, que es diabólico y satánico, dijo Ender Pedreáñez, desconsolado padre del soldado Angel Pedreáñez, quien murió el martes al cabo de 35 días de agonía.
Al sepultar sus restos este miércoles en la occidental ciudad de Santa Bárbara, los familiares de Pedreáñez rehusaron cubrir el cadáver del recluta con ropas militares y aceptaron la compañía de soldados rasos pero no de oficiales del ejército.
En declaraciones a IPS, Marino Alvarado, coordinador jurídico de la organización humanitaria Provea, advirtió que el reglamento de castigos disciplinarios que rige en Venezuela desde hace seis décadas es contrario a la Constitución de 1999, y deploró la utilización política de estos casos.
Alvarado dijo que en vez de favorecer a las víctimas, las partes en conflicto en Venezuela tratan de sacarle provecho político, en alusión a la confrontación política entre el presidente Hugo Chávez y sus opositores, desde fines de 2001.
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La mayoría de los medios de comunicación privados, que militan abiertamente contra Chávez, se apartaron de la agenda sobre un pedido de referendo revocatorio del mandato del presidente y se concentraron en cubrir el drama Pedreáñez.
El 30 de marzo se produjo un incendio en una celda de castigo del fuerte Mara, en la Guajira (noroeste fronterizo con Colombia), donde purgaban arresto ocho soldados sancionados por retrasos en su presentación ante el cuartel.
Los ocho efectivos quemados fueron llevados a distintos hospitales. Uno de ellos, Orlando Bustamante, pereció al anochecer del 5 de abril.
Ese día, en su programa de radio y TV Aló Presidente, Chávez había criticado a los medios de comunicación privados por magnificar el hecho a favor de la oposición, cuando, según dijo entonces, los soldados sufrieron quemaduras leves.
Para reparar el entuerto, el ministro de Información Jesse Chacón renunció al cargo, culpándose por la deficiente información del presidente, pero éste, una semana después, asumió la responsabilidad por el error y sostuvo a Chacón en su cargo.
La oposición exige en el parlamento y en los medios de comunicación una investigación imparcial, y ha sostenido que los mandos militares de la frontera oeste son encubiertos por Chávez y el ministro de Defensa, general Jorge García Carneiro.
Este es compañero de promoción de Chávez, quien era teniente coronel de paracaidistas cuando se alzó en armas en 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), más tarde condenado por corrupción.
También fue camarada de generación de Chávez el actual comandante del ejército, Raúl Baduel.
Mientras se debatía en Venezuela el incendio en fuerte Mara, se supo que otro soldado había muerto ahogado en la occidental región de Zulia. Según algunos de sus deudos, fue sumergido en un pozo de aguas putrefactas por superiores que lo castigaban, aunque García Carneiro informó que pereció durante una práctica de natación.
Si alguien se dedica a recoger las denuncias sobre excesos en los castigos a los soldados en Venezuela, compilaría un volumen de violaciones a los derechos humanos, advirtió Alvarado en sus declaraciones a IPS.
Además, indicó el jurista, las normas sobre privación de libertad sólo pueden ser establecidas por leyes, y no por un reglamento como éste de castigos, que está abiertamente en contradicción con la Constitución.
Respecto del incendio en Mara, no podemos afirmar que la Fuerza Armada viola los derechos humanos, como si tuviese la intención de quemar a los soldados, pero sí la hay por omisión de su responsabilidad de cuidarlos, dijo Alvarado.
Durante semanas, portavoces del oficialismo y de la oposición han aguardado las declaraciones de Pedreáñez y los otros seis soldados heridos en el incendio de Mara.
Varios soldados acusaron a Pedreáñez de provocar el fuego para activar un plan de fuga, según testimonios en poder de parlamentarios oficialistas, pero había expectativa por lo que dijese el propio recluta ahora muerto, que había dado ligeros signos de recuperación.
Dos días atrás, Crispín Marín, director del hospital donde Pedreáñez estaba internado, anunció la mejoría del soldado, sometido a curas cada 48 horas. Pero el martes, mientras los médicos lo trataban, le sobrevino un infarto, dijo Marín.
Es una extraña coincidencia que este joven haya muerto por la misma causa que Bustamante, de un paro cardiorrespiratorio, sostuvo la parlamentaria Dianela Parra, del partido opositor Acción Democrática.
El legislador oficialista Rodrigo Cabezas deploró el deceso y criticó el trato mediático del caso, en el que lo único que ha faltado son titulares diciendo que el presidente Chávez ordenó a los médicos asesinar a Pedreáñez.
El abogado de la familia Pedreáñez, Morly Uzcátegui, entregó a la prensa una declaración que el soldado habría hecho poco antes de morir y en la cual daba cuenta de que un individuo se acercó (a la celda) con un tubo que echaba candela, y nos quemamos.
El diputado Pastor Heydra, de la opositora Acción Democrática, asegura que un militar se acercó a la celda con un lanzallamas y lo disparó contra los soldados inermes, versión que han criticado Baduel y algunos parlamentarios oficialistas, señalando que se trata de una tesis descabellada y que los lanzallamas son armas en desuso.
Pero Heydra dijo a IPS que mis fuentes son de primera y sus informes provienen del examen de las quemaduras padecidas por los soldados.
El abogado Uzcátegui dio pábulo a la tesis de asesinato de Pedreáñez al preguntar ante cámaras de televisión: ¿A quién le interesaba Angel vivo o muerto?.
Pese a todo, la justicia militar accedió al pedido del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, de que un tribunal civil se ocupe del caso y establezca responsabilidades.
El telón de fondo político es la cerrada pugna entre Chávez y la coalición opositora Coordinadora Democrática, que acusa al mandatario de copar otros poderes, como el Judicial y el Electoral.
La Coordinadora presentó al poder electoral millones de firmas en respaldo a la solicitud de un referendo revocatorio que podría despojar anticipadamente el poder a Chávez.
El Consejo Nacional Electoral dispuso para fines de este mes un proceso de ratificaciones de una parte de las rúbricas que avalan la solicitud de la consulta, y que considera dudosas.
