En el país más peligroso del mundo para el sindicalismo, Colombia, los trabajadores petroleros desafían al derechista presidente Alvaro Uribe con una huelga abiertamente política en medio de la guerra.
La Iglesia Católica aboga al más alto nivel en la formidable pulseada entre el principal sindicato de Colombia, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), y el gobierno, de mano firme y corazón grande, como reza su consigna.
Tras 18 meses de la negociación más prolongada e infructuosa en la historia de la empresa estatal petrolera Ecopetrol, la huelga se inició el 22 de abril y en su segundo día fue declarada ilegal por el gobierno, argumentando que la actividad del sector es un servicio público.
Los huelguistas señalan que Uribe atenta contra el mayor bien común de la economía colombiana al debilitar la estructura de ingresos de Ecopetrol y convertirla en una sociedad accionaria, lo cual, junto a otras medidas, arriesga la soberanía energética de Colombia.
En junio de 2003, el gobierno quitó a Ecopetrol el manejo de los hidrocarburos de propiedad de la nación, que le permitía controlar el volumen extraído por las compañías extranjeras.
Las principales beneficiadas de esa medida son las estadounidenses ChevronTexaco y Oxy, la austríaca Schlumberger y BP (British Petroleum)-Amoco, de origen británico y estadounidense.
Para la USO, la reducción en los ingresos fiscales que generan estas medidas tendrá un impacto incalculable.
El país produce unos 520.000 barriles diarios de crudo. Aunque el volumen es 40 por ciento menor al de 1999, la cotización internacional del petróleo (de unos 40 dólares por barril) en la coyuntura de guerra en el petrolero Iraq, unida a alzas en el precio interno, han mantenido las ganancias de la compañía, que aporta a la nación la tercera parte de sus ingresos corrientes.
Colombia tiene reservas por 1.600 millones de barriles (de 159 litros), pero el estimado potencial en yacimientos menores asciende a 47.000 millones.
Ecopetrol, con algo más de 6.000 empleados en todo el país, es la única fabricante de gasolina en Colombia. Los afiliados a la USO son 3.600, principalmente abocados a la producción industrial.
La protesta del sindicato busca evitar que el gobierno entregue el petróleo a las multinacionales, como es su propósito al reformar los contratos hasta la extinción de nuestros campos petroleros y gasíferos, dijo a IPS Hernando Hernández, vicepresidente de la USO.
Y, por supuesto, también busca preservar nuestro sindicato, agregó, pues la huelga pide respeto al derecho de asociación sindical y a la negociación colectiva.
La USO es el diamante del movimiento sindical colombiano. Los petroleros se entrenaron durante decenios defendiendo sus derechos laborales de los abusos de la estadounidense Tropical Oil Company, que en 1921 se instaló en Barrancabermeja, centro de Colombia sobre el río Magdalena. Dos años después se creó el sindicato.
Muertos, desplazados, encarcelados y despedidos en varias huelgas marcaron su historia. Pero en 1948, la USO se convirtió en el primer sindicato que logró influenciar en políticas de Estado, tras una huelga de grandes proporciones que impulsó la creación de Ecopetrol, en contravía de la intención gubernamental de prorrogar los contratos de Tropical Oil.
Por eso se trata de salvar la empresa, dijo Hernández.
El mismo día en que Uribe ilegalizó de la huelga, el obispo católico de la diócesis de Barrancabermeja, Jaime Prieto, anunció el apoyo de la Iglesia a la USO en la protesta pacífica y condenó, anticipadamente, toda provocación al enfrentamiento violento, venga de donde viniere.
Como respuesta a la huelga, la administración incrementó la militarización de las instalaciones petroleras. Días antes, las autoridades de Ecopetrol ya habían vetado el ingreso a las plantas a líderes y afiliados de la USO, habían citado a 1.000 obreros a procesos disciplinarios, despedido a 13, aislado a 43 en sus áreas de trabajo e iniciado trámites para invalidar la existencia legal del sindicato.
Hasta el domingo habían sido despedidos 93 huelguistas, la mayoría directivos sindicales de los 13 puntos de producción en distintas regiones. Entre los destituidos están Hernández y el presidente de la USO, Gabriel Alvis.
La ilegalización de la huelga petrolera es contraria al derecho, ha recordado insistentemente la Comisión Colombiana de Juristas, pues la decisión incumple tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, como reiteradas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al gobierno de Colombia, en pro del derecho de huelga y la libertad sindical.
El conflicto petrolero se desarrolla en el marco de la guerra interna colombiana de cuatro décadas, que enfrenta a guerrillas izquierdistas, paramilitares de derecha y Fuerzas Armadas, y en la que a menudo son víctimas los sindicalistas, entre otros actores sociales desarmados.
Desde 1988 la USO perdió a 89 afiliados, víctimas mortales de atentados, y otros 37 fueron heridos. Las cuentas de la Comisión de Derechos Humanos del sindicato da cuenta de otras dos víctimas de desaparición forzada y de dos secuestrados por derechistas paramilitares.
Cerca de 400 petroleros han sido desterrados por amenazas de muerte y tres están en el exilio, mientras 34 sindicalistas de la USO han sido encarcelados desde 1993 y cinco de ellos continúan bajo cargos judiciales.
En 2003, 87 sindicalistas murieron en atentados. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que agrupa a 80 por ciento de los sindicatos, perdió desde su creación en 1986 a unos 3.800 líderes, todos asesinados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado internacionalmente al Estado colombiano de aquiescencia, tolerancia o activa participación en algunos ataques paramilitares contra militantes sindicales.
Sobre las detenciones, la CIDH apunta que el caso de la USO es un ejemplo particularmente claro de la coincidencia de ataques violentos de organizaciones paramilitares con el comienzo de procedimientos penales iniciados por el Estado contra sindicalistas.
Los miembros de la USO están cubiertos por medidas cautelares ordenadas por el organismo panamericano.
En Colombia ejercer la actividad sindical es un riesgo sumamente alto y, por supuesto, realizar una huelga política por la defensa del petróleo, de la soberanía y de la empresa estatal significa también un riesgo muy alto para quienes la estamos conduciendo, dijo Hernández.
El asesor de la USO, Alvaro Vásquez del Real, observador y activista de 80 años, dijo a IPS que el respaldo de la población a la huelga está creciendo a medida que se comprende su contenido.
Pero el momento es muy difícil. El movimiento sindical está muy debilitado por la guerra sucia y con un desempleo de casi 20 por ciento, hay mucho miedo a perder el puesto de trabajo.
Mientras, la mediación católica cristalizó este fin de semana en una Mesa de conversaciones USO – Ecopetrol en la sede del Episcopado colombiano en Bogotá, presidida por el cardenal Pedro Rubiano, arzobispo de Bogotá, y con la asistencia del ministro de Minas, Luis Mejía.
Un portavoz presidencial advirtió la semana pasada que el gobierno está dispuesto a dialogar, pero no hay nada que negociar, pues todas las decisiones han sido legales y son hechos cumplidos.
El gobierno no descarta importar gasolina con el fin de evitar a toda costa el desabastecimiento y advirtió que los despidos se detendrán sólo cuando se levante la huelga.
Mientras no quede despejado el panorama del futuro de Ecopetrol y de nuestro sindicato, la huelga se mantiene, replica Hernández.
A juicio de Vásquez, la tenaza de violencia, persecución patronal y negativa gubernamental a negociar muestran que el golpe contra la USO está en marcha.
Por ahora, la medida es acatada por 78 por ciento de los 3.600 trabajadores convocados a la huelga, que son también los que tienen el manejo de la producción, según el sindicato.
Además, la totalidad de los contratistas independientes apoya la protesta. Mientras, la empresa cuenta con otros 2.700 empleados no sindicalizados, a quienes reubicó en el plan de contingencia para enfrentar la paralización de actividades.
La pregunta es en qué proporción ha logrado la USO reducir la producción.
Hernández no aventura un dato exacto, pero está seguro de que el plan de contingencia que hoy controla las actividades no tiene la capacidad técnica ni la capacidad numérica para mantener en un alto porcentaje la producción nacional, si la medida de lucha se prolonga.
