La muerte de por lo menos 103 jóvenes pandilleros en un incendio desatado este lunes en el presidio de la septentrional ciudad hondureña de San Pedro Sula fue un hecho previsible y que puede repetirse por la superpoblación de las cárceles y el desprecio a sus internos, advierten observadores.
El incendio que provocó esta nueva tragedia, la peor registrada en las cárceles de Honduras para el arzobispo auxiliar católico de la zona, Rómulo Emiliani, se habría originado en un cortocircuito y afectó un área donde se alojaban cerca de 200 jóvenes integrantes de las llamadas Mara 18 y Mara Salvatrucha.
Es feo decirlo, pero esta situación (las muertes en la cárcel) era algo anunciado, dijo a IPS el director en Honduras de la organización no gubernamental Casa Alianza, el español José Manuel Capellín, en referencia, entre otras cosas, a los problemas de exceso de población como en este caso, donde se hacinan 2.200 presos en un recinto construido para albergar a sólo 800.
Una tragedia como la de hoy puede repetirse si no se hace algo radical de parte del gobierno de Ricardo Maduro, añadió el director de este grupo humanitario de atención a niñas y niños de la calle y que sigue de cerca las situaciones de violencia que afrontan los jóvenes hondureños afuera y dentro de las cárceles.
Casa Alianza tenía documentadas 63 muertes de menores de 23 años en los presidios de Honduras entre enero de 2002 y fines de abril de este año. Se trata en su mayoría de ejecuciones extrajudiciales, sostuvo Capellín.
Los informes preliminares sobre la tragedia de este lunes indican que ninguno de los 103 fallecidos y de los cerca de 30 heridos, que son atendidos en San Pedro Sula, había sido sentenciado. Se trataba de presuntos delincuentes, lo que agrega aún más drama al asunto, señaló Capellín.
Varios reclusos presentes en el incendio relataron que, en el momento de iniciarse el fuego, gritaron pidiendo auxilio, pero que en vez de recibir ayuda de los vigilantes éstos les impidieron la salida e incluso dispararon sus armas.
Las acusaciones contra el cuerpo de vigilancia de la cárcel de San Pedro Sula, ubicada a 250 kilómetros al norte de Tegucigalpa, son muy similares a las que hicieron otros internos, también miembros de pandillas, pero en el cercano presidio de La Ceiba en abril de 2003, cuando murieron 69 de ellos en el marco de una riña interna.
Según informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, luego confirmados por una investigación oficial, los cuerpos de seguridad mataron en esa cárcel de la septentrional ciudad de La Ceiba a casi 20 reclusos y permitieron que otra cantidad similar murieran calcinados durante el incendio registrado entonces.
Por ese hecho son procesados por la justicia actualmente varios militares y policías, pero hasta la fecha ninguno fue sentenciado o guarda prisión, ni siquiera en carácter preventivo.
La comisión investigadora del Consejo Nacional de Seguridad Interna, aseguró en un informe que durante el motín los policías dispararon a corta distancia a presos miembros de la pandilla Mara 18.
Los policías y soldados acribillaron a varios de ellos en momentos en que intentaban entregarse con las manos en alto y descalzos en demostración de rendición, añade el informe.
En las cárceles de Honduras se vive una situación de horror por el hacinamiento y la ausencia total de justicia y de un mínimo orden o de programas de rehabilitación, sostuvo Capellín.
En los 24 centros carcelarios de este país centroamericano de unos 6,5 millones de habitantes están alojadas más de 12.000 personas, 9.000 de las cuales aún no cuenta con sentencia firme en sus causas.
Además, existe una marcada superpoblación. Un informe elaborado por el programa Sistema Penal y Derechos Humanos, del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), indica que el nivel de hacinamiento en las cárceles de Honduras es de 174 por ciento.
No se trata, por cierto, de una situación exclusiva de Honduras, pues el estudio revela que similar situación afrontan otros países en la región.
En El Salvador hay alrededor de 8.000 personas en prisión, en centros que en su total están preparados para cobijar a apenas la mitad de ellos. Por su parte, la superpoblación carcelaria de Costa Rica es de 63 por ciento, en Nicaragua de 60 por ciento y en Panamá de 21 por ciento, añade el estudio.
Capellín lamentó que, aunque el gobierno hondureño viene prometiendo desde hace varios meses que preparará un proyecto para rehabilitar las cárceles, en los hechos todo sigue igual.
La realidad es que si llegan a ocurrir otro incidente como el de hoy (lunes en San Pedro Sula), va as ver una desgracia mucho mayor, advirtió el director de Casa Alianza.
Y lo triste es que se trata casi siempre de jóvenes, un sector que en Honduras sufre una violencia sin fin, añadió.
Desde 1998 a la fecha fueron asesinados 2.230 menores de 23 años, la mitad de ellos en los dos últimos años. Se trata en su mayoría de jóvenes pandilleros, que murieron en riñas o fueron ejecutados por policías y escuadrones que según denuncias han vuelto a proliferar en este país.
La policía calcula que unos 100.000 jóvenes integran las pandillas hondureñas, un fenómeno arraigado también en otros países de América Central y emparentado con las migraciones, nutriéndose en especial de menores pobres, muchos de los cuales han regresado voluntariamente o han sido deportados de Estados Unidos.
El nombre de las pandillas se asocia mucha veces a esa migración, mientras que la palabra mara al parecer fue tomado de una película de los años 70, titulada Marabunta, sobre de una colonia de hormigas destructivas de Brasil.
Sociólogos que han profundizado en esta realidad de la región también apuntan que a los miembros de estos grupos muchas veces de los sataniza sin que se los conocerlos lo suficiente.
