La Central Obrera Boliviana (COB) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que defiende intereses empresariales y regionales del este del país, son la principal oposición al referéndum sobre política energética impulsado por el presidente Carlos Mesa, que lleva seis meses de gobierno y nombró esta semana a su cuarto ministro para el sector de hidrocarburos.
Aunque cada intento de establecer un nuevo marco legal para las petroleras extranjeras le ha costado un ministro, Mesa está decidido a llegar a la consulta popular el 18 de julio, sorteando críticas de sus opositores y designando a Guillermo Torres como sustituto de Xavier Nogales en el Ministerio de Minería e Hidrocarburos.
El foco de la atención nacional e internacional está en nuestra política de hidrocarburos, está vinculado al referéndum y está por lo tanto sujeto a la tormenta, legítima por cierto, dijo Mesa el miércoles, cuando Torres, hasta entonces superintendente de Hidrocarburos, asumióuna cartera sometida a presiones contrapuestas de organizaciones sociales y transnacionales petroleras.
Nogales, impulsor de la liberalización de la economía durante los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) y Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002). renunció a sus funciones el lunes, a pedido del presidente, luego de expresar su descontento por el contenido de las preguntas planteadas a la ciudadanía, a las que desacreditó por la falta de claridad, confusión y ambigüedad que en su opinión conducen a responder sí.
Mesa asumió el 17 de octubre, tras masivas protestas articuladas en torno al cuestionamiento de las normas para explotar y exportar gas natural, que forzaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Desde entonces, los sucesivos ministros de Hidrocarburos, Alvaro Ríos, Antonio Araníbar y Nogales, intentaron conducir un proceso de modificación de la legislación sobre hidrocarburos, pero quedaron atrapados entre las demandas de nacionalización del sector y el respeto a los 78 contratos firmados con petroleras extranjeras.
Ríos se alejó voluntariamente tras el anuncio de una interpelación parlamentaria impulsada por el Movimiento al Socialismo, que reclamaba una política agresiva para devolver los hidrocarburos a propiedad del Estado.
Araníbar libró batallas verbales con Nogales en torno a la conducción de las políticas gubernamentales sobre explotación petrolera, y fue acusado de pasividad ante el comienzo de las operaciones en el país de la transnacional petrolera en 1994, cuando era ministro de Relaciones Exteriores.
Nogales contaba con respaldo de los organismos financieros internacionales, la banca privada que opera en Bolivia y los sectores empresariales del país.
Como presidente del Banco Central de Bolivia, fue uno de los creadores de un sistema de flotación del dólar durante el cuarto mandato del presidente Víctor Paz Estenssoro en la segunda mitad de los años 80, que se denominó el bolsín y que ha evitado la reiteración del periodo de hiperinflación registrado de 1980 a 1985.
Su sucesor tiene una prolongada trayectoria profesional en el sector petrolero estatal, y durante su gestión como superintendente de Hidrocarburos se caracterizó por su férrea fiscalización a las empresas comercializadoras que exportaron gas licuado a precios inferiores en relación de los que rigen en el mercado interno.
Se prevé que Torres buscará conciliar los intereses de organizaciones sociales y empresariales, con el propósito de crear un ambiente adecuado para el referéndum.
Las preguntas a las que podrán responder sí o no unos cuatro millones de ciudadanos mayores de 18 años son las siguientes:
1.- ¿Está usted de acuerdo con la derogación de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?
2.- ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?
3.- ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?
4.- ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?
5.- ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país; destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?
Los sindicatos reaccionaron con indignación cuando el delegado presidencial Franceso Zaratti descartó la modificación de los contratos suscritos por el gobierno con firmas petroleras.
La COB anunció la profundización de una huelga general por tiempo indefinido, sólo acatada hasta ahora por los maestros de la enseñanza pública y algunos sectores campesinos, con el objetivo de recuperar los hidrocarburos.
A juicio del gobierno, la nacionalización de la industria petrolera es inviable porque habría que pagar unos 8.000 millones de dólares de indemnización a las transnacionales petroleras, que han invertido en el país unos 3.500 millones de dólares desde 1997, cuando se privatizó el sector.
El país está fuertemente dividido y las expectativas son diametralmente opuestas, dijo a IPS el analista y experto en temas energéticos Carlos Villegas.
A pesar del ambiente adverso, el referéndum no es una dádiva del gobierno, sino una conquista social de alto costo que debe llevarse a efecto, opinó.
La exigencia de una consulta popular sobre el uso del abundante gas natural boliviano fue uno de los planteamientos de organizaciones sociales en el marco de las protestas que obligaron a renunciar a Sánchez de Lozada y dejaron como saldo unas 70 muertes, según organizaciones humanitarias.
El referéndum es una profundización de la democracia, y las opiniones políticas y sociales no pueden dividir al país, comentó a IPS la analista de temas sociales María Teresa Zegada.
Las preguntas planteadas recogen las demandas de octubre y tienen sustento en sondeos de opinión, sostuvo.
Pero Villegas anticipó un problema inmediato cuando el Congreso analice la ley para convocar al referéndum y reciba la demanda en la materia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que pide la incorporación de las categorías de consulta departamental y municipal.
Esa influyente organización sostiene que las preguntas de un referéndum nacional deben ser previamente debatidas y aprobadas por consenso en el Congreso.
Mario Kiesen Brieger, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, el sureño departamento que concentra los mayores volúmenes de gas natural, calificó de absurda a la consulta y anunció nuevos conflictos sociales.
Villegas no descarta el fortalecimiento del movimiento sindical alrededor de la COB, que reclama el retiro de las petroleras extranjeras y la devolución de los campos e instalaciones privatizadas.
Pero si el gobierno respeta los contratos de concesión, Bolivia no podrá recuperar esos bienes hasta 2036, destacó. (
