La situación de unos 660 hombres detenidos sin protección legal en la base naval estadounidense de Guantánamo era un tema incómodo y disimulado para los gobiernos hasta que Cuba decidió este jueves exponerlo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La delegación cubana reclamó que la Comisión de Derechos Humanos, el máximo cuerpo de la ONU en la materia, se ocupe de las condiciones en que viven esas personas, de unas 40 nacionalidades, en su mayoría prisioneras de Estados Unidos desde enero de 2002 en el enclave de Guantánamo, en la sudoriental provincia cubana del mismo nombre.
La petición de Cuba se conoció momentos después de que la Comisión especializada de la ONU aprobara una resolución crítica de la política de derechos humanos de La Habana, que había sido presentada por Honduras aunque Estados Unidos figuraba como inspirador.
Hasta entonces, muy pocos gobiernos habían demostrado inquietud por las condiciones de detención en Guantánamo, que una agencia líder en derechos humanos, Amnistía Internacional, calificó esta semana de un gran escándalo con efectos expandidos por todo el mundo.
Javier Zúñiga, uno de los directores de Amnistía, reprochó que la política seguida en Guantánamo promueve un mundo donde se terminan por aceptar las detenciones arbitrarias e incuestionables.
La delegación de Chile fue la única de las 53 que integran la Comisión que mencionó su preocupación por la cuestión de Guantánamo durante el debate sobre la resolución contra Cuba.
El representante chileno, Juan Martabit, describió que en esa base naval se encuentran cientos de personas detenidas sin que se conozca su estatus jurídico ni (se hayan) formulado cargos en su contra.
Los presos de Guantánamo no cuentan con la legítima defensa a que tienen derecho, por lo que reclamamos el término de dicha situación, expuso Martabit.
Los ministros de relaciones exteriores de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) declararon que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto a la ley, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas, recordó el delegado chileno.
Pero Estados Unidos ha replicado que en el caso de Guantánamo se aplica la ley de la guerra que Washington libra contra la red terrorista Al Qaeda (La Base), acusada de cometer los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El jefe de la delegación estadounidense ante la Comisión, Richard S. Williamson, dijo que la guerra se declaró ese 11 de septiembre, cuando cerca de 3.000 personas inocentes fueron víctimas de un ataque malvado, perverso e intencional de un grupo fanatizado envuelto en fines políticos..
Williamson argumentó al iniciarse las sesiones de la Comisión que el derecho vigente en los conflictos armados autoriza a Estados Unidos a detener a combatientes enemigos mientras perdure el conflicto.
Esta no es una cuestión de derechos humanos, insistió.
En cambio, el suizo Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, lamentó tres meses atrás, después de entrevistarse con altas autoridades en Washington, que al cabo de dos años los detenidos de Guantánamo enfrenten todavía una detención indefinida, sin poder beneficiarse del amparo del derecho.
La Cruz Roja, que se ocupa del tratamiento a los prisioneros de guerra, dijo en enero pasado que no había recibido de Estados Unidos una respuesta adecuada a su preocupación por algunos aspectos de las condiciones de detención y del trato que reciben las personas recluidas en Guantánamo.
En enero de 2002, la entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la irlandesa Mary Robinson, recordó a Washington que debía brindar a los detenidos un trato acorde al Convenio de Ginebra que establece los derechos de los prisioneros de guerra.
Washington nunca reconoció a los detenidos ese estatus de prisioneros de guerra y se reservó el derecho de juzgarlos en tribunales militares especiales. Al cabo de dos años, apenas un puñado de ellos han sido repatriados, y el resto continúan detenidos sin cargos ni procesos.
La propuesta de resolución presentada por Cuba pide que la Comisión reclame a Estados Unidos información necesaria para poner en claro las condiciones de vida y el estatus jurídico de los detenidos y que ponga fin a las denunciadas violaciones.
La propuesta solicita también que se ocupen del caso de Guantánamo el relator especial sobre tortura, el relator especial sobre la independencia de los jueces y el grupo de trabajo sobre detención arbitraria.
El caso de Guantánamo no había sido esgrimido por la diplomacia cubana ante los organismos internacionales de Ginebra en sus frecuentes choques con Estados Unidos. Sólo en los últimos meses los cubanos comenzaron a emplear el argumento.
El dominio de Estados Unidos sobre la base naval de Guantánamo se remonta a 1903, cuando los dos países firmaron un tratado. El acuerdo se perfeccionó en un documento semejante de 1934, que prolongó la posesión estadounidense a perpetuidad.
Washington mantiene un embargo comercial de más de 40 años contra el gobierno cubano de partido único de Fidel Castro.
La Sección de Intereses Cubanos en Estados Unidos, que funciona en la embajada de Suiza en Washington, respondió al periódico The Herald de Puerto Rico que Cuba mantiene sus objeciones a la presencia de la base naval en su territorio.
Sin embargo, en referencia a los presos en Guantánamo, la fuente cubana dijo que no opondremos obstáculos al desarrollo de la operación, citó la publicación puertorriqueña.
La misma fuente cubana agregó que La Habana estaba dispuesta a colaborar en cualquier forma provechosa, constructiva y humanitaria que pudiera surgir, según The Herald.
Luego de la resolución aprobada por la Comisión de Derechos Humanos, por 22 votos favorables, 21 contrarios y 10 abstenciones, Cuba endureció su posición ante Estados Unidos y apeló al caso de Guantánamo.
La resolución contra Cuba fue fundada por la representación de Honduras, que reclama plenos derechos civiles y políticos para 75 ciudadanos cubanos encarcelados hace un año.
Estados Unidos, los países europeos, Australia y siete naciones de América Latina (Costa Rica, Chile, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México y Perú) votaron a favor. Los otros tres latinoamericanos (Argentina, Brasil y Paraguay) se abstuvieron.
Cuba obtuvo el apoyo de Rusia, China, India, todos los países islámicos y gran parte de los asiáticos y africanos que integran el conjunto de 53 miembros de la Comisión.
El embajador cubano Iván Mora Godoy declaró su confianza en que el proyecto de resolución sobre Guantánamo pueda discutirse el miércoles en la Comisión, que concluirá el viernes 23 de abril su período anual de sesiones.
