Por primera vez en su historia, el Estado mexicano enfrentará desde este martes un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negarse a liberar a Martín del Campo, sentenciado en medio de irregularidades a cumplir 50 años de prisión por un doble homicidio cometido en 1992.
Abusos, torturas y manipulación de pruebas son parte del expediente de Del Campo que, como mucho otros, parece sufrir la opacidad de la justicia de México, donde la prisión no es precisamente para los criminales más peligrosos sino para inocentes o responsables de delitos menores que no cuentan con un proceso adecuado, según indican diversos estudios.
En la Corte Interamericana, Del Campo tiene la última oportunidad en el mundo de salir libre y recibir una reparación de daños por la injusticia que se cometió en su contra, dijo a IPS Arturo Requesens, abogado del imputado y miembro del grupo Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura.
Desnudo, me pasaron a otro cuarto, sujetándome del brazo por detrás del cuerpo. Ahí me sientan en un sillón y me siguen golpeando en la cabeza, en la cara con mano abierta, puñetazos en las costillas y patadas, indica parte del relato de Del Campo sobre la forma en que policías lo torturaron para arrancarle una confesión que asegura es falsa.
El sentenciado, que agotó ante la justicia mexicana todos sus intentos por conseguir un fallo de inocencia, es acusado de matar a su única hermana y a su cuñado el 29 de mayo de 1992, cuando vivía en la capital mexicana.
Al día siguiente del homicidio Del Campo fue detenido, torturado y más tarde sometido a realizar un reconstrucción de hechos mediante coacción.
A pesar de que la justicia reconoció que el acusado fue golpeado y vejado por policías ante de firmar su confesión, no invalidó aquel documento y lo tomó como principal prueba de su culpabilidad.
Hijo de madre estadounidense y padre mexicano, al presunto asesino lo respalda su familia y un universo de grupos humanitarios, que incluyen más de 30 organizaciones mexicanas y varias de carácter mundial como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Lawyers Committee for Human Rights.
También lo apoya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que en 2002 pidió a México que dejara en libertad al acusado al descubrir graves irregularidades en su proceso.
El gobierno de Vicente Fox, que tiene la capacidad de otorgar el indulto a Del Campo, se niega, por lo que el caso fue tomado por la Corte, radicada en la capital de Costa Rica.
La Comisión y la Corte son las máximas instancias judiciales a las que están sometidos los países miembros de la Organización de Estados Americanos.
El Estado mexicano negó a Alfonso Martín del Campo los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a la integridad personal, al mantenerlo detenido arbitrariamente y rechazar su reconocimiento de inocencia sustentado en pruebas contundentes de que había sido obligado a confesar bajo tortura, señala un informe de la Comisión.
Pero el gobierno y su equipo de abogados afirma que la culpabilidad de Del Campo está plenamente acreditada con su confesión y otras pruebas y testimonios. Recuerda, además, que la sentencia fue refrendada en tres diferentes instancias de la justicia mexicana.
Este martes, cuando se celebre la audiencia inicial del caso ante la Corte en San José, el gobierno de México pasará a ser juzgado por primera vez en ese tribunal, cuya jurisdicción reconoció en 1998.
Según explicó Requesens en entrevista telefónica desde Costa Rica, el proceso podría tardar hasta un año.
Es un caso muy importante por ser el primero contra México en la Corte Interamericana, pero sobre todo porque puede reparar una injusticia atroz cometida contra un inocente, declaró el abogado.
Del Campo estará representado ante el tribunal por cinco abogados, mientras el gobierno mexicano argumentará a su favor con un equipo de seis profesionales, que está comandado por un alto funcionario de la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores.
Aunque México reconoció la jurisdicción de la Corte sólo hace seis años, los abogados que apoyan a Del Campo sostienen, basados en abundante jurisprudencia, que la afectación a su cliente es un hecho que se mantiene continuo desde 1992, por lo que no es admisible el argumento de que la Corte no puede juzgar a México.
Para grupos humanitarios, la situación que ha debido soportar durante 12 años Del Campo es apenas una muestra de las irregularidades que abundan en la justicia mexicana.
Un estudio del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, difundido en 2002, concluyó que en los centros penitenciarios mexicanos no se encuentran los delincuentes más peligrosos, sino los que por falta de dinero o ignorancia no pudieron promover un juicio adecuado a sus intereses.
La mitad de los internos en los centros de reclusión purgan sentencias por robos menores sin que se utilizara violencia alguna para cometerlos.
Además, muchos de los detenidos estarían libres de haber contado con un proceso judicial adecuado, abogados de calidad y no mediar problemas de sobornos, golpes y otras irregularidades, indica la investigación.
