Dirigentes ambientalistas reclamaron en Chile una drástica diversificación de las fuentes de energía, como respuesta al recorte del suministro de gas natural desde Argentina, que amenaza la producción local de electricidad.
Chile debe cambiar su matriz energética ahora, sostuvieron en una declaración los ambientalistas Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, Alvaro Gómez, coordinador de la Red Nacional de Acción Ecológica, y Sara Larraín, coordinadora del Programa Chile Sustentable.
Argentina decidió el primero de abril reducir en 14 por ciento, unos 2,3 millones de metros cúbicos diarios, sus suministros de gas natural a Chile, medida que afecta sobre todo a las a las regiones segunda (Antofagasta) y tercera (Atacama) en el norte de este país, que carecen de fuentes hidroeléctricas.
Las empresas proveedoras anunciaron de inmediato que recurrirán al gasóleo para paliar el déficit de gas. Otro tanto hará la estatal Corporación del Cobre (Codelco), principal fuente de divisas para Chile, que explota en el área afectada los yacimientos de Chuquicamata y El Salvador.
El país es receptor de 70 por ciento de las exportaciones de gas natural argentino, que abastecen centrales a gas natural de ciclo combinado (capaces de operar también con petróleo o carbón) que cubren 37 por ciento de la demanda de energía eléctrica.
La construcción de esas centrales térmicas complementó a las hidroeléctricas en los años 90, cuando se tendieron sendos gasoductos trasandinos entre Argentina y las zonas central y norte de Chile.
La falta de inversión para nuevas explotaciones de yacimientos de gas natural creó este año una crisis de abastecimiento en Argentina, que podría optar por disminuir sus exportaciones para cubrir el aumento de demanda interna por crecimiento de su economía.
El gobierno del presidente chileno Ricardo Lagos insiste en que las empresas privadas que explotan gas natural argentino deben cumplir sus contratos de suministro a Chile, pero se considera inevitable que haya más reducciones en los próximos meses.
Como respuesta a la crisis se analiza la posibilidad de adelantar este año la entrada en funciones de la central hidroeléctrica Ralco, cuya construcción en el curso superior del río Bío-bío, que atraviesa el centro del país, es resistida por comunidades indígenas pehuenches y organizaciones ecologistas.
Ralco aumentaría nueve por ciento la actual oferta de electricidad y podría comenzar a operar en junio o julio, dependiendo de las condiciones pluviométricas.
Además de apostar al aumento de la generación hidroeléctrica, las autoridades prevén el uso de carbón o gasóleo para hacer funcionar las centrales de ciclo combinado en el norte del país, a un costo mayor del que demanda el uso del gas natural.
Eso podría causar un aumento de las tarifas de electricidad en octubre, cuando corresponde revisar los sistemas de precios, alertó el 29 de marzo la jefa de la división de Desarrollo de Mercados del Ministerio de Economía, Andrea Butelmann.
Será necesario reordenar el plan de obras del sistema interconectado central, que previó la construcción de siete nuevas centrales a gas desde este año hasta 2015, señaló.
Chile debe asumir que tendrá que producir electricidad con fuentes de energía más caras que el gas, pero si aumentan las tarifas, podrá ser más rentable invertir en recursos alternativos como la geotermia, indicó la funcionaria.
Baquedano, Gómez y Larraín calificaron de ensimismada y errática la política energética basada exclusivamente en la hidroelectricidad y las centrales térmicas a gas natural.
La mayor responsabilidad por esta nueva amenaza de crisis recae en los gobiernos por no avanzar en políticas de real diversificación de las fuentes de energía, aunque son las empresas privadas las que toman iniciativas de inversión y proponen nuevas obras, alegaron.
La apuesta casi exclusiva a las centrales a gas natural para los próximos años y el empeño del gobierno en asegurar suministros de ese combustible desde Argentina, porque es más barato, demuestran que la política energética se rige sólo por criterios de mercado, señalaron los ambientalistas.
Los tres activistas plantearon siete medidas, que incluyen legislar para promover el uso de energías renovables no convencionales, como la eólica, la solar, la de biomasa, la mareomotriz y la de pequeñas centrales hidráulicas.
También pidieron adelantar los planes para la habilitación de al menos tres centrales geotérmicas, y la construcción de otras tres hasta 2015.
La aparentemente insalvable barrera (de costos) para que las fuentes renovables puedan ingresar a los sistemas energéticos ha sido enfrentada por la mayoría de los países con la creación de fondos de promoción de las energías renovables, destacaron Baquedano, Gómez y Larraín.
A través de un incentivo a la inversión inicial de los proyectos o la bonificación de la energía limpia generada por éstos se ha logrado reducir esta barrera de entrada, subrayaron, e insistieron sobre la necesidad de un programa de uso eficiente de la energía en Chile.
El especialista en ingeniería nuclear Fernando Mujica, profesor de Energía Sustentable de la Universidad Austral de Valdivia, apuntó que un plan equilibrado de desarrollo eléctrico debiera analizar sin exclusiones todas las opciones de producción, incluyendo soluciones hidroeléctricas, termoeléctricas y núcleo-eléctricas. (
