Aunque Colombia no es excepción cuando se trata de la violencia doméstica y social contra las mujeres, acercarse a las formas en que las colombianas afrontan el conflicto armado puede resultar una lección de coraje.
El 28 de enero, a 300 metros del cuartel principal de la policía, la periodista Inés Peña, de 22 años, embarazada e integrante de la Organización Femenina Popular (OFP) del central puerto petrolero Barrancabermeja, fue abordada por dos paramilitares armados.
La obligaron a subir a un auto rojo. Mientras el vehículo se mantenía en marcha, le quemaron los pies con agua caliente y le raparon la cabeza.
Esto es para que se salga de esa OFP donde está metida y ahora sí siga haciendo `Cultura por la vida`, le decían sus captores, en referencia al nombre del segmento de un programa televisivo de la OFP, del que Peña es presentadora.
Cultura por la vida trata de violaciones a los derechos humanos de los jóvenes, de la violencia familiar y del reclutamiento de menores.
Pese a las amenazas y la tortura de que fue objeto, el domingo 1 de febrero Peña hizo la presentación habitual de su sección, relata la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP). En el plazo de un mes, desde el primer día de enero, se habían cometido en Barrancabermeja 11 asesinatos.
La OFP surgió en 1972 como una coordinación de amas de casa que organizaban ollas comunitarias para paliar el hambre de hijos y vecinos.
Hoy reúne a más de 3.000 mujeres, y a organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, y reafirma sus principios de civilidad y autonomía, subrayando que las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra.
En esa zona del país, otras 600 organizaciones de mujeres dan ejemplo de coraje para resistir al desplazamiento, para oponerse al secuestro, para permanecer en las iniciativas cuando los compañeros fueron asesinados, escribió el lunes, Día Internacional de la Mujer, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
También Peña decidió quedarse en su ciudad y seguir trabajando.
Durante decenios, la capital petrolera de Colombia fue plaza fuerte de la guerrilla izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), en armas desde 1965, y, en menor grado, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la insurgencia desde 1964.
Los paramilitares derechistas iniciaron su penetración en la ciudad en 1990. A partir de 1998, arrebataron Barrancabermeja a la guerrilla, barrio por barrio y casa por casa.
Según cifras oficiales, entre 1990 y 1998 la ciudad tuvo 510 muertes atribuibles al conflicto. En 2000, la embajada estadounidense registró 567 asesinatos en una población de casi 300.000 habitantes.
Para 2003, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) informó de 150 asesinatos, 80 desapariciones forzadas y de 800 personas que debieron huir de Barrancabermeja.
Una de las asesinadas del año pasado fue Esperanza Amaríz, desaparecida primero, y hallada muerta el 16 de octubre.
Ante el crimen de Amaríz, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a los grupos paramilitares a respetar el derecho a la vida de todos los civiles y en particular de las mujeres, así como el trabajo de sus organizaciones.
La FLIP recuerda, sin señalar autoría, que en enero le dispararon a una comisión internacional que iba a ver un proyecto de vivienda que (la OFP) venía realizando en el municipio de San Pablo, al norte de Barrancabermeja.
En junio de 2003, la OFP había preguntado a la comunidad colombiana e internacional: ¿Sí estamos dispuestos(as) a aceptar el paramilitarismo como la nueva forma institucional para las zonas de conflicto?
Las líderes de la OFP describen el control social que ejercen los paramilitares a partir de su dominio de la ciudad. Las organizaciones sociales nos oponemos a que los paramilitares asuman públicamente la autoridad y funciones del gobierno y sus organismos institucionales, sostienen.
Según la OFP, los paramilitares reúnen a las comunidades masivamente en veredas y barrios para dictar sus normas, castigan a los niños y niñas por lo que ellos consideran un 'mal comportamiento', como obtener malas calificaciones en la escuela, pelear o discutir con los hermanos, consumir drogas o no cumplir los horarios de llegada a los barrios.
IPS tuvo acceso a las Normas de Convivencia que reglan las relaciones entre las denominadas autodefensas (paramilitares) y la población barranqueña.
Allí se establecen, por ejemplo, una detención de 12 horas para los menores que lleguen a casa después de las 21.00 horas de lunes a viernes, y después de las 22.00, los sábados y domingos.
El texto paramilitar regula el horario de establecimientos públicos y la venta de alcohol y adjudica a este grupo ilegal la concesión de permisos para porte de armas y de prendas o accesorios militares.
También impone trabajos forzados a quien no mantenga una buena presentación de la fachada de su casa, y establece el respeto de la propiedad privada, sancionando el hurto de animales o enseres.
Sin embargo, prevé el decomiso de las fincas que linden sobre vías y caminos y cuyos dueños no mantengan sus orillas limpias, de tal forma que faciliten la visibilidad.
Los paramilitares castigan a hombres y mujeres, imponiendo penas que van desde amarres, azotes, rapadas de cabeza y cejas, hasta la muerte, aseguran documentos de la OFP.
También violan a mujeres jóvenes por no aceptar ser sus novias o amantes, además de prohibir el uso de la minifalda a las muchachas y del pelo largo y aretes a los varones.
Sacan de las casas a sus habitantes para que les rindan cuentas de sus actos, (y) luego son encontrados(as) asesinados(as), o engrosan la larga lista de desaparecidos(as), señala la organización.
El río Magdalena Medio y sus zonas aledañas son cementerios públicos de restos humanos. Los cadáveres allí recogidos casi siempre están en estado de descomposición y faltando partes a su humanidad, describen las mujeres.
Según el periódico El Colombiano, las autodefensas castigan en la calle a los muchachos que desobedecen a sus papás. También lo hacen con las mujeres infieles, a quienes ponen un letrero que dice, por ejemplo, 'por adúltera' o 'por prostituta'.
Los paramilitares amenazan a las organizaciones sociales e impiden su quehacer, particularmente a la Organización Femenina Popular, sobre la que cada día las presiones son más frecuentes y escabrosas, denuncia la organización.
El sábado en Barrancabermeja, el presidente Alvaro Uribe reconoció que la guerrilla salió de la ciudad no por acción de las fuerzas del Estado, sino por los paramilitares.
Y admitió, según de Roux, que este remedio es peor que la misma enfermedad.
Según la Organización de las Naciones Unidas, los paramilitares son responsables de la mayoría de los crímenes cometidos contra civiles en la guerra interna colombiana.
