Pobladores del delta del Paraná, al norte de la capital argentina, afirman haber visto aviones militares arrojar personas al río durante la última dictadura, en lo que constituye el primer testimonio civil de los llamados vuelos de la muerte cuando se acaban de cumplir ya 28 años del golpe de Estado.
Eran helicópteros verdes que venían hasta cinco veces por semana y tiraban los bultos al agua, detalló a un medio periodístico Uberfil Regalini, quien vivía entonces en una estancia junto al río Paraná.
Regalini aseguró que los vuelos se repitieron hasta cinco veces por semana mientras se disputaba en Argentina la Copa Mundial de Fútbol de 1978, época en que la represión aumentó con el propósito de evitar que las violaciones a los derechos humanos que se cometían no fueran divulgadas.
Otro testigo, Ramón Tejera, dijo que era común ver cuerpos flotando en el Paraná con las manos y pies atados con alambre, una versión en la que también coinciden operarios del servicio de lanchas de la empresa Galofre, que unía la localidad de San Fernando, al norte de Buenos Aires, con Gualeguaychú, en la oriental provincia de Entre Ríos.
Las denuncias fueron publicadas el domingo pasado en el diario El Argentino, de Gualeguaychú, y difundidas por Radio Máxima de esa misma ciudad, luego de que se conociera que otro vecino de la zona, de identidad reservada, brindara testimonios con más detalles ante un juez de instrucción local.
A mediados de los años 90, el ex capitán de la Armada Adolfo Scilingo había causado una verdadera conmoción al confirmar denuncias anteriores con su confesión de que él mismo había participado en vuelos de la muerte para arrojar prisioneros clandestinos al Río de la Plata y al océano Atlántico. Su relato fue recogido por el periodista Horacio Verbitsky en el libro titulado El vuelo.
Scilingo, hoy detenido en España, admitió que una vez casi se cae al vacío por la resistencia que puso un detenido que quería evitar ser arrojado. El ex marino arrepentido detalló que la mayoría eran lanzados vivos a las aguas, pero adormecidos por una inyección de pentotal.
El testimonio de Scilingo, ratificado luego por el ex suboficial del Ejército Víctor Ibañez, fue el primer reconocimiento de que ese delito se perpetró durrante de la dictadura que soportó Argentina de 1976 a 1983, como lo habían sostenido con insistencias las organizaciones humanitarias aun en pleno régimen militar.
Hebe de Bonafini, presidenta de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, recordó en entrevista con IPS que en 1979 hicieron la primera denuncia de cuerpos encontrados en Santa Teresita, un balneario ubicado a 350 kilómetros al sur de Buenos Aires, y luego se sucedieron de hallazgos en el río Paraná, en el lago San Roque, en el central provincia de Córdoba, y en costas del océano Atlántico.
Sin embargo, esas denuncias no podían ser comprobadas. El país comenzó a creer recién cuando habló Scilingo, pero nosotras lo decíamos, incluso sabíamos que los cuerpos flotaban y entonces comenzaron a meterlos en tambores con cemento, o los adormecían con pentotal, precisó Bonafini, madre de dos personas detenidas-desaparecidas.
Una presentación judicial hecha ahora por un testigo de identidad reservada dio pie a una investigación periodística en la que se recogieron numerosos testimonios de esos vuelos macabros acercados por vecinos del delta del Paraná, una vasta zona de casi 1,5 millones de hectáreas donde el río de ese mismo nombre ese abre en varios brazos para desembocar en el Río de la Plata
El vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, Guillermo Guastavino, prometió el martes poner al gobierno que integra al frente de la investigación, para conocer la verdad sobre esos casos ocurridos en los años 70, cuando la dictadura hizo desaparecer a unas 30.000 personas según organizaciones de derechos humanos y que la justicia ya comprobó en casi 10.000 casos.
El periodista que investigó el caso fue Fabián Magnotta, de Radio Máxima, y se publicó el domingo en el diario El Argentino. Magnotta comentó a IPS que desde entonces se fueron sumando nuevos testigos que llaman a la radio o al periódico para aportar nuevos datos.
Es probable que la gente sienta que ahora hay un marco distinto para decir las cosas que se callaron durante 25 años, interpretó Magnotta, aludiendo a la decisión del gobierno argentino de Néstor Kirchner de apoyar las investigaciones para enjuiciar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura iniciada en 1976.
No obstante, Magnotta señaló que el juez federal que investiga la causa, Guillermo Quadrini, no convocó todavía a declarar a los testigos que entrevistó para su investigación periodística.
La primera denuncia fue hecha en diciembre ante un juez de instrucción de Gualeguaychú, y tras unas semanas de análisis la causa fue derivada al juez federal de la vecina Concepción del Uruguay, en la misma provincia.
Según Magnotta, quien habló con el testigo bajo reserva de identidad, éste reveló que entre 1977 y 1979 sobrevolaban el delta helicópteros sin identificación, aviones militares tipo fokker y hércules, desde los cuales se arrojaban bultos al río y al bosque lindante.
El informante aseguró que uno de los cuerpos apareció en las orillas del río metido en un tanque de 200 litros y asegurado con hormigón, pero con la cabeza afuera y los pobladores lo sepultaron. También dijo haber visto aviones hércules abrirse de abajo para dejar caer hasta 20 bultos a la vez.
A raíz de este testimonio, Magnotta conversó con otros habitantes del lugar, como Regalini y Tejera, quienes brindaron detalles al periodista sobre los vuelos. Uno de ellos declaró que desde los helicópteros se veía una ametralladora apuntando hacia abajo colocada junto a la puerta desde donde se tiraban los cuerpos.
También escuchó relatos de personas que trabajaban en las lanchas Galofre, quienes aseguran haber denunciado a las autoridades que custodian los ríos la aparición frecuente de cuerpos, pero, según contó Magnotta en el periódico, les respondieron que si tenían problemas fueran por otro camino.
El periodista afirmó, además, que en las localidades cercanas al delta, como Villa Paranacito o Campana, existen cementerios en los que se enterró una cantidad infrecuente de personas sin identificar, y que el juez debería investigar si se trata de desaparecidos. (
