El gobierno de Bolivia anuló el decreto que favoreció a las petroleras y que fuera firmado en 2000 por el presidente Jorge Quiroga, quien culminó el mandato del fallecido Hugo Banzer. La norma, entre otros beneficios, había liberado a las compañías transnacionales que explotan los hidrocarburos bolivianos de invertir en la perforación de más pozos y en actividades de prospección, uno de los reclamos de las protestas sociales que derribaron en 2003 el gobierno derechistas de Gonzalo Sánchez de Lozada. El ministro de Hidrocarburos, Antonio Araníbar, informó que este decreto ya fue aprovechado por las empresas, pero que a futuro se puede eliminar estas ventajas que fueron calificadas por algunos sectores y partidos políticos de "anticonstitucionales y dañinas para el país. Este decreto suspendió también la posibilidad de que las empresas devuelvan las parcelas que no están explotando en este momento. Si se hacía cumplir los contratos, en este momento campos como Margarita, el más grande en reservas de gas, debería volver al Estado.
