Fuertes combates entre guerrilleros izquierdistas y paramilitares derechistas al noroeste de Colombia, escenario hace dos años de una masacre impune, forzaron esta semana el desplazamiento de 1.275 indígenas emberá por el trayecto de los ríos Opogadó y Bojayá.
Seiscientos de los desplazados permanecen en la confluencia del Opogadó con el río Atrato, columna vertebral del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, una zona selvática casi carente de carreteras y conocida por ser la más biodiversa del mundo.
Los otros 675, en marcha desde la tarde del jueves, se adentraron en el bosque tropical y esperan llegar este domingo a La Loma, donde hay un centro humanitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Acia), creada a comienzos de los años 80 por afrodescendientes.
Allí se quedarán hasta que se tranquilice la situación, dijo a IPS una fuente de la católica Diócesis de Quibdó, capital del Chocó.
Podrían huir también los afrocolombianos residentes en la vecina comunidad de Mesopotamia, que ya tienen el equipaje listo, agregó.
Hace unos 400 años que los emberá comparten su territorio ancestral con comunidades negras que lograron preservar trazas de sus culturas africanas y adaptarse a las selvas del Chocó.
El 2 de mayo de 2002 perecieron en esa zona, según vecinos del lugar, 86 civiles, entre ellos 45 niños, cuando paramilitares y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) combatían en el poblado de Bellavista, a orillas del Atrato y cabeza del municipio chocoano de Bojayá.
Las FARC lanzaron un cilindro de gas acondicionado como misil contra paramilitares que intentaban penetrar a una capilla donde se había refugiado toda la población para protegerse.
Según fuentes locales, en ese enfrentamiento perecieron 33 paramilitares que fueron contados como víctimas civiles, sumando un total de 119 muertos.
Casi dos años después, lo sucedido en Bojayá no ha sido investigado plenamente y aún no han sido identificados todos los cadáveres, afirmó la jurista Liliana Uribe, de la Fundación Semillas de Libertad.
La investigación de la Fiscalía se ha dirigido básicamente a establecer la responsabilidad de las FARC en los hechos, pero no la de los paramilitares, e indagaciones militares llegaron sólo a la etapa preliminar, señaló.
El episodio fue calificado en su momento de crimen de guerra por la Organización de las Naciones Unidas, y la oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló responsabilidades de los dos bandos en combate y también del Estado colombiano, por acción y omisión.
Una de las acusaciones contra las fuerzas gubernamentales fue haber librado el paso por el Atrato a embarcaciones de paramilitares, y otra haber retardado una actuación militar preventiva, dejando expuesta a la población civil.
El Chocó, con costas sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, cuenta con un valioso banco genético, un bosque húmedo tropical de ricas maderas y yacimientos de platino, oro, plata, bauxita, estaño, cobalto radiactivo, cromo y níquel, pero su población vive en la pobreza y olvidada por las autoridades nacionales.
La mayoría de los negros e indígenas vive en pequeñas comunidades de 70 a 200 personas, a orillas de los ríos y sobre todo del caudaloso Atrato, de 612 kilómetros.
Desde los años 70 se registra presencia de guerrilleros en el departamento, de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. En 1996, el control de la región comenzó a ser disputado por los paramilitares.
En 22 meses hubo 35 asesinatos en la región, cometidos por paramilitares, guerrilla e integrantes del ejército, dijo el sacerdote Jesús Flórez, portavoz de la Diócesis.
La guerrilla asesina a civiles, a los que acusa de ser colaboradores del bando contrario, mientras los paramilitares pasan sus pertrechos frente al retén de la Armada sin ser molestados, aseguró.
El ejército asesinó el año pasado a seis indígenas que estaban cazando o pescando en el alto Atrato, y (a mediados de marzo) a un desplazado en Quibdó, al cual presentó como guerrillero muerto en combate, dijo.
La presencia del ejército ha sido negativa, pues su actuación ha sido en contra de la población civil, dijo Leiner Palacios, de la Acia.
Según Uribe, hay una estrategia de terror y muerte en el bajo y medio Atrato, y las prácticas de terror en Colombia tienen que ver con una política de Estado que genera impunidad estructural.
La Diócesis es la única institución que realiza desde hace años un acompañamiento cercano a los habitantes de las riberas, con brigadas de salud, educación y ayuda humanitaria a una población de la cual 60,7 por ciento tiene necesidades básicas insatisfechas según datos oficiales.
A sus actividades se han sumado organizaciones internacionales humanitarias, y desde la matanza de Bojayá, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU observa en forma periódica la situación en el Chocó.
Cuando ocurrió esa matanza, el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) prometió que Bojayá sería reconstruido en seis meses, a dos kilómetros del lugar de la tragedia.
Tiempo después, con el nuevo gobierno, vino (el vicepresidente Francisco) Santos y dijo lo mismo: que en seis meses, recordó Yenmin Cuesta, directivo de la Acia.
Hoy sólo está aplanada la tierra donde se ha previsto construir el nuevo caserío. Por eso la población local ya no llama al lugar Bojayá, sino Severá.
Se verá si el gobierno cumple, explican.
La Acia es la coordinación de los cabildos mayores (autoridades) de las comunidades negras, que organiza la compra y el transporte colectivos de la producción de alimentos, y de suministros no producidos en la región. Desde 1996, sus embarcaciones son las únicas que hacen esa tarea.
El grupo estuvo al frente de la lucha por la Ley de Negritudes, que reconoció, en 1996, la propiedad colectiva de 700.000 hectáreas de tierra a las comunidades que se mantienen asidas a tradiciones de la cultura negra.
Pero la guerra ha hecho huir a la población. En el año de la titulación colectiva había 45.000 comuneros, y hoy sólo hay 33.000.
Para los líderes de la Acia, el conflicto desmembra 20 años de trabajo organizativo por la supervivencia. Sus naves han sufrido ataques y robos de guerrilleros y paramilitares, y restricciones del ejército, mientras las misiones de la Diócesis fueron víctimas de amedrentamiento por parte de la marina de guerra.
En los últimos seis meses, las organizaciones étnicas y la Diócesis lanzaron cuatro mensajes de alerta temprana al Estado, sobre una estrategia de persecución contra las comunidades, que se ven inmovilizadas y atacadas.
No nos oponemos a que las Fuerzas Militares cumplan su tarea de garantizar el orden público y combatan a los grupos armados al margen de la ley. Nos oponemos a una presencia militar que intimida y encasilla dentro del conflicto a la población civil, sostuvo la Diócesis en un comunicado.
Exigimos a todos los actores armados no hacer presencia en nuestras comunidades y permitir el ejercicio de la autonomía de los consejos comunitarios y sus autoridades propias, enfatizó la Acia.
En el Chocó, según todas las organizaciones de la sociedad civil, los paramilitares sirven a una estrategia que busca desalojar a las comunidades rurales para ampliar los cultivos de palma aceitera, materia prima de una industria subsidiada por el gobierno.
Ya hay varios miles de hectáreas de palma en territorios de las comunidades negras, y ahora quieren tomarse los resguardos indígenas, dijo un directivo de la Acia.
Una comisión integrada por la Diócesis, la Acia, la Organización Regional Emberá Waunana y la organización no gubernamental española Paz y Tercer Mundo zarpó el miércoles por el Atrato, para verificar la situación humanitaria.
